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miércoles, 4 de julio de 2018

Grande-Marlaska Continúa Avalando la Tortura

Como no podía ser de otra manera, el otrora impulsor como juez de la Audiencia Nacional de la práctica de la tortura en contra de independentistas vascos ahora ya en su calidad de Ministro del Interior, Grande-Marlaska ha procedido a desestimar el informe sobre esta lacra elaborado por Lakua.

Así es, quien ha sido condenado en varias ocasiones por parte del TEDH  precisamente por no investigar denuncias de tortura ahora se siente con la estatura ética para desestimar el resultado de un estudio que muestra, entre otras cosas, que la práctica de la tortura en contra de detenidos vascos era parte de una estrategia estatal, tal como lo ha dejado bien claro Manuel Pastrana durante su entrevista en TV3.

Les invitamos pues a leer esto que nos reporta Naiz:


Fernando Grande-Marlaska, ministro español del Interior, ha restado validez al informe de Lakua que cifra en más de 4.000 los casos de tortura sufridos por ciudadanos de la CAV. «No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000. Si queremos podemos generar las verdades, pero acostúmbrese a que la verdad es la verdad judicial», ha señalado en respuesta a preguntas de la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha respondido a las preguntas de la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, que le ha recordado que durante su etapa de juez de la Audiencia Nacional acumuló gran parte de las denuncias por torturas. El ministro ha matizado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sancionado al Estado Español «no por torturas sino por no investigar de forma exhaustiva». Sin embargo, Estrasburgo también condeno al Estado español y confirmó el «tratamiento inhumano y degradante» sufrido por Igor Portu y Mattin Sarasola durante la detención sufrida en 2008 por orden del propio Grande-Marlaska, tal y como le ha recordado la propia diputada.

«Más de 200 personas que testificaron ante usted denunciaron torturas y, cuya veracidad ha certificado el protocolo de Estambul, le piden a usted reconocer el daño causado. Ya son más de 4.000 los casos certificados por el Gobierno de Lakua e incluso podrían ser muchos más», ha dicho Beitialarrangoitia. Sin embargo, el ministro ha señalado que «hay informes que pueden decir 4.000, 5.000 o 6.000, me podrá decir lo que quiera, pero ya le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000. Si queremos podemos generar las verdades, pero acostúmbrese a que la verdad es la verdad judicial».

En ese sentido, ha defendido la actuación de las FSE con los detenidos. «La Guardia Civil y la Policía Nacional han sido los elementos principales, con la sociedad, para terminar con ETA, y se ha hecho con la aplicación de la ley y el Estado de derecho. Eso es así, que no lo olvide nadie», ha defendido, aceptando que «pudo haber algún exceso pero que siempre fue investigado y sancionado por el Estado de derecho». «Olvídense», ha concluido.

Beitialarrangoitia también le ha recordado el caso de 40 jóvenes vascos, absueltos en segunda instancia al considerar el juez que anteriormente no se habían tomado medidas para evitar las torturas. «Por cierto, ese juez era usted señor Marlaska», ha añadido. En ese marco, la diputada soberanista ha reclamado el reconocimiento de «todas las vícitmas, las de ETA y las otras».

Del mismo modo, ha recordado el caso de Beatriz Etxeberria, que hizo público el relato de las torturas sufridas en 2011 durante el periodo de incomunicación establecico por el propio Grande-Marlaska. El ministro ha señalado que «no podemos olvidar que a ETA se le han incautado papeles donde uno de los elementos era denunciar torturas nada más ser detenidos, aunque esto no implica que no se hayan producido algunos excesos».

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, en la comisión de Interior, ha instado a acercar a los presos políticos vascos a Euskal Herria y ha criticado que «ni siquiera se contemple la progresión de grado».







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lunes, 25 de junio de 2018

Madrid Prostituye los "Delitos de Odio"

Dejamos a su disposición este excelente artículo de Público en el cual queda bien claro como los jerifaltes del franquismo borbónico desde sus bunkers en La Zarzuela y La Moncloa tomaron un concepto humanista como lo es la tipificación de delito de odio para tergiversarlo y convertirlo en un arma letal en contra de las libertades de quienes les tocó nacer y vivir en el brutalmente corrupto estado español, eso sí, asegurando trato favorable para quienes entre los suyos sí que incurren en delitos de odio, como por ejemplo, Pablo Casado, el pepero que fua a Altsasu a subirse en un furgón de la Guardia Civil para burlarse de los jóvenes encarcelados y dispersados así como de sus familias al tiempo que declaraba que el euskera no era parte de la cultura navarra.

Lean ustedes:


Miembros de la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la Organización Para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Instituto de Relaciones Raciales de Reino Unido explican que el delito de odio es una figura creada para proteger a colectivos discriminados y no a funcionarios públicos

Miquel Ramos

Tras las numerosas denuncias e investigaciones por supuestos delitos de odio donde las víctimas serían agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Público ha consultado a los principales organismos internacionales y a varios expertos en esta materia sobre si la policía puede ser objeto de un delito de odio. La legislación al respecto, creada en un principio para proteger a los colectivos más vulnerables, y que España tardó años en aplicar, está siendo objeto de debate tras varios casos en los que se ha acusado a numerosas personas de delitos de odio contra la policía.

Son decenas los casos que hoy esperan ser juzgados, como ya advirtió el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Desde profesores, activistas y políticos catalanes que criticaron y protestaron contra la violencia policial durante el referéndum del pasado 1 de octubre, hasta la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce, que manifestó en redes sociales su rechazo a la actuación policial en Lavapiés donde murió un joven mantero.

En la causa de Arce, además, también se imputó a Malick Gueye, portavoz del Sindicato de manteros por un supuesto delito de odio contra la policía. También a los jóvenes de Altsasu condenados por un altercado con agentes de la Guardia Civil, se les ha aplicado el agravante de odio contra los agentes. En algunos procedimientos, como el caso de los profesores de la Seu d’Urgell, la Audiencia de Lleida desestimó la acusación de delito de odio y negó que la Guardia Civil se pueda considerar un grupo "discriminado o amenazado". El delito de odio "no puede confundirse con un delito de injurias u ofensas", ya que "requiere que exista un grupo discriminado o amenazado como sujeto pasivo, y con incitación a la lesión de derechos de los miembros de este grupo», concluye el auto.

Liz Fekete, directora del Instituto de Relaciones Raciales (IRR) del Reino Unido, se mostró sorprendida tras conocer estos y otros casos recientes en España. Esta entidad, que supervisa el racismo y las libertades civiles en toda Europa desde 1992, y que lleva a cabo investigaciones sobre crímenes de odio en la UE, manifiesta que está “alarmada” al enterarse de que en España “se está juzgando a varias personas por crímenes de odio acusados de criticar a la policía a través del humor o de otra manera, o presuntamente atacar a los agentes, un delito que puede ser ampliamente procesado y castigado en virtud de las leyes penales ordinarias”.

Fekete ha escrito extensamente sobre el tema. Además, ha sido consultora de varios organismos internacionales, así como del relator especial de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo. Fue testigo experta en el Tribunal Permanente de los Pueblos y en el Tribunal Mundial para Irak. En su respuesta a Público, Fekete advierte que “la legislación sobre delitos de odio, las medidas contra la discriminación, así como las leyes internacionales de derechos humanos están ahí para proteger a los grupos vulnerabilizados, y nunca deben convertirse en un escudo detrás del cual se escondan los agentes del Estado”.

La abogada penalista Laia Serra, experta en delitos de odio y derechos humanos, coincide con lo que apunta Fekete: “La policía ya tiene una serie de delitos que la protege, como los de atentado a la autoridad (550 C.P.) en caso de ataques físicos, los de calumnias (205 C.P.) e injurias (208 C.P.) o los de los insultos dirigidos a los cuerpos policiales (503.2 C.P.). La Policía, cuando actúa, cumple una función de Estado, no está ejerciendo ningún derecho fundamental. Son un colectivo corporativo, no un grupo identitario y menos un grupo estructuralmente desaventajado en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entender que los delitos de odio son aplicables a la policía es un abuso de Derecho, una distorsión de la legislación anti discriminatoria”.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Las Palmas dio esta pasada semana un paso más hacia la confusión, considerando a la policía un “grupo ideológico” al encarnar, según el Ministerio Público, “unas ideas políticas fundamentales básicas, identificadas con el orden legal establecido”. Tras el archivo de un caso en el que se acusaba a varios jóvenes de mofarse de la muerte de un agente de policía en las redes sociales, la Fiscalía ha recurrido el sobreseimiento que señalaba que “no es posible en estricta técnica penal realizar una interpretación extensiva del artículo 510 del Código Penal que permita incluir una profesión” como víctima del delito de odio.

Estas interpretaciones y aplicaciones contradictorias de la ley están generando numerosas dudas dentro y fuera del Estado español. “Tales procesamientos socavan la legitimidad de las leyes diseñadas para proteger a las personas contra el racismo. España, hasta donde sabemos, es el único país de la UE que sigue esta ruta. Teniendo en cuenta la historia pasada de autoritarismo de España, la IRR cree que es hora de que la UE y la comunidad internacional presten más atención a los desarrollos en el sistema de justicia penal español”, señala Fekete.

El portavoz de la Organización Para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Thomas Rymer, negó también a este medio que la profesión de una persona fuese considerada una característica objeto de discriminación tal y como este organismo plantea. Rymer subraya que estas características serían la raza, la etnia, el idioma, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, el sexo o cualquier otra característica fundamental, pero niega que la policía esté al amparo de esta legislación tan solo por su profesión.

Wolfram Bechtel, abogado de la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, también preguntado por Público, matiza que “un oficial de policía en principio también puede ser víctima de un delito de odio si se ofende, por ejemplo, con una motivación racista”, pero no tan solo por su oficio. Bechtel recuerda, tras ver los numerosos casos en España donde esta acusación de delito de odio está creando muchas dudas, que la ECRI “ha expresado que la legislación sobre crímenes de odio no debe ser mal utilizada por la policía u otras autoridades”, y pone como ejemplo los toques de atención que dieron en sus informes del año 2016 a Turquía y a Azerbaiyán precisamente por esto.

Los delitos de odio no tienen una definición estándar, “y esto complica su acotación”, matiza Serra. Y recuerda que “todos los convenios que prohíben la discriminación, como el Convenio para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, CEDH, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia, la Decisión Marco 2008/913, la Recomendación General 15 de la ECRI, etcétera, discurren sobre estas categorías históricas, y en ningún caso contemplan ninguna protección incrementada hacia funcionarios públicos”. La abogada catalana insiste en que la función de los delitos de odio es “la protección incrementada que supone más pena, sólo se justifica por la necesidad de tutela específica para superar (derecho desigual igualatorio) los obstáculos en el ejercicio de derechos fundamentales de quienes parten de una desventaja histórica o social patente en su ejercicio.

El Magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, hace referencia también a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de varios activistas condenados por quemar fotografías de los monarcas españoles. En la sentencia que condenaba en 2007 a dos jóvenes por estos hechos se añadió el delito de odio al considerar que se había incitado a la violencia contra los monarcas. “Aplicar el delito de odio a críticas a las instituciones o a organismos públicos desnaturaliza la finalidad del precepto, que es proteger a determinadas minorías. Y blinda a las instituciones del Estado de críticas legítimas y potenciales menoscabando la libertad de expresión.”

La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE publicó en 2009 una guía práctica sobre legislación en materia de delitos de odio dirigida a los Estados para que aplicaran sus recomendaciones en esta materia. En esta guía ya se hacía referencia a que los ataques contra agentes policiales puedan ser considerados como constitutivos de delitos graves no significa que entren dentro del concepto de crimen de odio: “No incluir una característica particular en una ley de crímenes de odio no significa que no haya sanciones penales. En la mayoría de las jurisdicciones, los ataques contra agentes de policía o miembros del ejército son delitos graves. Simplemente no entran dentro del concepto de crimen de odio”.





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domingo, 6 de mayo de 2018

El Funesto Negacionismo Español

Les compartimos esta editorial de Naiz dedicada a la culminación del componente de desmovilización en el DDR de ETA:


En Euskal Herria no ha habido ningún conflicto, dicen, solo un grupo violento, totalitario e irracional. Pero quieren un relato de vencedores y vencidos, vamos, como si fuese un conflicto. Y como sus enemigos no se han rendido, pues se sienten amarga y sorprendentemente derrotados. En Catalunya, dicen los mismos, no hay más conflicto que unas personas que quieren quebrantar la ley, lo que les hace violentos, aunque no exista violencia como tal. Bueno, violencia sí que ha habido. Pero por negar, los poderes españoles negaron hasta la salvaje represión que todo el mundo, literalmente todo el mundo, estaba viendo en el referéndum del 1 de octubre. 

La cultura política en España tiene siempre, desde ayer hasta Gernika y más allá, un denominador común: el negacionismo. Negar la realidad es parte consustancial del carácter político español.

Termina un ciclo también a nivel internacional

El ciclo histórico marcado por la violencia política en Euskal Herria ha durado seis duras décadas. En Catalunya, el ciclo caracterizado por la movilización social con voluntad plebiscitaria ha durado seis intensos años. Para que se pudiese dar la experiencia catalana era necesario que concluyese la insurgencia vasca.

Hasta el momento, ninguna de las dos estrategias ha logrado su objetivo último, la independencia de ese Estado español que las niega como naciones y las maltrata como ciudadanía. Pero, en perspectiva histórica, los avances logrados en el largo camino hacia la democracia y la libertad son inmensos. Estos avances tienen elementos comunes con los sucedidos en Irlanda, en Escocia o en Corsica, lo que marca una clara tendencia que Europa deberá contemplar y gestionar.

El desequilibrio de poder entre las naciones sin Estado y un Estado homologado es descomunal y muy difícil de soslayar. Eso ha quedado demostrado en Catalunya. Pero en estos últimos años también se ha podido comprobar que la comunidad internacional, si y solo si una de las partes rompe con los principios globales de gobernanza, puede ejercer un papel equilibrante. En esos parámetros se pueden entender, por ejemplo, las condenas al Reino de España en Estrasburgo en el caso vasco o los límites a la persecución política en el caso catalán. Esos son los límites de su acción, al menos hasta que se consolidan las necesarias mayorías sociales y se desencadenan los acontecimientos.

En este sentido, el artículo de Jonathan Powell en “The Guardian” expresa un cambio en la perspectiva de la comunidad internacional. Cada vez esto va a ser menos el conflicto vasco o el conflicto catalán y se va a ver como el problema español. La pendiente ha cambiado de lado.

Una aspiración a la altura del momento

Las sociedades vasca y catalana, muy distintas entre sí, son hoy por hoy totalmente divergentes de la sociedad española. Y lo son no tanto por sus orígenes culturales, sin duda muy relevante, como por sus aspiraciones políticas y sociales, por sus ambiciones comunitarias. Se han quemado etapas políticas quizás ineludibles, teniendo en cuenta las luchas históricas y los contextos de ambas naciones. Etapas que en un lado han durado demasiado y en el otro han tardado en cristalizar. En un caso la perseverancia –o si se prefiere la disciplina–, y en el otro la flexibilidad –o si se prefiere el dinamismo–, han vertebrado movimientos políticos únicos. Probablemente, unos y otros han adolecido de esos valores que caracterizaban al otro. Lecciones pendientes.

Otra lección importante es que el Estado ha jugado con ambas naciones como vasos comunicantes, castigando más a una y haciendo concesiones a la otra, en un esquema de concertación que se ha mostrado ineficaz para los pueblos catalán y vasco. La única concertación posible en el Estado es la de estrategias democráticas, con una agenda común hacia los poderes del Estado y propuestas propias para las respectivas sociedades.

Ayer la izquierda abertzale estableció el principio que marcará su oferta y su acción política, y que aspira a erigirse como principio rector común para este nuevo ciclo histórico: «Todas las personas, todos los derechos». Sencillo, aspiracional, inclusivo y potente, ese principio resume el espíritu de un nuevo tiempo en el que la crueldad debe quedar socialmente proscrita. No se trata solo de que la nación vasca sea lo que quiera ser, sino que quiera ser lo mejor de lo que es capaz. En eso consiste la lucha por Euskal Herria y por la libertad, por un Estado decente. Una utopía revolucionaria del siglo XXI.






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martes, 1 de mayo de 2018

Tortura en Andalucía

No solo en Euskal Herria torturan las fuerzas represivas del régimen borbónico franquista, este artículo en Público nos detallan las acciones y omisiones por parte de Madrid con respecto a una indagatoria emitida desde la ONU:


El Ministerio de Justicia señala al Comité de Tortura de la ONU que “no hubo agresión por parte de la Policía”, a pesar de que la víctima, una joven cordobesa, tenía la nariz rota al finalizar su detención en comisaría.

Marisa Serrano

Laura (nombre ficticio) no ha recibido ninguna indemnización por el maltrato sufrido en la detención vivida en enero de 2013 en una comisaría de Córdoba capital. A sus 33 años, la joven sufrió una grave rotura de la nariz y una posterior intervención quirúrgica. El Ministerio de Justicia ha respondido, después de dos dos años al Comité de Tortura de la ONU, donde fue presentada una denuncia, gracias a la ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El Estado alega “falta de pruebas” sobre la supuesta agresión policial.

Nunca olvidará aquella noche del 27 de enero de 2013. Laura tenía 33 años. Sólo tenía que avanzar cien metros para llegar a la vivienda donde residía junto a sus padres. “Venia de una discoteca y acababa de despedirme de mis amigas. Eran las 12. Aquella noche la Policía se acercó hasta el recinto del Polígono porque hubo una oleada de robos. A muchas de nosotras nos robaron la cartera”, alega a Público. Un coche patrulla se detuvo justo a la entrada del parque. Salieron varios policías nacionales de paisano. Le piden el DNI. No lleva encima ninguna identificación.

Laura detalla que no tiene la documentación porque la cartera se la habían robado o la había perdido en la discoteca. Pasaron sólo minutos. La amnesia que le provocó aquel episodio traumático no le permite recodar con nitidez cada detalle. “Cuando me suben al coche de policía empiezo a recibir golpes por la velocidad a la que va el vehículo hacia la comisaría”. Risas, gritos. Y la nariz de Laura rota. Al haber sido esposada sin seguridad, su cabeza iba dando golpes por cada esquina de la parte plastificada del coche. “Me iba dando porrazos en cada momento y no paraban de reírse”.

Al llegar a la puerta de la comisaría, de la que prefiere no decir el nombre, empiezan de nuevo las burlas e insultos: “Que no te quejes más, que no es para tanto”. Laura sostenía con la bufanda su nariz golpeada. Cada vez tenía más hemorragia. “Es un dolor muy intenso. Sólo pedía que me llevaran al hospital”. La falta de varias de sus pertenencias hace a Laura sospechosa del posible hurto en la discoteca. “Todo el rato me preguntaban si tenía algo que ver y yo contestaba que por favor me llevaran a un hospital”. Entre las frases repetidas de los agentes a la joven recuerda esta amenaza: “Hija de puta no te quejes más que te vas a quedar encerrada en el calabozo”.

Laura tuvo que ingresar en el quirófano durante horas al salir de la Comisaría. “Los fuertes choques policiales me rompieron el tabique nasal y los médicos no dudaron en realizar un informe alegando la gravedad de los golpes que había recibido”.

Cinco años han pasado de aquel suceso. “No me atrevo a pasar por la puerta de la comisaría. Tampoco soy capaz de acercarme a un policía”, afirma hoy a sus 38 años de edad. En tratamiento psicológico desde 2013, esta mujer señala que hace demasiado tiempo que “tampoco es capaz de salir sola a la calle”. Su caso ha sido archivado en la Fiscalía de Córdoba, sin ninguna indemnización ni posibilidad, hasta el momento de reabrir el caso.
La respuesta al Comité contra la Tortura de la ONU

En el año 2014, Laura tiene el primer y único juicio. Aporta pruebas médicas, el testimonio de sus amigas pero la Fiscalía declara el caso nulo. “No había posibilidad según el abogado de obtener recurso”. Esta víctima ha gastado mucha energía en aclarar cada uno de los detalles. Ha visto a aquellos mismos agentes tergiversar su propia versión saliendo ilesos del caso. En 2016 acude a la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para intentar que la asesoren sobre esta situación.

APDHA presenta en 2016 una denuncia por malos tratos policiales a esta mujer ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En 2018, dos años después, el Ministerio de Justicia ha contestado sin dar explicaciones a los hechos probados. Alega “falta de pruebas” sobre las lesiones sufridas durante la supuesta detención. Además añade en el escrito que la víctima tuvo “un juicio justo, parcial y completo” en los tribunales españoles.

Valentín Aguilar ha seguido muy de cerca el caso como miembro de APDHA. Recuerda como Laura fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”.
“Fue ella misma quien tuvo que llamar a la ambulancia”

Aguilar añade que nunca llegó a recibir por parte de la Comisaría “asistencia médica obligatoria ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les retiraron algunas de sus pertenencias” que no le fueron devueltas en ningún momento. Una vez puesta en libertad con una grave fractura en la nariz, “fue ella misma quien pidió una ambulancia con su propio móvil” en la puerta de las dependencias policiales.

Aguilar declara que “los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención”.
El alto numero de casos de tortura que alerta al TEDH
APDHA pone de manifiesto la condena internacional que tuvo España en febrero ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por “trato inhumano y degradante y por novena vez, por no investigar denuncias de torturas”.

“Hay que poner de relieve el caso de esta joven”, aclara Aguilar. E insiste “No es posible que un ciudadano ileso (como Laura) antes de la detención acabe lesionado, sin que exista ningún tipo de explicación”.

APDHA espera un fallo similar al emitido el pasado febrero por el TEDH. En la petición se instaba al organismo internacional que recomendara a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.

Ya en 2015, el comité de la ONU, se dirigió al Estado Español en 2015, en su VI Informe Periódico sobre España, afirmando que se mostraba “seriamente preocupado ante informaciones según las cuales “las autoridades españolas no investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.






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sábado, 21 de abril de 2018

Entrevista a Santiago Espot

Europa dice estar preocupada por la marcada involución del ejercicio de la libertad de expresión en el estado español. Desde el encarcelamiento de artistas y tuiteros como fruto envenenado de las subsecuentes Operaciones Araña hasta las multas a quienes han decidido mostrar su desacuerdo con la monarquía de distintas maneras, desde la quema de una fotografía hasta la silbatina al máximo representante del régimen borbónico franquista en un evento deportivo.

También la ONU se ha pronunciado al respecto por el asunto de la acusación de rebelión en contra de quienes solo han manifestado su deseo de que Catalunya recupere su soberanía. 

Y es que el sustancial incremento en casos como el de los Titiriteros o la prohibición para algunos artistas de siquiera presentarse en algunas ciudades ha llevado a que incluso Amnistía Internacional España, tan apegada al régimen, se rebele de vez en cuando.

Así es como eventualmente, Madrid puso en el banquillo de los acusados a Santiago Espot, a quien Público ha entrevistado:


El líder de Catalunya Acció fue condenado en 2017 a pagar 7.200 euros de multa por promover, a través de un escrito en Facebook, la pitada de la final de Copa de 2015. Se muestra crítico con el 'procés', al que califica de farol, y señala que los catalanes deben estar dispuestos "a lo que sea" para conseguir la independencia.

Alejandro Torrús

Santiago Espot fue condenado por el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional por injurias a la Corona y ultraje a España por la pitada durante la Copa del rey de fútbol de 2015. Es, de hecho, el único ciudadano que ha sido condenado por los pitos al himno que se han producido en varias finales de la citada competición. Ha habido más pitadas y ha habido más denuncias. Pero es el único condenado.

Los jueces Pedraz y Andreu consideraron que era libertad de expresión. Sin embargo, Vázquez Honrubia cambió el criterio de la Audiencia Nacional y condenó a Espot por unos hechos que otros jueces habían calificado como libertad de expresión. La multa asciende a 7.200 euros. La sentencia, no obstante, aún no es firme. Hace apenas 15 días se celebró la vista que estudió el recurso.

El condenado alega que los pitos al rey y al himno son crítica política y, como tal, esta debe entrar dentro del campo de la libertad de expresión. De hecho, esta noche, durante la final de Copa del rey entre Barcelona y Sevilla, Espot volverá a pitar al monarca allá donde se encuentre. Eso sí, no sabe si verá el partido: "El fútbol cada vez me aburre más".

Ha habido varias pitadas. Ha habido varias denuncias. También contra usted. Sin embargo, usted es el único condenado por pitar al rey y al himno. ¿Cómo se lo explica?

Soy el único condenado por dos razones. La pitada de 2015 obtuvo significación política a través del manifiesto de 40 líneas que publicamos. Ese manifiesto tenía un autor, que era yo. Así que me escogieron como cabeza de turco. La segunda razón es que la pitada al rey desbarató la operación de estado que estaba en marcha para renovar la imagen de la Corona.

Pretendían presentar al nuevo monarca como la renovación de la institución y se le pitó más todavía que a su padre. Creo que ha sido el abucheo más grande de la historia. Y como dijo Pérez de Ayala: los Borbones nunca aprenden y nunca olvidan. Esa pitada le generó una hostilidad contra Catalunya y contra el independentismo que se mostró en su discurso del pasado 3 de octubre, que yo resumo como un 'a por ellos' monárquico. 

La pitada se hubiese producido igual sin su manifiesto.

Obviamente. La pitada al rey ya está institucionalizada. Todo comenzó en el año 2009. Dimos una rueda de prensa Catalunya Acció y la plataforma de apoyo a las selecciones vascas dos días antes de la final de Copa entre el Athletic Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Allí lancé la idea de que había que pitar al himno y al rey. Mis declaraciones fueron recogidas por Telecinco y otras televisiones y se generó polémica. Y la Fundación Denaes [próxima a Vox] me puso una querella. El juez Santiago Pedraz la archivó basándose en la libertad de expresión. Sin embargo, años después, se me condenó por exactamente lo mismo. Mismos equipos, mismas personas, mismo todo. 

Bueno, cambia el rey. Entonces era Juan Carlos I

Efectivamente. Eso es lo único que cambia. A Felipe VI le estropeamos su operación de lavado de cara. 

Para esta noche hay convocada una nueva pitada en las plazas de todas las ciudades de Catalunya. ¿Qué le parece?

Me parece bien. Como liberal, y como europeo, considero que si el Tribunal Europeo de Derechos señaló a España que quemar las fotos del rey es libertad de expresión... pues que la una pitada también lo es. Silbar es menos agresivo que quemar fotos. La gente debe ser libre para pitar al Borbón si así lo desea. Es perfectamente entendible, que en esta situación en la que estamos, la gente quiera pitar a Felipe VI.

¿Entiende que hay gente que se puede sentir agraviada por esos pitos?

Lo puedo entender, claro. Pero aquí estamos hablando de política y no de molestias. A mi me molestan muchas cosas y me aguanto. Lo que no vamos a hacer es interpretar la situación política y lo necesario en cada momento en función de lo que moleste o no. Entiendo que les moleste a algunos, sí. 

¿Usted qué va a hacer?

Puede ser que vea el partido en casa... O no. Es posible que tenga planes más atractivos que hacer. He de reconocer que el fútbol cada vez me aburre más. No sé si lo veré. Si lo que me pregunta es si yo participaré de la pitada, le digo que sí, que voy a pitar simbólicamente al Borbón. 

El comunicado que llama a la pitada dice que el rey es el "mayor enemigo del independentismo"

Sí, lógicamente. La independencia de Catalunya es contra el Estado español. ¿Y quién es el jefe del Estado español? Pues el rey. Es cuestión de jerarquía. Además su discurso del pasado 3 de octubre marcó un antes y un después. Es normal que el rey haga todo lo posible para evitar que lo vuelvan a echar de España. Y, luego, como decía, tenemos que tener claro que la independencia de Catalunya será contra España. Como el resto de independencias. Como la de Cuba o la de cualquier otro país latinoamericano.

¿Es equiparable la colonización y proceso de independencia de  Cuba y el resto de excolonias con Catalunya?

Hay que salvar las distancias históricas entre una y otra. Unamuno decía que la prensa madrileña iba a conseguir con Catalunya lo mismo que consiguió con Cuba, que España la pierda. Viendo según qué prensa de Madrid esa frase tiene la misma vigencia que cuando se pronunció. Aparte de esto, creo que hay similitudes. España está entrando en una crisis de Estado brutal, como la del 98. Solo hace falta ver a los políticos españoles actuales. España tiene un gran problema con sus dirigentes. La derecha española de los años 30, con la CEDA y tal, era mejor que la de ahora. 

¿Y esa crisis solo está en el Estado español o afecta también a Catalunya?

No, Catalunya también la sufre. Pero aquí tenemos una ventaja. Hay una parte del independentismo que tiene un ideal en común, que es la independencia. Eso es una ventaja. La gente está dispuesta a sacrificarse por algo y eso España no lo tiene. Cuando tienes un movimiento de gente así, significa que hay gente para el relevo. Hay cantera. Pero en España no lo veo. Además, España tiene el handicap de las estructuras del Estado. La monarquía borbónica impide cualquier síntoma o cualquier regeneración. 

Usted, políticamente, ¿cómo se define? ¿Es simplemente nacionalista catalán? ¿De izquierdas? ¿De derechas?

Ideológicamente soy liberal. A mí, en un futuro estado catalán, no me encontrarán defendiendo una política intervencionista del Estado ni excesivamente de izquierdas. Tengo un pensamiento liberal, que entronca, por ejemplo, con el de con la del president Francesc Macià.

Por otro lado, mi familia materna es de Almansa (Albacete) y hay un guardia civil en la familia. Me hice independentista con 18 ó 19 años. Por una simple razón: patria, como madre, solo hay una, y la mía es la catalana. 

¿Como independentista qué opinión tiene del 'procés'?

Creo que el procés es mero simbolismo. Declararon una república catalana inexistente. Creo que es solo un farol. Nosotros defendemos que no hay independencia si no hay control efectivo del territorio. Es la única manera de obtener reconocimiento. ¿Qué hizo el Estado español antes del 1-O? Controló el territorio catalán a través de la Policía y la Guardia Civil. Para controlar el territorio hace falta la fuerza. Si tú te quieres convertir en Estado independiente hay que controlar el territorio y para eso es imprescindible el uso de la fuerza. 

Pero si uso sucede, habría enfrentamientos entre esas fuerzas catalanas y las fuerzas españolas.

No lo sé. Veríamos. Posiblemente sí. Posiblemente no. Todo dependería de la habilidad, la rapidez y las alianzas que seamos capaces de tejer. ¿Existe la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento? Claro que la existe. 

Habrá lectores que dirán que usted está hablando de violencia.

España va a hacer todo lo posible para evitar la independencia de Catalunya. Es capaz de lo que sea. Los catalanes tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Eso es un combate. 

¿Qué es lo que sea?

Pues boicotear, luchar... Hasta donde se quiera llegar. Ya sé que la frase da pie a especulaciones. Pero el pan que se nos da, es el pan que se nos da. Habríamos de pagar con la misma moneda.

No le entiendo.

Cuando estas en una situación de estas características hay que llegar hasta donde se está dispuesto. Hacer todo lo posible para conseguir la independencia. Dejémoslo ahí. Pero que quede claro que lo que digo es que hay que hacer lo que haga falta porque España hará lo que haga falta para evitarlo. Eso es lo que yo he dicho.






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jueves, 19 de abril de 2018

Radiografía Actual del Kurdistán

Desde las páginas de Hala Bedi traemos a ustedes este extraordinario reportaje acerca de la situación actual que se vive en el Kurdistán bajo ocupación turca, con las inevitables comparaciones con el status quo en Euskal Herria.

Aquí lo tienen:


Aunque muchas y muchos de nosotros hayamos escuchado el término kurdo/a, y dicho pueblo sea conocido a nivel mundial mucho más que otros pueblos sin Estado, el kurdo es un pueblo negado en gran parte de los territorios en los que lleva siglos viviendo. Iñaki Etaio, miembro de la Delegación Vasca a Bakur elabora este extenso reportaje para Hala Bedi.

Como es bien sabido, este pueblo de más de 40 millones de personas (no existe un censo exacto, y muchas personas kurdas no tienen tampoco conciencia de serlo) se distribuye entre cuatro estados que lo niega como pueblo: Turquía, Siria, Irak e Irán. Si se puede hablar de elementos comunes a todos ellos habría que referirse a la histórica negación y la represión del pueblo kurdo, si bien con sus particularidades, que varían en función del gobierno de turno y de la correlación de fuerzas en cada lugar y en cada momento. Hoy en día existen situaciones muy dispares entre las zonas liberadas de Rojava (Oeste de Kurdistan), el Bashur (Kurdistan sur) bajo administración iraquí gobernado con gran autonomía por el clan Barzani, y las otras dos zonas bajo la férrea administración de los estados turco e iraní, denominadas en kurdo Bakur (norte) y Rojhilat (este), respectivamente. En cualquier caso, la resistencia y la lucha que históricamente ha desarrollado este pueblo por su reconocimiento y liberación es otra constante de los cuatro territorios citados que llega hasta nuestros días.

Visitar Bakur y hablar con multitud de personas y organizaciones políticas y sociales permite acercarse a esa realidad. Y la primera sensación que se tiene nada más llegar a Amed (en turco Diyarbakir), y que se reafirma constantemente con el transcurso de los días y de las conversaciones, formales e informales, es que el pueblo kurdo es un pueblo que no quieren que exista. Tal afirmación puede resultar obvia y sabida de antemano, más viajando desde Euskal Herria, otro pueblo cuya identidad y derechos continúan negados muchos siglos después. Precisamente este hecho hace que los intentos de invisibilización del pueblo kurdo no nos llamen tanto la atención, al menos en comparación con un/a, pongamos por caso, ciudadano/a solidario/a europeo/a tipo que se sorprende de la represión en Kurdistan y desconoce la práctica de la tortura y la existencia de centenares de presas/os políticas/os en varios estados de la UE. El hecho de ser vascas/os permite también encontrar gran número de similitudes en la situación de ambos pueblos, sin pretensión de comparar miméticamente dos pueblos con procesos diferentes y con una complejidad interna tan grande. Siendo conscientes de las diferencias entre la situación en la CAV, Nafarroa e Ipar Euskal Herria, podremos entender fácilmente la complejidad que supone estar divididas/os entre cuatro estados. En cualquier caso, “it ́s very similar” e “it ́s the same” son expresiones que hemos escuchado en reiteradas ocasiones al intercambiar descripciones de numerosos aspectos de ambos pueblos y, sobre todo, al describir las estrategias represivas utilizadas por los estados.

El estado de excepción que se mantiene desde julio de 2016, decretado tras el confuso intento de golpe militar, disminuye aún más las garantías de poder desarrollar actividades de tipo político o incluso cultural, si son críticas con el gobierno. Si bien la mayoría de las personas detenidas y procesadas en un primer momento (policías, académicos/as, periodistas, jueces…) supuestamente pertenecían al entorno de Fethullah Gülen, el contragolpe represivo ha sido aprovechado para aumentar aún más la presión sobre el movimiento kurdo, el verdadero enemigo de las ansias autócratas y centralistas de Erdogan.

Invisivilizadas/os en su territorio. Tras la cortina turca

En Turquía el término Kurdistan es un término tabú, que proyecta esa idea de tabú al pueblo mismo. Para referirse a este territorio hay que hablar del Este de Turquía, o del Este de Anatolia, para que no resulte sospechoso. Utilizar el término Kurdistan en el aeropuerto o en una instancia administrativa con un/a funcionario/a puede dar lugar a preguntas y recelos. Y qué decir si el/la interpelado/a es policía (el número de policías de paisano en calles y establecimientos probablemente sea mucho mayor que el de policías uniformados/as). Las preguntas sobre destino y objetivo de la visita pueden derivar en solicitar el pasaporte, fotografiarlo, y en el registro de bolsas y mochilas.

Circular en taxi por Şanliurfa boulevard según se llega del aeropuerto de Amed aporta el primer “golpe de realidad”: de todas las farolas de esta vía de varios kilómetros penden banderas turcas e imágenes de Erdogan. Lo primero que se viene a la cabeza frente a esta marea de banderas rojas con la media luna y la imagen de su particular caudillo en calles, edificios oficiales, escuelas… es lo hiriente que debe resultar para la mayor parte de la ciudadana kurda tener presente a cada paso el mensaje constante de “esto es Turquía”. Sin embargo, la propaganda del régimen turco que inunda todas las esquinas, la permanente presencia de policías con armas largas, vehículos blindados, cámaras y puntos de control, las cinco comisarías, el cuartes militar y las cinco cárceles dentro del perímetro urbano de Amed dan a entender que no debe estar tan claro que los y las habitantes de la capital de Bakur tengan tan asumida su nacionalidad turca…

Los intentos por barrer y/o asimilar los demás pueblos que habitan la península de Anatolia desde tiempos ancestrales han sido reiterados durante el Imperio otómano y, más recientemente, desde la constitución en 1923 del Estado turco por Mustafa Kemal, Atatürk. El genocidio perpetrado contra la población armenia entre 1915 y 1923, en el que murieron asesinadas o por hambre y enfermedades más de un millón de personas, es probablemente el hito más cruel de dicha política (genocidio, por cierto, negado todavía hoy por el Estado turco).

El intento por terminar con las nacionalidades minoritarias (si bien casi una de cada tres personas en el Estado turco es de origen kurdo) dentro del territorio estatal se extiende, al igual que sucede con otros muchos pueblos, a las manifestaciones culturales, idiomáticas y a la toponimia. Los nombres de los pueblos y lugares se muestran en idioma turco, y este es el idioma que se utiliza en exclusiva en los centros oficiales, administrativos, educativos, de salud… Todas las indicaciones están únicamente en turco, fácilmente reconocible por las abundantes diéresis utilizadas, y la ausencia en su alfabeto de las letras Q, W y X. El idioma kurdo también está excluido de la educación y de los medios de comunicación. Si bien durante el proceso de conversaciones de 2012-2015 entre el Partido de las y los trabajadores del Kurdistan (PKK) y el islamista partido gobernante AKP (Partido Justicia y Desarrollo) la permisividad hacia el idioma kurdo fue mayor, la ruptura de dicho proceso supuso que el kurdo fuera de nuevo un idioma proscrito. En muchos hogares de Bakur se mantiene el nexo con el idioma y cultura kurda a través de la señal digital de Sterk TV, con sede en Bruselas. Dicho canal supone una bocanada de aire fresco en una atmósfera asfixiante, donde el idioma kurdo queda restringido al ámbito privado. La imposibilidad de la enseñanza del idioma kurdo en la educación pública o privada limita su transmisión al ámbito doméstico, lo cual, tal y como nos comentaron algunas amigas kurdas, dificulta enormemente la transmisión de la escritura y su normalización. De hecho, algunas de las personas con quienes compartimos conversación nos indicaron que entienden y hablan kurdo, pero que no son capaces deescribirlo.

La persecución de la cultura kurda en el Estado turco ha llegado a situaciones un tanto surrealistas. Así, al visitar un patio interno que funciona como cafetería/tetería en el distrito de Sur, la parte más antigua de la ciudad, las chicas kurdas que lo regentan nos indicaron que, tras la ruptura del proceso de negociaciones citado, todos los centros culturales del distrito fueron cerrados por órdenes del gobierno. Su establecimiento, aunque con ambientación y música kurda, se libró de la clausura al no funcionar formalmente como un centro cultural. Al preguntarles sobre la posibilidad de publicar libros en kurdo, nos indican que, si bien no está recogido expresamente en la legislación no poder publicar en kurdo, las trabas y presiones del gobierno sobre las propias editoriales y distribuidoras hacen inviable dicha posibilidad.

Pero si algo resulta aún más llamativo en esta especie de paranoia antikurda es la prohibición de combinar los tres colores nacionales kurdos: amarillo, rojo y verde. En las abundantes tiendas de textiles presentes en los pueblos y ciudades de Bakur se pueden encontrar gran cantidad de pañuelos con diferentes combinaciones de colores. Sin embargo, ninguno combina los tres colores “sospechosos”. Nuestra búsqueda por encontrar dichos pañuelos clandestinos en algún establecimiento de Amed, Mardin, Tatvan o Van resultó, como cabía esperar, infructuosa. El pañuelo con los colores kurdos que trajimos escondido entre la ropa de vuelta a Euskal Herria, fue el regalado por las compañeras del movimiento de mujeres kurdas TJA. Una compañera internacionalista colombiana no lo pudo llevar de vuelta a su país, ya que varias policías se lo incautaron al dirigirse a la celebración del Newroz en Amed. Aunque a primera vista pudiera sonar a broma, la realidad es que mostrar juntos tres colores desata la ceguera represiva del régimen turco.

Años de plomo. Bajo la maza turca

Un retrato en la pared del salón de la casa de la madre y el padre de Ceylan muestra a un joven algo menor de cuarenta años sonriente, enfundado en traje de guerrillero sobre un fondo cubierto de vegetación. Rápidamente llega la explicación por parte de la madre de Ceylan. Su hermano fue combatiente del PKK y desapareció en una misión en el monte allá por el año 2000. No han vuelto a saber nada de él, y por mucho que han indagado y preguntado no han podido encontrar ninguna información. Tampoco desde la propia insurgencia han podido facilitar información a la familia, como suelen hacer en estos casos. Tal vez el dolor de no poder encontrar ninguna información sobre su hermano desaparecido fue lo que le llevó a participar junto a otras mujeres en labores de acompañamiento y apoyo a las familias de combatientes caídos/as. Cuando fallece un/a combatiente del PKK, llevan a cabo las duras gestiones de informar a la familia, recuperar el cuerpo, lavarlo y entregárselo. Son incontables los retratos de guerrilleros/as y militantes caídos/as presentes en multitud de hogares kurdos. Miles son también los testimonios similares tras más de tres décadas, con algunas interrupciones, de enfrentamiento armado abierto entre el PKK y el Estado turco; si bien la violencia y represión contra dicho pueblo viene de mucho más atrás.

Las aproximadamente 40.000 víctimas mortales del conflicto entre el pueblo kurdo de Bakur y el Estado turco nos da una idea de la magnitud del mismo. En cualquier caso, la mayor parte de esas víctimas son kurdas/os no combatientes asesinados por las Fuerzas Armadas Turcas, tal y como está sucediendo en Afrin.

En efecto, el Estado turco, para afrontar la guerra contra el PKK adoptó en los años 90 la táctica de “quitar el agua al pez”, también utilizada en otros lugares como Guatemala, Chechenia, Colombia o Perú. Para aislar y debilitar al pez (la insurgencia) se le quita el agua (el pueblo que nutre sus filas y le da apoyo). En resultado es conocido: masacres, ejecuciones sumarias, desapariciones y desplazamientos masivos de población. En el caso kurdo, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, alrededor de 17.000 kurdos/as fueron desaparecidos/as, alrededor de 4.000 pueblos fueron vaciados de sus habitantes y unos 3 millones de kurdas/os desplazadas/os, empujadas/os a las ciudades alejadas de las montañas con presencia guerrillera. De estas/os últimas/os, alrededor de un millón permanecerían aún como desplazadas/os internas/os. De esta forma llegaron varios miles de expulsados a Amed, teniendo que ubicarse como pudieron en casas de familiares y conocidos, tal como algunos de ellos no describieron.

El estado de excepción que rige el país desde hace casi dos años otorga mayor poder a la policía y fuerzas armadas y disminuye las ya tenues garantías frente a los abusos policiales y militares. Si ya de por sí la policía turca no tenía excesivos problemas para apretar el gatillo en situaciones consideradas problemáticas, la ley marcial le faculta para disparar sin tener que justificarlo. La protesta social asociada a las reivindicaciones kurdas es, en estos momentos, poco menos que una quimera. Cuando, de forma un tanto ingenua, preguntamos a algunas de nuestras interlocutoras kurdas, si se habían realizado protestas por la invasión turca de Afrín, la respuesta fue que no es posible, que Erdogan había amenazado públicamente con actuar con todos los medios contra quienes osasen cuestionar la operación militar. Como hemos podido comprobar in situ, en el Estado turco no se obvia ni se oculta la operación de Afrín. Se publicita hasta la saciedad en todos los informativos como una gesta heroica, en la que un ejército desaloja a unos terroristas y devuelve la paz a una población que los recibe con los brazos abiertos (aunque, a tenor de las imágenes proyectadas por televisión, no han debido encontrar multitudes esperándoles al entrar en Afrín y se han tenido que conformar con mostrar imágenes de algún soldado sosteniendo entrañablemente a un niño pequeño en brazos). En este contexto militarista y ultranacionalista, que recuerda mucho al espíritu legionario, justificar la muerte de manifestantes “terroristas” que cuestionan las operaciones del gran ejército turco no resulta excesivamente embarazoso.

Entretanto, también en medio de estas ciudades donde la protesta está prohibida, miles de presos y presas políticas, muchos/as de ellos/as en prisión preventiva, malviven hacinados/as en cárceles insalubres, dispersados/as por el extenso territorio del Estado turco. La política de dispersión como política de Estado. Una vez más, es inevitable la comparación con la dispersión de los/as presos/as políticos/as vascos por las cárceles españolas y francesas, y la ruleta rusa de los viajes de las/os familiares.

Al mismo tiempo, el Estado turco sigue construyendo nuevas prisiones, vaticinio de un futuro igual o más duro, sabedor de que las tibias críticas de gobiernos e instituciones europeas a las múltiples y comprobadas violaciones de derechos humanos quedan en un segundo plano frente a los intercambios comerciales entre Turquía y esos mismos estados.

Ingeniería urbanística y poblacional. La ley de la excavadora

El desplazamiento de poblaciones con el objetivo de asegurar la ocupación de territorios no es un invento del régimen turco. Muchos otros proyectos expansionistas lo han practicado y lo siguen practicando, siendo probablemente la batustanización sionista de Palestina el ejemplo más evidente. El Estado turco lo aplicó a sangre y fuego en la década de los 90 con la política de aldeas arrasadas, y lo sigue aplicando bajo una apariencia algo diferente en la actualidad. En esta ocasión, dentro mismo de algunas ciudades kurdas.

Aunque el acceso está bloqueado, desde diversos puntos del distrito de Sur (núcleo antiguo de Amed, rodeado por una muralla datada de antes del siglo IV) se pueden observar todavía algunas casas a medio derruir y los vestigios de la brutal ofensiva desarrollada por el ejército turco contra el barrio entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. A los intentos por resistir en la zona por parte de las milicias del PKK le siguió la destrucción del barrio por las fuerzas armadas y su posterior demolición. A las muertes de unos 65 milicianos/as, 65 soldados y 321 personas no armadas contabilizadas por diversos organismos, hay que sumar el desplazamiento forzado de más de 24.000 residentes. En marzo de 2016, apenas tres semanas tras el fin de los enfrentamientos, el gobierno expropió por la vía urgente la mayor parte del terreno de Sur, pasando a ser el Ministerio de Medio ambiente y Planificación urbana el nuevo propietario. Con la prácticamente única excepción de las mezquitas, todas las edificaciones fueron demolidas posteriormente. Algunas familias han recibido una compensación ridícula por la pérdida de su hogar y todos sus enseres, bajo el lapidario ofrecimiento de “o esto o nada”. Otras familias no fueron siquiera informadas de dicha posibilidad mientras que otras las rechazaron al verse obligadas a firmar un documento por el que se responsabilizaba al PKK de la destrucción de su hogar.

Apenas dos calles más allá de las vallas que limitan el acceso a la zona derruida nos reunimos en una cafetería. Varias jóvenes miembros de una plataforma creada para luchar contra el proceso de desplazamiento nos detallan la situación actual de esas miles de personas personas así como las motivaciones y planes futuros de las autoridades que, designadas por Ankara, gobiernan la ciudad. Unos hombres de otra mesa que disimuladamente nos fotografían con sus móviles nos dan a entender que no somos las únicas personas interesadas en este encuentro informal. Sur no era un barrio más, ni siquiera un barrio en el que milicianos/as del PKK se habían hecho fuertes. Van era un barrio que había recogido parte de las miles de personas a las que se había expulsado de pueblos y aldeas durante los años 90. La propia situación de necesaria solidaridad de sus habitantes, sumada a la militancia y/o apoyo al movimiento kurdo de gran parte de ellas/os, junto con una configuración urbana caracterizada por estrechas callejuelas, permitió que florecieran y se desarrollasen múltiples relaciones de apoyo, amistad y organización entre las vecinas y vecinos del barrio. Tal y como nos indican las compañeras kurdas, la toma y destrucción del barrio iba más allá de acabar con la resistencia armada urbana y buscaba deshacer todo ese tejido social autoorganizado así como despejar el terreno para la transformación urbanística del barrio.

Dos años después, el gobierno aún no ha hecho público el proyecto para el barrio. De momento, sólo se observa policía y excavadoras en esos terrenos desolados. Aunque por ley, las nuevas edificaciones debieran respetar el diseño arquitectónico kurdo original, sospechan, por lo comprobado en otras rehabilitaciones, que esto no será así. Intuyen que la fisonomía del barrio se asemejará a la de los barrios de la ciudad situados fuera de las murallas, con bloques de muchas alturas, zonas cerradas en el entorno de cada bloque y marcadas distancias entre bloques. Transitar los barrios de más reciente construcción en Amed transporta inevitablemente a los barrios gasteiztarras de Zabalgana o Salburua, donde el urbanismo de altos edificios y anchas calles parecen diseñados para alejar las relaciones humanas. Y la posible transformación urbanística de Sur hace volar la imaginación hasta Errekaleor.

El riesgo de la actividad política pública. En el filo de la navaja turca

Los encuentros con representantes del partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos, que agrupa a partidos de izquierda de ámbito estatal y partidos kurdos, y con un 10% de votos en las últimas elecciones) y del DBP (Partido de las Regiones Democráticas, principal partido kurdo) nos trajeron a la memoria años recientes de la historia vasca. Y no era algo casual. Una simple búsqueda en google lleva a titulares como “La Justicia turca utiliza el ejemplo de Batasuna para ilegalizar el partido kurdo DTP” (consultar ediciones de periódicos como El País, El Mundo, ABC, Público… del 11-12 de diciembre de 2009). Las compañeras y compañeros kurdos nos explicaron cómo el partido político DTP fue ilegalizado en 2009 por sus supuestos nexos, como no, con el PKK, y cómo tuvieron que crear el DBP para concurrir a las siguientes elecciones. Posteriormente, en 2016, llegaría la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenando a Turquía por dicha decisión. Demasiado tarde.

La actividad política en el Estado turco tiene un riesgo evidente si no se alinea con las políticas ultranacionalistas e islamizantes del AKP. Y se le añade un componente de inseguridad adicional si se mezcla con la “cuestión” kurda. El aparato represivo turco, que atraviesa todos los poderes del Estado, pisó el acelerador en 2015-2016, en un contexto marcado por la ruptura de las conversaciones entre el PKK y el gobierno, por la pérdida de la mayoría absoluta del AKP y por el éxito electoral del HDP, sobrepasando el 10% de los sufragios. Paradójicamente, mientras los sectores progresistas del pueblo kurdo intentaban llevar a la práctica el concepto de confederalismo democrático formulado por Abdullah Öcalan, con una fuerte base en la municipalidad, en la participación directa y en el protagonismo de la mujer, la oferta del régimen turco fue la intervención de alcaldías y el encarcelamiento de sus co-alcaldes y co-alcaldesas. Los 28 ayuntamientos intervenidos por el gobierno de Ankara, los/as casi 200 co- alcaldes y co-alcaldesas y concejales/as encarcelados y los/as más de 300 dirigentes locales del HDP y DBP en prisión constituyen la muestra más palpable del riesgo de la política a nivel local en el Estado turco. Varias de las ciudades que hemos visitado, donde la vida urbana se desarrolla en aparente normalidad (la vida entre cuarteles y policías es ya parte de la rutina diaria…), tienen sus ayuntamientos gestionados por interventores designados por el gobierno turco. Tal es el caso de la capital de Bakur, Amed (algo más de 900.000 habitantes), o de las ciudades de Van (en torno a medio millón de habitantes) o Mardin (algo más de 200.000 habitantes, donde, además, la co-alcaldesa destituida, Februniye Akyol, fue la primera cristiana siria en ser elegida co-alcaldesa en todo el Estado). Las gigantescas banderas turcas que cuelgan de dichos ayuntamientos son la constante manifestación de la usurpación de la voluntad popular. Situaciones que, por un momento, nos trasladan de nuevo a Euskal Herria.

El cuadro de la represión de representantes populares y dirigentes políticos locales debe ser completado con más de 500 procesos judiciales abiertos contra diputados y otros dirigentes a nivel estatal, entre ellos Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, co-presidentes y co-presidenta del partido HDP, encarcelados desde noviembre de 2016 bajo la socorrida acusación de colaboración con banda armada y propaganda a favor de organización terrorista.

Encarceladas o no, muchas son las personas que, relacionadas de una forma u otra con el movimiento político kurdo o con la izquierda turca, ven su vida personal y profesional afectada por los zarpazos del régimen de Erdogan. Tal es el caso de Feride, primera mujer en ejercer la abogacía en Amed, con la que pudimos compartir cena y conversación sobre la situación política apenas tres días tras su comparecencia en calidad de acusada en un juicio en Ankara. Una vez más, y ya son varios años, la vista se pospuso. Mientras tanto, ella no puede salir del país y encontrarse con su compañero, quien tiene prohibida la entrada al Estado turco. Una historia personal más entre tantas que recorren Kurdistan.

Periodismo en Kurdistan. Saltando sobre la tijera turca

Si la actividad política desde la izquierda y a favor del pueblo kurdo es una actividad de riesgo en el régimen turco, el desempeño como periodista crítico con el poder de Ankara también lo es. En un estado donde, al igual que en el Estado español, la mayor parte de los medios de comunicación no contrarían al gobierno sino en lo superficial, el periodismo independiente y comprometido, más si se lleva a cabo desde Kurdistan, lleva asociado una dosis de peligro.

La visita a la sede de Jin News en Diyarbakir nos proporcionó en apenas una hora una idea de las condiciones en las que tienen que realizar su trabajo las/os informadoras/es independientes. Jin News es un medio online creado en 2012 y gestionado únicamente por mujeres donde la perspectiva de género y la denuncia de la opresión contra las mujeres en sus diversas modalidades están especialmente presentes. Ello las hace también blanco de un régimen conservador y patriarcal que ve en la emancipación de la mujer un cuestionamiento evidente de su reaccionario proyecto. La sede del medio es un apartamento en un edificio de casi 20 plantas. Ninguna señal identificativa, indicaciones para que entrásemos y saliésemos con premura, y una puerta blindada con varios cierres contextualizan su trabajo diario. Según nos comentan, los años más duros fueron la década de los noventa, cuando la represión del régimen turco fue implacable contra todo lo que oliese a kurdo. Más de 20 periodistas fueron asesinados en ese período de represión abierta. Hoy en día, si bien la eliminación física de periodistas no es tan frecuente, la persecución a los medios, su ahogamiento económico o directamente su cierre, así como el procesamiento y encarcelamiento de periodistas son los procedimientos utilizados. Todo ello bajo una campaña de criminalización que cala en gran parte de la población turca. Realizar propaganda del terrorismo, acción penada con penas de entre tres y doce años de prisión, es la acusación más frecuente para intentar acallar el periodismo kurdo. Cuando les mencionamos los cierres de Egin, Egunkaria y Ardi Beltza, así como la persecución de periodistas y trabajadores/as de diversos medios vascos, nos indican que tenían conocimiento de ello.

En una pequeña sala donde no había sitio para sentarse todas/os, las compañeras periodistas también nos relataron cómo durante la ofensiva del ejército turco y las fuerzas yihadistas contra Afrin, alrededor de 200 periodistas fueron detenidos/as por informar sobre dichas operaciones. Se suele decir que en las guerras la primera víctima es la verdad. En este caso, el Estado turco tampoco quería testigos incómodos sobre el terreno arrasado. Sólo periodistas que fotografíen balcones con la bandera turca y soldados con un niño en brazos.

Otro de los hándicaps a los que tienen que hacer frente las profesionales de la información es la negación de credenciales como periodistas por parte de las instancias gubernamentales, lo cual dificulta enormemente el trabajo de nuevas personas que decidan incorporarse a la profesión. Según nos comentaron, el realizar labores periodísticas sin dicha acreditación suele suponer terminar en prisión, además de perder el material que se porte en ese momento. Junto a ello, otra preocupación mezclada con crítica: la escasa solidaridad recibida desde sus colegas de profesión europeas/os.

La presión contra la información y la censura del régimen turco llegan en ocasiones a límites que rayan lo ridículo. Cuando nos comentaron que el acceso a Wikipedia estaba bloqueado tuvimos que comprobarlo para cerciorarnos de que, efectivamente, era así. Si una web tan “peligrosa” como esa tenía el acceso impedido, lo mismo tendría que ocurrir con otras webs con contenidos más políticos. Ciertamente, el acceso a diversas web con contenidos sobre Kurdistan en diferentes idiomas también estaba bloqueado.

Tras la reunión mantenida con el grupo de periodistas fuimos testigos de nuevo de ese intento por acallar cualquier testimonio que contraríe la versión oficial o que, simplemente, quiera aportar una voz por la paz y el entendimiento. El encuentro con una decena de integrantes de Dayîkên Aşîtîyê (Mujeres por la paz) en casa de una de ellas fue realmente emotivo. Todas ellas habían perdido algún familiar en el conflicto. Con su pañuelo en la cabeza y con la serenidad y fuerza de su testimonio, recuerdan en gran medida a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. No en vano, han coincidido con ellas participando con Nora Cortiñas en el documental Pañuelos para la historia (2015). Tras una desesperada descripción de la brutal ofensiva contra Afrin y las victimas que estaba causando, llegó el aviso: una tanqueta de la policía junto con varios policías de paisano estaba apostados debajo de la casa. Tras una despedida apresurada bajamos rápidamente con las indicaciones de subir inmediatamente al minibús que nos estaba esperando. Pero fue en vano. Los policías habían ido expresamente en nuestra búsqueda y según nos acercamos al minibús comenzaron las preguntas cortas en inglés por parte de uno de ellos. Tras la mediación de una de las compañeras kurdas y tras fotografiar un policía con su móvil cada uno de los pasaportes, pudimos continuar. “Esto es algo habitual” nos comentan las compañeras. Ya nos habíamos dado cuenta de que era así. Tan habitual como la persecución y la censura.

La inhabilitación profesional. Otro engranaje para sacar de circulación voces discordantes

La policía de paisano también estaba presente en la entrada del edificio que alberga en una de sus plantas la sede en Amed de Eğitim Sen, el Sindicato de trabajadoras/es de la educación y la ciencia. Este sindicato es de ámbito estatal y se encuadra en el KESK, el principal sindicato de izquierda del Estado turco. Nada más entrar al apartamento con funciones de sede nos encontramos con los retratos de 20 profesores asesinados en la década de los 90. Según nos indican, asesinados por el terrorismo de Estado, desconociéndose aún quienes fueron las manos ejecutoras. Aunque la eliminación física de profesorado crítico no se práctica hoy en día, otras formas de represión continúan y se han intensificado estos dos últimos años.

Mientras tomábamos un té antes de comenzar la reunión, tuvimos ocasión de hablar unos minutos con uno de los profesores universitarios despedidos por haber firmado un manifiesto en enero de 2016. No sería el único que conoceríamos en esa situación. Tras la ruptura de las conversaciones entre el PKK y el gobierno turco, el ejército turco lanzó una ofensiva en todo Bakur que alcanzó de lleno a varias ciudades (Amed, Nusaybin, Cizre…), donde milicianos/as del PKK decidieron defender las zonas autogestionadas en dichos entornos urbanos. La salvaje ofensiva del ejército con armamento pesado destruyó barrios enteros, provocando la muerte de cientos de milicianos y otros/as habitantes de los mismos, en ocasiones enterrados/as en su propia casa, tras resistir muchos días sin agua, electricidad ni alimentos. Esta ofensiva motivó que más de 2.000 docentes e investigadores/as, tanto de la universidad como de enseñanza primaria y secundaria, firmaran un manifiesto titulado “No seremos parte de este crimen” en el que se criticaba la actuación del gobierno y el sufrimiento causado a la población civil.

La respuesta del gobierno de Erdogan fue rápida y especialmente virulenta. Les acusó de traición y de ser cómplices del PKK, indicando que dichos “pseudointelectuales” con doctorado no debían esperar trato distinto al de los “terroristas” a los que enfrentaba el ejército. En las semanas siguientes llegarían las primeras medidas punitivas: a los/as firmantes se les suspendió su contrato laboral. En 380 casos se les inhabilitó por decreto ley para poder ejercer la docencia, mientras que en otros centenares de casos “simplemente” se les despidió de su puesto de trabajo, se les suspendió de empleo durante varios meses o, en el caso de algunos/as investigadores/as, se canceló la financiación de sus proyectos. Tal es el caso de Behcet, doctor en bellas artes e investigador en la Universidad de Van (este de Bakur, muy cerca de Irán) que cometió el “error” de firmar el citado manifiesto y ahora está suspendido y en espera de juicio. Preguntado por la actitud de los rectorados de las universidades afectadas (más de 90 en todo el Estado turco), la respuesta no es nada alentadora: el 99% de los rectores/as obedecen servilmente al gobierno y el otro 1%, no alineado políticamente con él, actúa mirándose al ombligo, aplicando también en la práctica los dictados del gobierno. Asimismo, respecto a las perspectivas de continuar su carrera profesional al no estar inhabilitado por ley, nos indica que, aún en el caso de poder optar a ocupar otro puesto (los puestos vacantes tras las expulsiones han sido cubiertos ya por otras personas), el hueco que deja en el currículum todo ese tiempo sin contrato sin una razón académica convincente deja ver implícitamente las razones de ese parón e imposibilita reengancharse a la actividad investigadora en un Estado donde el gobierno ejerce un férreo control ideológico sobre todos los estamentos de la administración. Además de ello, las y los firmantes del manifiesto despedidas/os tienen prohibido abandonar el Estado turco (se les ha retirado el pasaporte), así como enviar a sus hijas/os a estudiar al extranjero.

La exclusión del sistema público suele hacerse extensiva al sistema de educación privado, que, además de estar en gran medida en manos de sectores religiosos ultraconservadores, recibe presiones políticas y económicas para no contratar a profesorado expulsado.

Ante esta situación, gran parte de estas/os trabajadoras tienen que abandonar la actividad académica y/o investigadora y dedicarse a otras actividades de iniciativa privada. Por ejemplo, Tuncay, profesor de educación primaria en Van despedido por firmar el manifiesto, nos cuenta que trabaja en una academia privada pero sin contrato. Las redes de solidaridad palian en cierta medida las consecuencias de las medidas de castigo gubernamentales, aunque siempre bajo la imprescindible discreción. Tal y como nos comentan, otras/os muchas/os docentes han tenido que recurrir a abrir pequeños negocios, como teterías, etc.

Si bien se ha aplicado de forma masiva a raíz de la publicación del referido manifiesto, la inhabilitación para ejercer en el sector público en el Estado turco por razones políticas es algo de vieja data. Tal es el caso de Yilman, veterano militante de Van despedido hace veinte años de su puesto de trabajo como profesor, que nos cuenta su situación y la de su pueblo mientras cenamos en el restaurante kebab de su primo. Éste abrió el negocio hace varios tras ser despedido por sus posicionamientos políticos del puesto de empleado municipal que ocupaba en el ayuntamiento.

Según los datos que nos proporciona Abbas, responsable sindical de la sección de Eğitim Sen en Amed, 11.300 profesoras/es han sido suspendidos de empleo en algún momento mientras que 1.565 están inhabilitadas/os de forma permanente para ejercer la enseñanza. El miedo a posicionarse de forma divergente frente a los dictados del gobierno silencia parte de las posibles voces críticas y la presión sobre los sindicatos independientes está causando mella. Abbas nos indica que el número de profesores/as afiliados/as a su sindicato ha disminuido un 40% fruto de la ofensiva autoritaria del gobernante AKP.

Islamización. Más minaretes para apuntalar un proyecto social retrógrado

En el campo de la educación también se libran otras luchas en Kurdistan. Una de ellas, como no podía ser de otra forma, es la del idioma. Si bien el idioma kurdo ha sido y es excluido de todas las esferas públicas y administrativas, durante los aproximadamente dos años que se mantuvieron las conversaciones entre el PKK y el gobierno, se disminuyó ligeramente la presión sobre la lengua kurda. La del idioma fue una de las peticiones que el PKK puso encima de la mesa. En ese momento se autorizó una muy limitada presencia de la enseñanza en idioma kurdo en las escuelas de algunas localidades con mayoría kurda. La ruptura de las conversaciones dejó en suspenso ese tímido avance. Sin embargo, no quedó simplemente en eso. Muchas/os docentes que habían impartido clase en kurdo recibieron la notificación de que serían trasladados a escuelas de otras localidades. Se calcula que en torno a mil docentes fueron removidas/os al oeste del Estado turco en 2017. Ceylan nos cuenta el caso de su hermano, destinado a una ciudad a cientos de kilómetros de Amed, donde vivía y trabajaba. Abbas también nos habla de esa situación a la que han tenido que hacer frente tantas y tantos docentes, muchas/os de ellas/os afiliadas/os del sindicato. Hay casos incluso de parejas en las que ambos/as ejercían de docente y han sido trasladados/as a diferentes destinos. También se refiere Abbas a la hostilidad a la que deben hacer frente en su nueva adscripción, poblaciones alejadas de Kurdistan con un fuerte sentimiento anti-kurdo a donde llegan con la etiqueta de “terroristas”. En el caso de 14 profesoras/es destinadas a una localidad del oeste turco llegaron incluso a recibir amenazas de muerte. El sindicato intenta atender y proteger a dichas/os profesoras/es a través de sus secciones locales, tarea nada fácil bajo una feroz estigmatización de lo kurdo.

Pero la educación turca es también un campo de batalla entre el laicismo y la islamización como política de Estado. Si bien el laicismo fue una de las banderas del proyecto kemalista, la oleada ultraconservadora, ultranacionalista y también islamizante del AKP está inundando prácticamente todas las esferas de la vida, incluida la educación. Si bien el Islam está presente en la región desde hace siglos y es la religión mayoritaria entre la población turca y kurda, existe un intento deliberado y no ocultado de que la religión musulmana tenga cada vez más presencia en la sociedad. Al pasar por cualquier ciudad de Bakur llama realmente la atención el gran número de mezquitas, muchas de ellas nuevas o en construcción, en ocasiones distantes apenas unos centenares de metros. Incluso al viajar por zonas rurales resultan llamativas las mezquitas en pequeños poblados en los que la mezquita no se llenaría ni aunque acudiese todo el pueblo a ella. Los minaretes que caracterizan el perfil urbano y los rezos por megafonía en varios momentos del día hacen omnipresente el Islam en todo el territorio del Estado, convirtiéndolo en una de sus señas de identidad. Esta instrumentalización de la religión por parte del gobierno ha hecho que algunos/as musulmanes/as hayan dejado de acudir a las mezquitas, como así nos lo reconocieron algunos/as compañeros/as kurdos musulmanes/as.

En el sistema educativo, la religión está presente en el mismo momento del acceso a la función docente. Abbas nos confirma los comentarios de días previos de otras personas sobre las pruebas de acceso a la función docente. Anteriormente se accedía mediante una prueba en la que se valoraban la formación y conocimientos relativos al puesto. Con el gobierno del AKP se incluyó una segunda prueba que consiste en una entrevista personal en la que el entrevistador incluye preguntas sobre vida personal, familiar y, ¡cómo no!, religiosa. Además de ello, se solicita información sobre la persona candidata en el entorno religioso correspondiente a su lugar de residencia. Ser musulmán practicante y llevar una vida en base a los preceptos conservadores propugnados por el gobierno facilita enormemente poder acceder al puesto. Lo contrario puede traducirse irremediablemente en la imposibilidad de conseguirlo. Por tanto, al proceso de purgas de profesorado incómodo ya descrito hay que sumar un sistema de selección basado en gran medida en criterios no académicos.

Abbas nos pregunta si nos importa que se encienda un cigarro. Nos explica que se pone nervioso cuando tiene que explicarnos el tema de los abusos a niñas y niños en algunas escuelas religiosas. A continuación, relata como el profesorado progresista y el sindicato están cada vez más preocupados por el aumento de abusos a menores en escuelas y residencias de estudiantes, así como por la cada vez mayor permisividad frente a ello por parte de profesorado religioso y por parte de diversos sectores sociales. En efecto, el mayor conservadurismo con base religiosa que se está imponiendo en el Estado turco está permitiendo que sectores ultraconservadores presenten estos casos (alrededor de 400 casos documentados en 2017, muchos de ellos incluyendo violaciones y algunos asesinato) como algo asumible y no sujeto a castigo. Son esos mismos sectores, incrustados en las estructuras mismas del Estado (como es el caso de la Dirección de Asuntos religiosos), los que propusieron recientemente disminuir la edad legal del matrimonio.

Recordar el pasado, escuchar el presente y prever el futuro de Kurdistan no mueve precisamente al optimismo, aunque la lucha y resistencia de este pueblo demuestra claramente que sigue vivo. Las experiencias que se están desarrollando en los territorios liberados de Rojava alimentan en gran medida la esperanza del pueblo kurdo y de otros muchos pueblos del mundo. Ellas/os mismas/os son conscientes de la potencialidad de lo que en los cantones de Afrin, Kobane y Cizire se está construyendo y defendiendo. El régimen turco también, y de ahí su furiosa respuesta en forma de bombardeos, tanques y yihadistas. Con base en el confederalismo democrático teorizado por Abdullah Öcalan, los territorios liberados por las YPG/YPJ y otras agrupaciones armadas de izquierda se han organizado ejerciendo un modelo de democracia directa que contrasta con los sistemas de sometimiento de poblaciones impuestos a unos pocos kilómetros de allí, ya sea por el Estado turco o por el ISIS y otros grupos islamistas. Los procesos de organización y de participación de las diferentes comunidades (kurda, asiria, árabe, yazidí, turcómana, …) puestos en marcha en Rojava apuestan por un modelo multiétnico en esa convulsa zona del mundo. El papel cada vez más protagónico de la mujer con base en la Jineologî, la ciencia de las mujeres, que coloca a éstas en el centro de la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el Estado, rompe con el papel al que tradicionalmente se las ha relegado. La inclusión de la ecología como uno de los pilares del confederalismo cuestiona la explotación de recursos y el desarrollismo que condena a los pueblos y la naturaleza. Las experiencias de Rojava, con sus dificultades y su todavía precaria estabilidad, irradian su luz hacia los demás territorios kurdos y muestran el potencial del pueblo cuando se libera del aparato estatal centralista y se organiza en base a sus necesidades.

Desde Bakur miran con esperanza a Rojava, y con rabía a Afrin. Viven también con rabía su día a día, en el que el rojo, verde y amarillo sólo se pueden combinar en los espacios privados. A pesar de ello, los permanentes intentos de los estados por tapar el resplandor del pueblo kurdo no pueden impedir que los destellos del sol situado en el centro de la bandera kurda sigan iluminando el camino. La sistemática represión y el profundo sufrimiento no han conseguido doblegar la voluntad de este abnegado pueblo. La clave nos la aporto de forma muy simple el veterano Yilman, al pedirle su opinión sobre la viabilidad de desarrollar el confederalismo democrático en Bakur. Nos contestó que, en las actuales circunstancias, no se puede implementar, ya que la participación política está impedida. Pero recalcó que el pueblo está deseoso de participar en política. No han conseguido apagar ese deseo. Y eso es una garantía de futuro.





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