Decenas de de personas –80.000 según los organizadores– tomaron ayer Iruñea en la mayor movilización allí vista para reivindicar justicia para los jóvenes de Altsasu, condenados a penas de entre dos y 13 años por la AN.
Ion Salgado
Las calles de Iruñea acogieron ayer una movilización «directamente proporcional al despropósito judicial» que ha supuesto la sentencia contra ocho jóvenes de Altsasu, condenados a penas de entre dos y 13 años de prisión por una trifulca con dos guardias civiles fuera de servicio de madrugada en un bar.
«Muy a nuestro pesar nos hemos visto obligadas a llamar a esta segunda gran manifestación, porque se ha cometido un auténtico atropello judicial con la condena a largos años de prisión para nuestros hijos y porque no podemos, la sociedad no puede permitir, que se repitan situaciones de este tipo», destacaron las madres y los padres de Ainara, Oihan, Jokin, Adur, Iñaki, Jonan, Aratz y Julen , que llevan más de un año y medio denunciando la vulneración de derechos que padecen sus hijos.
Tal como recordaron, «se han vulnerado durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral, y en la misma sentencia. Se han vulnerado derechos y principios legales con la imposición de prisión preventiva para tres de nuestros hijos que llevan más de año y medio y con el encarcelamiento reciente de otros cuatro alegando el riesgo de fuga».
Un riesgo que «no ha existido» jamás, apuntaron tras esta movilización enorme, muy probablemente la mayor realizada nunca en Iruñea. «No existe riesgo de fuga cuando desde julio del año pasado sabían que la Fiscalía pedía un total de 375 años de cárcel y no se han movido de sus casas. No ha existido ni existe riesgo de fuga cuando antes de que fueran detenidos llevaban cinco días haciendo vida normal e incluso reincorporándose al trabajo desde que conocieron la salvajada de esta sentencia. No hay riesgo de fuga y por ello nuestros siete hijos deben estar en libertad ya, en sus hogares retomando su vida, sus trabajos y sus estudios», destacaron.
Y advirtieron de que «lo que sí hay es un deseo indisimulado de venganza y un tribunal que no ha buscado la verdad. Se han utilizado de manera torticera la calificación de los hechos como ‘terrorismo’ para usurpar la competencia al juzgado ordinario de Navarra y trasladar la causa a un tribunal excepcional como la Audiencia Nacional. Un tribunal permeable a las influencias exteriores».
En este sentido, censuraron que «la sombra de la Guardia Civil, y no solo la sombra», ha sobrevolado el proceso. «La jueza Lamela, la que no permitió a las defensas la inclusión de pruebas y relatos de testigos, está condecorada por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de esta causa. ¿Dónde queda la imparcialidad en la investigación de los hechos?», preguntaron antes de recordar que ese mismo cuerpo militar fue el encargado de detener a los jóvenes. Finalmente no han sido condenados por «terrorismo», «pero el objetivo expeditivo está cumplido».
«Y por si fuera poco, anteayer supimos que la Fiscalía ha recurrido la sentencia, pretendiendo alargar este sufrimiento. No conforme con la barbaridad de la condena impuesta, tiene sed de más castigo, más sufrimiento, más venganza. No podemos soportar semejante atrocidad», remarcaron los familiares, que apuntaron que las asociaciones de abogados y de juristas que han estudiado la sentencia sostienen que las condenas «son muestra de ensañamiento y crueldad. Son absolutamente desproporcionadas».
«Abuso de poder»
«Incluso dando por buena la descripción de los acontecimientos de aquella fatídica noche, los juzgados ordinarios suelen condenar este tipo de hechos con multas, indemnizaciones y bajas penas que no suponen ingreso en prisión», señalaron, e incidieron en que en 2016 se registraron 9.571 casos similares en el Estado español. «Retamos a que se nos indique en cuántos casos equivalentes, donde la lesión más grave ha sido una fractura de tobillo y donde no se han utilizado armas, se ha castigado con penas que supongan el ingreso en prisión», subrayaron. Basta recordar que una pelea con dos policías españoles fuera de servicio en un bar del centro de Iruñea se acaba de saldar con penas de entre 4 y 21 meses de cárcel.
Así, no es de extrañar que las madres y padres de Altsasu consideren que sus hijos se enfrentan a un «abuso de poder intolerable». «Nos dicen que hay que respetar las decisiones judiciales y la separación de poderes como base de la democracia. Pues bien, cuando Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, no hablaba solo de separación, también hablaba de equilibrios de poderes con el fin de que ninguno abusara del que tuviera conferido. Hablaba de equilibrios y de vigilancia mutua en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Hablaba de que el poder detenga al poder».
«Por ello, y en la defensa de la calidad democrática, los derechos humanos, los principios que deberían ser garantizados en un verdadero Estado democrático de Derecho, la convivencia, la paz, la libertad y la Justicia con mayúsculas. Solicitamos a los actores institucionales, políticos, sociales, académicos, mediáticos y del sistema judicial que propongan e implementen las medidas necesarias para revertir esta situación injusta y para impedir que nada parecido pueda ocurrir a ninguna ciudadana o ciudadano», añadieron, y pidieron medidas para reformar el delito de «terrorismo». «Medidas para que ninguna persona navarra pueda ser juzgada por hechos ocurridos en Navarra en otro juzgado que no sea el ordinario, tal y como ya ocurría antes de la limitación de los Fueros en 1841. Medidas para acotar la injerencia externa y el excesivo poder de unos tribunales excepcionales».
Propuesta a los agentes
Para avanzar en la puesta en marcha de estas medidas, las familias propusieron a los agentes políticos, sociales, culturales, académicos, jurídicos e institucionales la creación de una “Mesa para la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades”. «Una propuesta que invitamos a ser debatida y a llenar de contenido para que encontremos soluciones a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir a nadie y se haga por fin Justicia».
Esta idea fue recogida por los representantes políticos, sociales, sindicales e institucionales que acudieron a la manifestación. Allí estaba la portavoz del Gobierno de Nafarroa, María Solana, que reivindicó «justicia y proporcionalidad». «Entendemos que es responsabilidad de una institución acompañar a la sociedad en esta reivindicación porque creemos en ella, creemos que la justicia tiene que ser justa y proporcional, porque es la única vía para garantizar una convivencia en paz», manifestó.
El alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, denunció que, «como siempre, es la juventud de Euskal Herria la que es perseguida y castigada». «Todo el mundo ve los agravios comparativos, todo el mundo puede ver y comparar lo que está ocurriendo, y cada vez hay una brecha más grande entre la Justicia española y la ciudadanía», señaló ante los medios de comunicación presentes en las inmediaciones de El Sadar, desde donde arrancó la manifestación, a la que también asistieron Adolfo Araiz (EH Bildu), Eduardo Santos (Podemos), Adolfo Muñoz (ELA), Igor Arroyo (LAB) y Javier Ollo, alcalde de Altsasu.
Éste remarcó la «desproporción» de la condena. Y recordó que se ha agravado con las detenciones de la semana pasada, cuando agentes de la Guardia Civil tomaron las calles del pueblo para arrestar a Jonan, Julen, Aratz e Iñaki. Cuatro jóvenes que se encuentran, junto con Oihan, Adur y Jokin, en las prisiones de Soto del Real, Estremera, Navalcarnero y Aranjuez.
«Estáis a más de 500 kilómetros, pero sabéis que estamos con vosotros, que no os dejaremos solos. Llevamos más de un año y medio luchando por vuestra libertad y no pararemos hasta veros libres por las calles de Altsasu. ¡Resistid, porque lo vamos a conseguir!», subrayaron desde la plataforma Altsasukoak Aske, que alertó de que no solo esta en juego la libertad de los siete jóvenes encarcelados.
«Se trata de libertades y derechos pisoteados: como la libertad de expresión, intentando criminalizar reivindicaciones legítimas, pero molestas para el poder; o como el derecho a un juicio justo, por poner dos ejemplos», manifestaron entre gritos incesantes por los ya conocidos como los 7 de Altsasu.
Declaraciones
«La Justicia tiene que ser justa, es la única vía para garantizar la convivencia» María Solana | Portavoz del Gobierno
«Un Estado que trata así a sus ciudadanos no es un Estado democrático» Igor Arroyo | LAB
«Cada vez hay una brecha mas grande entre la Justicia española y la ciudadanía» Joseba Asiron | Alcalde de Iruñea
«El PP ha montado una red en el Poder Judicial para que suceda esto» Adolfo Muñoz | ELA
