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miércoles, 3 de julio de 2019

Entrevista a Joseba Azkarraga

Madrid - y para ese caso, París - sigue empecinada en descarrilar el proceso de paz y reconciliación en Euskal Herria por una sencilla razón, el pueblo vasco no ha renunciado a ejercer el derecho a su autodeterminación y para el régimen franquista no hay nada más importante que mantener las fronteras actuales de un imperio en el que durante su cenit no se ponía el sol.

Claro, eso se logro con su buena dosis de sangre y fuego.

Así que el régimen español opta por mantener como rehenes de su política tardo colonialista al colectivo de represaliados políticos vascos, presos y exiliados.

De ahí la importancia de que existan plataformas ciudadanas como Sare.

Establecido lo anterior, les dejamos con esta entrevista concedida por Joseba Azkarraga a Gara:


Joseba Azkarraga, portavoz de Sare | Joseba Azkarraga (Agurain, 1950) es el portavoz de Sare, red que desde hace cinco años trabaja por los derechos humanos de los represaliados vascos. De cara al futuro ha marcado dos ejes de actuación: trabajar para acabar con las medidas de excepción e impulsar la convivencia con el apoyo de la sociedad civil.

Ion Salgado

Sare ha cumplido cinco años, ¿qué balance realiza?

Es un balance de claroscuros. Por un lado creo que en estos cinco años hemos conseguido ampliar la base social de Sare, hoy somos muchos y muchas más que las que iniciamos este recorrido hace cinco años, y somos también más plurales. Hay diferentes posiciones ideológicas que apoyan nuestra estrategia y nuestros planteamientos. Pero es cierto que, en lo que se refiere a la consecución de los objetivos que nos marcamos, no estamos donde nos hubiera gustado. Son menos de los que hubiéramos deseado y de lo que esperábamos hace cinco años, porque es difícil entender a estas alturas, ocho años después de la decisión de ETA de abandonar la violencia, que todavía la política penitenciaria sea muy similar a la que se aplicaba con ETA en activo. Por eso digo que es una balance de claroscuros. No obstante, considero que tenemos que seguir trabajando hasta conseguir los objetivos que nos hemos marcado.

¿Cuáles son los ejes que van a guiar el trabajo de Sare en el próximo curso?

Estamos ante un nuevo tiempo que debemos de aprovechar. Es un tiempo de esperanza porque ETA ha dado los pasos que ha venido dando los últimos ocho años, su decisión de abandonar la violencia, de entregar las armas y también de disolverse, y creemos que tenemos que aprovechar este nuevo escenario entre todos y todas, al margen de cuál sea nuestra posición política. Y en función de ese análisis hay dos cuestiones que nos parecen claras: plantear cómo afrontamos las reivindicaciones que hemos venido haciendo hasta el momento, cómo seguimos defendiendo estas reivindicaciones tratando que haya más gente detrás de las mismas, ampliando la base social; y trabajar en la convivencia en este país, lo que implica hablar mucho más con quienes opinan diferente, acordar más con ellos y tratar de avanzar de manera conjunta. Estos son los dos pilares que nos hemos trazado, porque difícilmente podemos hablar de un país en paz y en convivencia si se mantiene la misma situación de vulneración de derechos que se ha mantenido hasta ahora. Y junto a ellos diría que hay un elemento que durante el último año hemos trabajado de manera más activa, que es el ámbito institucional.

Hace unas semanas presentaron en el Parlamento de Gasteiz un balance de las mociones aprobadas en las juntas generales y en ayuntamientos, donde se han logrado acuerdos entre diferentes partidos.

Sare, junto con otros movimientos sociales, ha trabajado para coser una convivencia entre diferentes, y el esfuerzo general se ha hecho en el ámbito político, donde se ha conseguido avanzar porque los partidos han conseguido ponerse de acuerdo, dejando a un lado posicionamientos partidistas. Entendemos que esas mayorías que se han conseguido en los parlamentos de Gasteiz y de Iruñea, en las juntas generales de los tres territorios y en el ámbito municipal, cierran el círculo institucional vasco de apoyo a las iniciativas que forman la base sobre la que trabaja Sare. Y no quiero olvidarme de la unidad sindical, que ha sido clave, porque todos los sindicatos se han mantenido unidos en la reivindicación del fin del alejamiento, la libertad de los presos enfermos, etc.

Ahora nos falta un paso importante. Una vez cerrado el círculo institucional vasco de apoyo a este tipo de iniciativas, hay que trasladar este tipo de reivindicación a aquellas instancias donde hay capacidad legislativa para solucionar esta vulneración de derechos, me refiero al Congreso español y ámbito europeo; y ese es otro de los retos que tenemos para los próximos años, ya que durante el último año hemos conseguido abrir un ámbito de relación con diferentes instancias del Estado, lo que nos ha permitido avanzar en alguna situación puntual. Pero lo que no hemos conseguido es terminar con la política de alejamiento de manera global.

Se han dado pasos, y seguro que para cualquier familiar que el preso o la presa esté en Zuera o en Villabona en Asturias es mejor a que esté en Puerto de Santa María. Pero eso no es terminar con la política de alejamiento, porque seguimos hablando de viajes de 500 o 700 kilómetros para 40 minutos de visita. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir profundizando la relación con diferentes instancias del Estado, intentando hacer valer lo dispuesto por la mayoría política y sindical vasca, que es un buen respaldo para seguir avanzando.

En el Estado francés se han dado pasos en el acercamiento de presos a Lannemezan y Mont- de-Marsan, y se ha establecido un diálogo entre agentes sociales y el Gobierno de París. ¿Por qué no se da la misma situación en Hego Euskal Herria?

Creo que es de alabar lo que ha pasado en Iparralde, donde han pasado en dos años, desde que se inició el proceso en Luhuso, de ser imputados y detenidos por intentar avanzar en el camino del desarme a sentarse a los pocos meses con las autoridades judiciales y políticas francesas y, además, han conseguido avanzar en la práctica, porque han conseguido acercar a muchos de los presos a prisiones más cercanas a su lugar de residencia. Creo que ese es el camino que hay que seguir, el de la interacción. Interactuar entre diferentes. En Iparralde han conseguido que todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Nacional de Le Pen, estén detrás de una reivindicación. Hoy todavía es difícil que se dé una situación así aquí, porque hay una actitud por parte de la derecha que hace muy difícil avanzar en esa relación para conseguir resultados tangibles, porque siguen hablando de ETA como si ETA estuviera todavía en activo. Da la impresión de que a algunos todavía la propia existencia, o incluso la no existencia de ETA, les produce ciertos réditos políticos. Eso es muy negativo para avanzar en la convivencia.

En el acto celebrado con motivo del quinto aniversario de Sare se puso en valor la posibilidad de que una mayoría progresista en Madrid podría servir para poner fin a las medidas de excepción. El propio Pedro Sánchez anunció cambios. Pero el alejamiento sigue vigente y los presos gravemente enfermos continúan en prisión.

Tenemos que reconocer que hace un año, por estas fechas, las declaraciones del entonces recién nombrado presidente del Gobierno fueron muy esperanzadoras para Sare y para una parte muy importante de la sociedad vasca, ya no digamos para los familiares de los presos. Aquellas declaraciones abrieron una puerta a la esperanza, y desgraciadamente los pasos que se han dado son muy tímidos. Da la impresión de que no tienen la audacia suficiente como para cumplir su propia legislación, porque aquí no estamos pidiendo nada que no esté recogido en la ley. Estamos diciendo que hay que terminar con una medida política, como fue la política de alejamiento. No estamos pidiendo nada que no diga el Reglamento Penitenciario cuando se refiere a que todo preso o presa debe cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Pedimos que cumplan la ley. Pero están sujetos a una presión constante de la derecha y de algunas asociaciones de víctimas y, desde el respeto absoluto a las asociaciones de víctimas, tenemos que decir que una cosa es lo que algunas asociaciones de víctimas piensan y dicen y otra es la posición de las víctimas de manera individual. En mi caso particular, y creo que en el de muchas otras personas, nunca hemos oído a una víctima de la violencia de ETA exigir revancha o exigir que se siga manteniendo la política de alejamiento. Más bien al contrario, lo que hemos escuchado son muchas declaraciones de víctimas de la violencia diciendo que la política penitenciaria se tiene que humanizar, que la política de alejamiento se tiene que terminar. Creo que al Gobierno español le sigue faltando audacia para terminar con lo que se inició hace 30 años y que ha creado tanto sufrimiento.

¿Considera que los poderes ejecutivo y judicial se pasan la pelota, por ejemplo en el caso de la progresión de grados?

Hay una crítica que nosotros no hemos hecho hasta el momento, pero la tenemos que hacer. Y es que no es defendible que la progresión de grado sea el requisito para terminar con la política de alejamiento. Lo que está haciendo el Gobierno español es progresar poco a poco algunos presos y presas de grado para a continuación iniciar un proceso de acercamiento a Zuera, por ejemplo. La progresión de grado es una medida estrictamente penitenciaria y el cambio a segundo grado se tiene que dar automáticamente cuando un preso entra en prisión, y en el caso de los presos vascos el 85% se mantiene en primer grado. Eso nada tiene que ver con terminar con el alejamiento, que es una decisión política.

Y luego está el tema de los presos enfermos. Desde Sare en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de visitar a algunos presos enfermos en Zuera, en El Dueso, en Nanclares y en Logroño, y tenemos que decir que algunos de estos presos están en una situación límite. El Gobierno no puede seguir retrasando la aplicación del artículo 104.4 para permitir que estas personas sean tratadas de sus enfermedades fuera de los muros de la prisión. Tiene la legislación en su mano para cumplirla y para evitar más sufrimiento.

Antes ha citado la necesidad de que haya más gente tras las reivindicaciones de Sare, que son compartidas por miles de personas, como evidencian las manifestaciones que se celebran todos los años en enero. ¿Qué se puede hacer para ampliar la base social?

No podemos quedarnos una vez al año en una manifestación de 100.000 personas. Tenemos que trabajar en el día a día y pueblo a pueblo, para extender la red y abrirla a sectores que han estado al margen de este tipo de reivindicaciones, y la base en la que nos tenemos que fortalecer es en la defensa de los Derechos Humanos, este es el objetivo clave. Defender a los más de cien menores que semanalmente recorren cerca de 2.000 kilómetros para visitar durante 40 minutos a su padre o a su madre no es hacer política partidista, es hablar de Derechos Humanos. ¿Qué culpa tienen estos niños para tener que montarse en el autobús todos los viernes, recorrer 2.000 kilómetros de ida y vuelta, visitar durante 40 minutos a sus padres con un cristal de por medio? ¿Qué delito han cometido estos niños para seguir manteniendo ese tipo de situaciones cuando la cárcel de Zaballa, por ejemplo, está a la mitad de su capacidad? Insisto, tenemos que trasladar a sectores que desconocen lo que hacemos desde Sare que estamos hablando fundamentalmente de este tipo de cosas, que no estamos hablando de política. Y ese es un trabajo complicado y difícil que tenemos que hacer en cada pueblo para extender la red ciudadana.

El Estado debería entender que, cuando el 85% de los ciudadanos vascos representados en sus ayuntamientos han aprobado una moción en la que se habla del fin de la política de alejamiento, de la libertad de los presos enfermos y de una política penitenciaria basada en los Derechos Humanos, estamos hablando de que casi la práctica totalidad del pueblo vasco está en estas reivindicaciones.






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martes, 11 de junio de 2019

Mochilas en Madrid

Hace apenas unos días el TEDH sito en Estrasburgo decidió convertirse en apéndice de la estrategia represiva por parte de Madrid en contra de los represaliados políticos vascos.

En el caso de Gorka Fraile se emitió el siguiente fallo: "El Tribunal considera que el objetivo de las autoridades españolas al mantener la ubicación del recurrente en la prisión de Badajoz era garantizar una disciplina adecuada en las cárceles y aplicar su política con respecto a los presos de ETA".

Pues bien, para mostrar el drama que viven las familias de los presos políticos a los que se aplica el castigo añadido de las dispersión traemos a ustedes este artículo de Naiz en el que se da cuenta de la actividad realizada en Madrid con miras a dar a conocer la ordalía que viven sus hijos e hijas los fines de semana:


El modesto Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), se llenó ayer tarde de personas deseosas de conocer la problemática de los «niños de la mochila» vascos. Para eso se valieron del documental emitido por ETB sobre los efectos del alejamiento carcelario en los menores en enero de 2018. Fue dentro del programa ‘Ur handitan’, cuyo director, Xabier Madariaga, fue uno de los participantes en el coloquio posterior.

En esta iniciativa impulsada por el colectivo madrileño Acercar-Vivir se escucharon también las voces de Joseba Azkarraga (Sare), Bea Talegón (periodista y política) y del director de cine Aitor Merino, autor entre otras de ‘Asier ETA biok’. Al acto acudieron personas del ámbito de la cultura, del periodismo, de la política y de organizaciones que operan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.

«Ahora, derechos humanos y convivencia» era precisamente el lema de la sesión. El colectivo convocante explicó que «esta política penitenciaria de excepción, que no la legislación, no solo vulnera los derechos de las personas presas, sino que supone un castigo extraordinario para sus familias y seres queridos, que no han cometido delito alguno. Pensamos que se trata de un problema grave, puesto que afecta a cientos de familias y que, sin embargo, es omitido por los grandes medios de comunicación», denunciaron.

Tras la proyección del documental, Xabier Madariaga explicó a los asistentes que tuvo una gran audiencia en Euskal Herria, lo que evidencia el interés que suscita esta problemática y la necesidad de verla reflejada en la pantalla. En el otro lado de la moneda puso las críticas de algunos sectores políticos al trabajo, que atribuyó al hecho de que la cuestión de las víctimas de ETA ha aparecido habitualmente en la televisión pública y resto de medios, pero esta era la primera vez que en ETB se exponía así esta problemática.

Azkarraga, por su parte, explicó que en la actualidad son todavía más de un centenar los «niños de la mochila» y que algunos casos tienen encarcelados tanto a su madre como a su padre.

En cuanto a Beatriz Talegón, ubicó la cuestión en la perspectiva estatal abogando por sensibilizar sobre ella, tanto desde la política como desde el mundo del periodismo del que proviene. Lo consideró una responsabilidad.

El cineasta navarro Aitor Merino, además de presentar el acto, agradeció la asistencia y subrayó que el grupo de trabajo surgido en Madrid continuará adelante con esta labor de difusión y sensibilización.






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viernes, 7 de junio de 2019

Picar Piedra por la Paz

Desde Gara traemos a ustedes esta entrevista a tres protagonistas del actual proceso de paz y reconciliación, misma en la que se comentan tanto los logros obtenidos como las tareas pendientes.

Aquí la tienen:


Anaiz Funosas, Jean-René Etchegaray y Mixel Berhokoirigoin, miembros de la delegación vasca | El próximo 10 de julio se cumplirán dos años desde que una delegación vasca pusiera rumbo a París para plantear ante las más altas instancias del Estado la necesidad de abordar una hoja de ruta integral para alcanzar la paz en Euskal Herria. Con la política de acercamientos de presos otra vez en marcha y a las puertas de un foro que abordará, mañana en Biarritz, la construcción de la convivencia, tres destacados miembros de la interlocución desgranan las enseñanzas del camino recorrido y apuntan hacia los horizontes de un proceso que recibió recientemente el reconocimiento expreso del presidente francés, Emmanuel Macron.

Maite Ubiria Beaumont

Un local aledaño a la Casa Consistorial es el escenario elegido para la entrevista a tres bandas. Aunque el proceso de paz ocupa muchas horas de agenda, a unos metros del lugar de este encuentro compartido con GARA, Mediabask y Kazeta, los aficionados esperan a que el alcalde reciba con honores al recién ascendido Aviron Bayonnais. Una tarde cargada de reflexiones hacia el futuro, pero no exenta de emociones a pie de calle.

Dos años es un plazo razonable para hacer balance. ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles del diálogo abierto con el Ministerio de Justicia?

Jean-René Etchegaray: Nuestra reciente reunión con el Ministerio de Justicia se produjo tras un periodo en el que constatamos que no éramos escuchados adecuadamente por el Gobierno. Ciertamente en un proceso de paz hay altos y bajos. Y, en este sentido, podemos decir que ese último encuentro se inscribe en una nueva etapa, más positiva, al menos desde el punto de vista de los compromisos. Hemos recibido señales de que podemos avanzar en un determinado número de materias. Los acercamientos de presos, que se han puesto de nuevo en marcha, van a continuar. También se hará realidad la retirada del status especial DPS, que ya se dejó de aplicar a algunos prisioneros. Tenemos la sensación de haber sido escuchados en esas cuestiones, ahora estamos a la espera de medidas efectivas.

Con todo, en el dossier de presos destaca otra cuestión, la de las demandas de libertad condicional, a las que, de forma incomprensible para nosotros, no se ha dado curso. Es evidente que el software judicial no se ha actualizado de acuerdo a la evolución del proceso de paz en el País Vasco, y en especial al desarme y a la disolución de ETA.

Para nosotros hay un verdadero problema con la Fiscalía, que no toma en cuenta ese proceso, lo que es más sorprendente, si cabe, cuando el tribunal administrativo de París acaba de basarse precisamente en esa evolución de contexto para aceptar el acercamiento, por motivos familiares, del preso Mikel Karrera. Ha sido una decisión de la justicia administrativa, pero ese pronunciamiento aporta una nueva perspectiva, y esperamos que la Fiscalía tomará por fin nota. Esta es una cuestión en la que, siempre desde el respeto a la independencia judicial, insistimos ante el Gobierno y ante la judicatura. Remarcamos de forma permanente la idea de que la paz sólo será posible si avanzamos más en la cuestión de los presos y de las víctimas, ya que ambas forman parte por igual de los esfuerzos de nuestra delegación.

Anaiz Funosas: La fortaleza de ese espacio de diálogo está, antes que nada, en el esquema de trabajo puesto en marcha con la Declaración de Aiete y, a partir de ahí, también en la inteligencia colectiva que ha demostrado este país para combinar acuerdos políticos transversales, implicación de los electos y participación activa de la sociedad civil. Destacaría que en este tiempo hemos podido construir además un diálogo que incorpora a los propios presos. Este espacio se ha asentado gracias a la comprensión de todas las partes y, con sus luces y sombras, ha contado con interlocutores que han tenido siempre como objetivo impulsar la resolución.

Coincido en que la debilidad del proceso está en ese rechazo de la Fiscalía a cambiar el chip. Ese es un obstáculo mayor a la hora de concebir una solución global, y en la perspectiva de construir la convivencia, para la cuestión de los presos, pero también de todas las víctimas.

Mixel Berhokoirigoin: Sin duda el balance está lleno de matices, pero en general es positivo, ya que tenemos un espacio de diálogo que sigue abierto. Ese diálogo es asumido hoy de manera pública, por nuestra interlocutora -se refiere a Hélène Davo, segunda de la ministra Nicole Belloubet- y por el Ministerio de Justicia. Ese diálogo es asumido cara a la opinión pública, a España y a los diferentes actores del proceso vasco. Hoy por hoy los poderes públicos admiten que existe un problema al que hay que dar una solución. Esta es una cuestión de partida importante. A partir de ahí, ha habido una serie de resultados concretos, a los que ha seguido un momento, digamos delicado, de desacuerdo, que es en cierto modo normal. Estamos en un diálogo que es complejo, que tiene un peso político y simbólico importante, y que nos recuerda a cada paso que las cosas no son simples, lo que nos obliga a reflexionar constantemente sobre nuestra estrategia y a consolidar la convergencia entre las diversas fuerzas.

Como este proceso se basa en una iniciativa atípica, unilateral, sólo puede salir adelante en base a esa convergencia de fuerzas y con la sociedad civil. Eso implica mucho esfuerzo de la parte de todos. Nadie puede imponer su estrategia, su lenguaje, su visión, todo debe ser compartido y validado por todos. Eso da una fuerza compartida, y nos hace avanzar a cada uno de nosotros. No es una suma de personas, es un escenario diferente en el que cada persona, cada miembro de la delegación, cada integrante de ese espacio de diálogo avanza y no es exactamente el mismo hoy que el que era al principio de este camino.

Ahora mismo, gracias a la movilización, el horizonte se ha vuelto a despejar. Y estamos en un momento en el que creemos que vamos a completar relativamente pronto la primera fase de nuestro objetivo: la supresión de todas las medidas de excepción. Pero no nos contentamos con eso. Queremos adentrarnos en un nuevo espacio, abrir un nuevo marco jurídico para que la prisión deje de ser la única perspectiva para las personas que ahora están en prisión.

¿Es posible abordar la cuestión del «más allá de la cárcel» con el Ministerio de Justicia sentado al otro lado de la mesa?

M.B.: Es evidente que debemos abordar esa cuestión con el Ministerio. Pero también que no podemos decidir un nuevo recorrido antes de completar esa primera etapa que esperamos superar pronto. Debe haber siempre una construcción compartida. Creo que hay respeto, incluso una confianza entre la delegación y la interlocución. No creo que fuera fruto de la casualidad que Emmanuel Macron pusiera recientemente a Euskal Herria como «ejemplo de resolución de conflicto». No existe el azar, lo que da frutos es el trabajo. Dos años es mucho y poco tiempo. Venimos de lejos, pero estamos en una evolución que precisa su tiempo. Antes el problema ni existía, hoy está sobre la mesa. Han cambiado muchas cosas, otras muchas deben cambiar. Más allá de lo que se vea, estamos en ese escenario en el que las conciencias evolucionan y esa evolución es la que hará posible mañana lo que hasta ayer parecía imposible.

Siguiendo con esa alusión de Emmanuel Macron a la ejemplaridad del proceso vasco, usted, señor Etchegaray, fue uno de los electos que compartió un encuentro con el presidente de la República durante su visita a Biarritz. ¿Qué impresiones guarda de la reunión?

J.-R. E.: Mi primera impresión es que hubo una total escucha con respecto a nuestro proceso. Tuvimos ante nosotros a un presidente de la República que atendía, tomaba notas, planteaba preguntas, y, además, demostraba tener un buen conocimiento del dossier. Estábamos allí para hablar de la próxima cumbre del G7, pero pudimos evocar la cuestión de la lengua y transmitir nuestra preocupación por las declaraciones de distintos miembros del gobierno en relación a la inmersión lingüística, y también hablamos del proceso de paz.

Puedo decir que planteé personalmente esta última cuestión y que no fui interrumpido en ningún momento de mi intervención. No voy a dar los detalles de esa conversación y menos aún a revelar la reflexión del presidente, pero por las preguntas que hizo creo que entiende perfectamente lo que ocurre en Euskal Herria.

Por mi parte, le dije al presidente de la República que la detención de Josu Urrutikoetxea, por más que pueda estar fundada, es una mala noticia para el proceso de paz. Entendió lo que quería decir con esas palabras. No digo que abundara en ese argumento, ya que es claro que vino con el mensaje de que hay un tiempo judicial y un tiempo político, pero el presidente se fue de Biarritz con todos los elementos que le aportamos, no sólo yo sino también Vincent Bru, Michel Veunac o Frédérique Espagnac. Creo que entendió que en este territorio existe una posición mayoritaria en relación a estas cuestiones.

El responsable de gabinete y una consejera personal del presidente de la República en el Palacio del Elíseo vinieron más tarde a hablar conmigo y me confirmaron que las cosas habían quedado claras. Personalmente, mi sentimiento es que no podía desaprovechar una situación inesperada, máxime cuando hacía bastante tiempo que quería mantener un encuentro con el presidente. La organización de la cumbre del G7 nos brindó esa oportunidad.

Creo que el presidente de la República desea que ese encuentro internacional se desarrolle en las mejores condiciones. Por mi parte, creo que si se dan pruebas de que se comprenden la situación y aspiraciones de este territorio, aumentarán las oportunidades de tener éxito en la organización del G7.

Tras ese encuentro privado, Macron habló ante los medios en la que será sede oficial del G7, el palacio de congresos Bellevue. ¿Sus palabras le reafirmaron en esa convicción de haber sido escuchado sobre la agenda de la paz y en general sobre la cuestión territorial?

J.-R. E.: Un presidente debe decir aquello que ha venido a decir con su desplazamiento, pero visto el reflejo de sus palabras en los medios de comunicación, me confirmo en la comprensión que el presidente transmitió sobre los problemas que tenemos en Euskal Herria.

En días previos y posteriores a esa visita se produjeron dos hechos de distinto signo, la detención de Josu Urrutikoetxea y el acercamiento de Mikel Karrera. ¿Falta coherencia en la actuación del Gobierno en relación al proceso de resolución?

A.F.: Yo hablaría mas bien de que no existe una decisión firme cara a abordar esta cuestión de manera global y coherente. El arresto de Josu Urrutikoetxea es, desde el punto de vista político, preocupante. Cuando se ha reabierto el espacio de diálogo en el que queremos avanzar, cuando Emmanuel Macron acude al encuentro de los electos locales ciertas actitudes chocan y no ayudan a generar confianza. Del mismo modo, es cierto que nos sorprendieron las palabras pronunciadas por Macron al día siguiente de ese arresto. Personalmente, nunca había escuchado a un presidente de la República expresarse sobre la cuestión vasca empleando una terminología de proceso de paz, máxime cuando hoy por hoy no tenemos un compromiso real de la parte del Estado. ¿Es un gesto que nos da confianza? Eso dependerá de que tras esas palabras lleguen los actos concretos.

El acercamiento de Mikel Karrera es la consecuencia de la reanudación del diálogo con el Ministerio y de una decisión, la del Tribunal Administrativo de París, que nos sitúa a todos ante nuestras responsabilidades. En tanto que representante de la sociedad civil, creo que para hacer avanzar las cosas por el buen camino hay que mantener la correlación de fuerzas.

Efectivamente, una decisión judicial ayudó al Gobierno a abordar el acercamiento de Karrera. ¿Es un caso aislado o hay motivos para pensar que anuncia un cambio más profundo? Parece aventurado augurar que estemos ante una evolución hacia esa justicia transicional que la delegación vasca reclama.

J.-R. E.: Desearía que estos fueran los prolegómenos de una justicia transicional. Los elementos positivos que hacen pensar que avanzamos, quizás, en esa dirección son, de una parte, que estamos ante una decisión de justicia de un tribunal de París. Y aunque no se pueda asegurar que esa decisión hará jurisprudencia, la experiencia nos dice que las decisiones que se toman en esa instancia tienen cierta fuerza. En segundo lugar, hay que destacar la argumentación que sigue el tribunal para llegar a la conclusión de anular la decisión de la administración penitenciaria. Esos argumentos se fundan, a la vez, en criterios objetivos, que pueden encontrarse en otras muchas situaciones, pongamos la edad de los padres, que se menciona en el caso Karrera, pero la decisión judicial recoge además de forma clara como argumento el hecho de que ETA haya abandonado la lucha armada. Es uno de los motivos de la resolución judicial. Ese razonamiento jurídico se puede extrapolar a otros casos y puede servir de base para satisfacer otras demandas y, en especial, pienso en las peticiones de libertad condicional.

Entiendo que tienen ustedes garantías de que el traslado de Karrera abrirá la puerta a otros acercamientos.

J-R.E.: No creo que podamos hablar de garantías absolutas, porque no volvemos de las reuniones que mantenemos con el Ministerio con compromisos escritos. En todo caso, hemos restablecido una suerte de confianza que en cierto modo habíamos perdido en razón de que en un determinado momento ministerio y gobierno consideraron que la situación de los presos dependía, por así decirlo, del modo en que se abordaba la cuestión de las víctimas. Por lo que nos concierne nosotros nunca pusimos en cuestión que las dos cuestiones son igualmente importantes.

Dicho esto, estamos convencidos de que si no hubiéramos llevado a cabo ese trabajo con los presos, si no hubiera habido una labor también con miembros de ETA, entre ellos, con Josu Urrutikoetxea, quien leyó la declaración hecha el 3 de mayo de 2018 en Ginebra, la víspera del encuentro en Kanbo, en definitiva, si no hubiéramos contado con militantes dispuestos a aceptar el principio mismo de este proceso, no estaríamos donde estamos. No habría habido ni desarme ni disolución. Es lo que intentamos explicar a quien nos quiere escuchar.

Creo que el Gobierno francés lo ha entendido, aunque luego el contexto político puede facilitar o no las cosas. Espero que pasadas las elecciones en el Estado español todo sea más fácil. Ese es, al menos, mi deseo. Hace falta una cierta estabilidad política para poder avanzar.

A.F.: La única garantía con la que realmente contamos para seguir avanzando nos remite a nuestra capacidad de seguir construyendo y reforzando ese entendimiento con respecto al proceso de paz que existe en nuestro territorio. Mi único temor es que se quiera dejar en manos de esta delegación el avance del proceso cuando la delegación está para representar, para trasladar lo que hacemos aquí y para convencer a París de que hay que avanzar por la buena dirección.

A la vista de las resistencias hacia el proceso expresadas por ciertas asociaciones de víctimas, ¿otorgan un significado especial a la declaración de Covite en la línea de no cuestionar el acercamiento de Karrera, pese a su peso simbólico ?

J-R.E.: Es importante. Como son importantes las declaraciones realizadas por familiares en relación al sufrimiento de las víctimas. Creo que estamos ante elementos novedosos que dibujan una vía. Eso nos confirma que, pese a todo, es posible poner luz también sobre esta cuestión. En todo caso, vamos a ir hasta el final en este ejercicio porque estamos convencidos de que también en esta materia podemos lograr avances.

Hay actos, como digo, positivos, y ya perfectamente perceptibles. Con voces de unos y otros. Existen ya esos actos positivos en forma de pronunciamientos judiciales de los que antes hablábamos. Y sobretodo tenemos un número importante de interlocutores que comprenden lo que está en juego.

La entrada hacia la justicia transicional es estrecha, pero creo que finalmente conseguiremos franquear la puerta.

M.B.: En el contexto del desarme, y de Luhuso, ya solicitamos reunirnos con las asociaciones de víctimas, pero no quisieron hablar con nosotros. Lo que no impide que creamos en que el avance del proceso puede favorecer a futuro otras actitudes. Por otra parte, hay muchas víctimas que no se reconocen en las asociaciones, porque no quieren ser instrumentalizadas. Hoy vemos a otras víctimas que quieren contribuir a la convivencia, que más allá de las experiencias personales buscan otras interacciones. Nosotros defendemos que todas las víctimas tienen la misma dignidad.

Han sido bastante discretos respecto al trabajo hacia las víctimas. No se si es el momento de hablar, con más detalle, de las gestiones que hayan podido realizar al respecto.

J.-R. E.: Por lo que a mi respecta, efectivamente solicité reuniones a diferentes asociaciones de víctimas, y así se lo comuniqué al Ministerio de Justicia francés, que estimó que mi iniciativa era pertinente. He hecho el máximo esfuerzo por acercarme a estos colectivos. Todos ellos han recibido una carta con mi firma proponiéndoles mantener un encuentro, ya en Madrid ya en Donostia. Con una de esas asociaciones no pude fijar esa reunión, con otra tuve un contacto y, en el tercer caso fui recibido por representantes de Covite.

Valoro positivamente ese encuentro, aunque soy consciente de que para ellos resultó algo sorprendente escuchar a un electo como yo hablando en los términos en que yo lo hago. Parece que eso no es habitual al otro lado de la frontera. Entiendo que el contexto político es diferente y que la mayoría de las víctimas están de ese lado.

Valoro, en todo caso, la escucha de las víctimas, y valoro las palabras sobre el acercamiento de Karrera, o las declaraciones de Etxerat sobre el sufrimiento. Es algo que trataremos de explicar en la reunión en Biarritz, en la que queremos sentar alrededor de la mesa a víctimas y dar voz a distintas partes. Queremos explicar en ese encuentro que somos artesanos de la justicia transicional.

El encuentro de Biarritz es también parte de una nueva apertura que queremos hacer mirando a esa especie de muro que son los estados, ya sea español o francés. Y lo hacemos conscientes de la importancia que tuvo, en otro momento, pongamos un primer ministro bajo la presidencia de Hollande como fue Cazeneuve, sin quien no habría sido posible que la jornada de desarme de Baiona pasara de la forma que pasó.

No desprecio la actitud del nuevo gobierno, con el que mantenemos contactos. Pero tampoco podemos olvidar que todo esto comenzó en octubre de 2011 con la Conferencia de Aiete, y que durante seis o siete años hemos vivido una indiferencia insoportable de la parte de los estados.

No podemos dejar de señalar que si tuvimos diciembre de 2016 en Luhuso, y el resto de etapas que vinieron después, fue porque en un determinado momento la sociedad civil se alzó para decir alto y claro a los estados: no podéis seguir anclados en la indiferencia.

De acuerdo, hoy no podemos hablar de indiferencia de la parte del Estado francés, pero esperamos señales concretas.

Es conocido el papel clave de la sociedad civil en el desarme, o el compromiso que permitió llegar a Kanbo. Desaparecida ETA, ¿cuál es la misión principal de la sociedad civil?

A.F.: Su primer rol es apropiarse del proceso y no delegarlo ni en nosotros ni en nadie. Cuando hablamos de convivencia hablamos antes que nada de todos y cada uno de nosotros, ya que estamos llamados a compartir un mismo territorio. Por lo tanto, nos corresponde determinar de manera colectiva cuál es el camino a seguir cara a construir esa coexistencia, sabiendo que tenemos detrás no uno sino muchos pasados. Hace falta que podamos abordar un ejercicio que nos permita mirar hacia los hechos pasados, aceptarlos –lo que no quiere decir avalarlos– y asumir que tenemos un trabajo de memoria a realizar en tanto que territorio. La mejor garantía de no repetición es que cultivemos una sociedad civil activa y dispuesta a hacer la transmisión. Y ahí aparece un primer reto: ¿ Qué transmisión hacemos cara a esa generación que se esta construyendo después de Aiete y cuál es el grado de comprensión que queremos que tenga sobre nuestro pasado?

Por lo demás, lo que valoro en este modelo que hemos trabajado en Iparralde es que hemos sido capaces de evocar todas las cuestiones, sin tabúes, y hemos compartido el esquema de que las cuestiones no se pueden trabajar las unas en oposición a las otras, porque cada una de ellas forma parte de un puzzle, y colocar una pieza ayuda a poder colocar la siguiente. Se nos ha reprochado olvidarnos de las víctimas, pero en realidad lo que se nos quería achacar es que abordáramos en paralelo la cuestión de las víctimas y de los presos. En mi opinión, todo está relacionado, y esa visión permite hacer un ejercicio necesario cara al futuro pero también cara a entender el pasado.

M.B.: La convivencia no se decreta, no ocurre por orden ministerial, se construye por la sociedad, con esfuerzo, no sin conflicto, pero sabiendo buscar soluciones democráticas a la diversidad de intereses que convive en toda sociedad. Se han hecho muchas cosas desde Aiete, y lo que queda por hacer nos da la razón sobre lo que ya hemos hecho. Y concretamente lo que nos toca hacer es empujar para que este 2019 sea decisivo en la evolución de las cuestiones pendientes. Por eso hablamos de tres presos que han entrado en el año 30 de su encarcelación. Y de que hay que liberarlos. No hay nada mejor que alimentar la confianza con los hechos.

Aunque ya ha sido evocado a lo largo de la entrevista, el compromiso de electos de Iparralde ha sido una de las aportaciones reconocidas en esta vía a la paz que conecta con la lógica del territorio. Con las elecciones locales de 2020 en el horizonte cercano, la pregunta final es obligada: ¿Este proceso podrá seguir contando con su compromiso a partir de esos comicios señor Etchegaray?

J.-R. E.: Coincido con su afirmación de que el territorio es portador de este proceso de paz. En sus inicios fue, sin duda, la sociedad civil, pero hoy puedo decir con satisfacción que el conjunto de los electos han respondido al reto planteado. El proceso de paz comenzó antes de la creación misma de la Mancomunidad Vasca, pero desde que fue elegido como presidente de la institución siempre he podido contar con el apoyo unánime de mis colegas. Lo que no es poco. Somos un territorio compuesto de 158 localidades, de cerca de 320.000 habitantes, somos la segunda aglomeración urbana de la región de Nueva Aquitania, después de la metrópoli bordelesa. No doy estas medidas para pedir esto o lo otro. Simplemente digo que nuestro territorio tiene un peso específico. Y además tiene una historia. Y por si fuera poco es depositario de un proyecto de futuro.

Varias generaciones han vivido en el conflicto, en el último conflicto armado de Europa occidental, de ahí que sea absolutamente normal que, nosotros, ciudadanos del País Vasco, hayamos decidido por unanimidad implicarnos en el proceso de la construcción de la paz. Queremos que nuestros nietos conozcan una paz duradera. Por eso emprendimos una dinámica que hoy depende de nosotros, y mañana dependerá de todos aquellos a los que los ciudadanos invistan, mediante su voto, de esta misma responsabilidad.

No me pida que le diga quienes serán los alcaldes del futuro, tampoco puedo saber quien presidirá la Mancomunidad Vasca, porque ello dependerá de nuestras opciones pero sobretodo de las decisiones de la ciudadanía.

Dicho esto, hemos superado una etapa histórica, que es a mi modo de ver irreversible, porque nadie tiene derecho a dar marcha atrás, por más que disponga del aval democrático. No hay que despreciar nunca lo hecho y esta paz forma parte de nuestra historia, de manera indeleble, como si estuviera inscrita en mármol. No veo a nadie en el futuro con legitimidad suficiente para cuestionar una paz que es un logro de todos.






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martes, 4 de junio de 2019

Reencaminar la Paz

Los organizadores de la cadena humana por la paz a realizarse en Miarritze este sábado han llevado a cabo una rueda de prensa en la que han proporcionado pormenores de la propuesta.

Aquí la información por conducto de Gara:


Sesenta personas procedentes del ámbito político, social, sindical y cultural de Ipar Euskal Herria, hicieron ayer un doble llamamiento. Por un lado, apelaron «con toda nuestra fuerza y urgencia a las más altas autoridades del Estado» a llevar a término el diálogo para abandonar las medidas de excepción aplicadas a los presos vascos. Por otro, a la ciudadanía a dar un nuevo impluso al proceso de paz participando en la cadena humana del sábado en Biarritz.

Arantxa Manterola

Con una vista espléndida de la playa de Biarritz al fondo, más de 60 representantes de todos los ámbitos sociales y políticos de Ipar Euskal Herria, desde electos de diferentes instituciones, hasta conocidas personalidades del mundo cultural, sindical y social, volvieron a reflejar desde la diversidad su unidad «en la co-construcción del camino hacia la paz».

Anne-Marie Grenier y Christophe Desprez desgranaron el programa organizado por Bake Bidea y Los Artesanos de la Paz, para este fin de semana que iniciará el viernes, en el espacio Bellevue, el Foro «para la construcción de la convivencia» en el que se tratará específicamente la cuestión de las víctimas.

Ambos agradecieron la colaboración sin ambages del alcalde de la ciudad labortana, Michel Veunac, para la organización del encuentro, «el tercero desde el 2017 donde se anunció el desarme de ETA». El primer edil biarrota, presente en la comparecencia, se declaró «orgulloso» de poner su granito de arena en un momento clave «en el que probablemente abordamos lo más difícil: instaurar la paz en nuestras conciencias».

300 firmantes

El «artesano de la paz» Jean-Daniel Elixiri y la miembro de Bake Bidea Anne-Marie Bordes leyeron a continuación la declaración suscrita, hasta el momento, por unas 300 personalidades en el que se recuerda la «fuerza de la unilateralidad cuya dinámica positiva ha desembocado en la multilateralidad arrastrando a todas las partes en la construcción del proceso de paz».

Recordaron que «desde el primer día inciden en que los dos elementos constitutivos de dicho proceso son la cuestión de todas las víctimas y la de los presos». En ese sentido, hicieron un doble llamamiento. El primero y «con urgencia» a «las más altas autoridades del Estado» a que abandone las medidas de excepción que aplica a los presos vascos.

Y el segundo a la ciudadanía para que participe en la cadena humana del sábado en la costa de Biarritz (a partir de las 15.00). «Aquí, como en todos los demás procesos, con el retorno de todos los presos y exiliados a la sociedad vasca y el reconocimiento de todas las víctimas, con la verdad y la reparación puestas en el horizonte, seamos todos y todas artesanos de la paz» subrayaron con energía los dos portavoces.



Este es el cartel de la actividad que se ha convocado:









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miércoles, 29 de mayo de 2019

Estrasburgo Ampara la Dispersión

Pareciera que Europa busca apaciguar a Madrid.

Desconocemos los motivos... más allá de esa apuesta por la salvaguarda de la integridad territorial de los estados europeos occidentales... esa que Inglaterra pone a prueba cada vez que permite referendums de autodeterminación en Escocia.

Obsesionada con cerrar filas llega a defender lo indefendible como es el caso que nos relata este artículo de EiTB.

Ahora resulta que la dispersión se ajusta a la legislación española y que por lo tanto no se violan los derechos de los presos políticos vascos alejados de sus núcleos familiares en una medida de excepción que lacera a la sociedad vasca pues pone en peligro las vidas de quienes se tienen que desplazar miles de kilómetros para visitar a sus seres queridos.

¿Y aquella resolución de 2009 que involucraba a Rusia? ¿Olvidada acaso?

Porque no podemos obviar que con este dictamen Estrasburgo y Bruselas se alinean con Madrid en su tratamiento del DDR de ETA pues el tercer componente, el de la Reinserción, forzosamente pasa por el involucramiento de los estados involucrados - el español y el francés -, a diferencia del Desarme y la Desmovilización que por sus características pueden ser unilaterales.

Aquí la información acerca del desatino más reciente del TEDH:


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la política de dispersión está justificada y amparada por la ley y que por lo tanto la justicia española no vulneró sus derechos fundamentales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha declarado inadmisible el recurso presentado por el preso de ETA Gorka Fraile Iturralde contra la decisión de la justicia española que le mantuvo en una cárcel extremeña pese a su solicitud de traslado a Euskal Herria para estar más cerca de su familia, ya que entiende que la política de dispersión está justificada y amparada por la ley y no vulneró sus derechos fundamentales.

"El Tribunal considera que el objetivo de las autoridades españolas al mantener la ubicación del recurrente en la prisión de Badajoz era garantizar una disciplina adecuada en las cárceles y aplicar su política con respecto a los presos de ETA", dice el fallo, difundido este martes, que incide en que la dispersión en este caso se ajustó a derecho.

Fraile Iturralde, condenado a 25 años de cárcel por colaboración con banda armada, tenencia de explosivos, estragos y daños, solicitó en 2016 cambiar el centro penitenciario de Badajoz por uno más cercano debido a las dificultades de su familia -mujer, hija y padres de edad avanzada- para ir a visitarle, pero le fue denegado.

La Audiencia Nacional primero, y después el Tribunal Constitucional, rechazaron sus pretensiones al entender que mantener el alejamiento no suponía ninguna vulneración de derechos fundamentales. Por eso, acudió al TEDH, donde alegó vulneración de los artículos 8 (derecho a la vida familiar) y 2 (derecho a un tribunal justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estrasburgo, si bien entiende que se ha podido producir una "interferencia" en el derecho a la vida familiar por la situación de dispersión, considera que esta medida "tiene base en la legislación nacional" y se adopta "de conformidad" con la misma, que proporciona además, "amplias garantías" de que cada caso es considerado individualmente siguiendo "los criterios pertinentes".

Por eso, "acepta que la interferencia persiguió fines legítimos, como la prevención del desorden y el delito y la protección de los derechos y libertades de los demás" y rechaza así que, como alegaba Fraile Iturralde, la medida fuese desproporcionada y por tanto, injusta.

El Gobierno Vasco reitera su defensa del acercamiento

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, ha recordado que el Ejecutivo defiende el fin de la dispersión porque el acercamiento a cárceles cercanas a sus lugares de origen es "más inteligente" y "más acorde" con los derechos humanos, una vez que ETA se ha disuelto.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha precisado que no conoce la argumentación de la sentencia del TEDH, solo el fallo, por lo que no ha querido valorar el "fondo" de la misma.

En este sentido, ha recordado que la posición del Ejecutivo en contra de la dispersión es conocida y está recogida en documentos oficiales de la institución.

"La política de dispersión no tiene sentido, sobre todo cuando ETA se ha disuelto", ha reiterado Erkoreka, quien ha subrayado que una política de acercamiento de los presos a cárceles cercanas a sus lugares de origen "sería más acorde" con los derechos humanos y "más inteligente" para lograr la reinserción de estos reclusos.

Sare muestra su "total desacuerdo" con la resolución

La red ciudadana Sare considera que el TEDH "permite y perpetúa una política penitenciaria que castiga doblemente tanto al preso como a sus familiares".

En un comunicado, ha apuntado que la resolución del tribunal "no censura la negativa que Fraile había recibido anteriormente en los juzgados españoles, justificando esta decisión basada en una política penitenciaria antiterrorista y en la existencia de ETA al incidir en que la negativa al acercamiento se había basado tanto en una evaluación individual de su situación, como en la política general penitenciaria".

De este modo, ha mostrado su "total desacuerdo" con esta resolución que, en su opinión, "permite y perpetúa una política penitenciaria que castiga doblemente tanto al preso como a sus familiares y vulnera sus derechos, aplicándoles una ley excepcional".

La red ciudadana ha considerado que el TEDH, "de manera indirecta", cree que esta política de alejamiento "no tiene ningún sentido ni fundamento jurídico, hoy, ante la inexistencia de ETA". Por ello, Sare ha insistido en que "esta política de alejamiento y excepcionalidad que se les aplica a los presos no tiene ninguna base, ni política, ni de seguridad, ni jurídica".

En ese sentido, ha reclamado que los reclusos que "aún siguen encarcelados en prisiones que se encuentran a cientos de kilómetros de sus hogares" sean trasladados "de inmediato a las prisiones vascas" para que "sus derechos sean respetados de una vez por todas" porque, según ha remarcado, "ya no hay excusas para demorar más esta decisión".

Finalmente, ha recordado que Gorka Fraile, que lleva ya 21 años encarcelado, "es uno de los presos gravemente enfermos que conforman una lista de 20, por lo que, hoy por hoy, debería estar en casa para poder recibir un tratamiento en condiciones, junto a sus allegados".






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viernes, 24 de mayo de 2019

El Acercamiento de Karrera

París a acercado a otro prisionero político vasco a Euskal Herria y como es de esperarse hay quienes se han pronunciado en contra de esta decisión.

Gara nos trae más información al respecto:


Tanto fuentes judiciales francesas, citadas por la agencia Efe, como la defensa del preso Mikel Karrera Sarobe, trasladado la víspera desde la prisión de Réau, en el extrarradio parisino, a la prisión de Lannemezan, a 280 kilómetros de Euskal Herria, confirmaron la existencia de una resolución judicial que sustenta el acercamiento del preso de Iruñea.

Maite Ubiria Beaumont

La agencia española Efe difundió, a primera hora de ayer, una información tendente a explicar el traslado a la prisión de Lannemezan del preso navarro Mikel Karrera Sarobe, confirmado en la tarde del martes.

Según esa información, el Tribunal Administrativo de París, al que Karrera Sarobe recurrió para reclamar su derecho a estar en una prisión más cercana a su entorno familiar dio la razón al preso y condenó, así, en una sentencia firme al Estado francés, que mantenía internado al vecino de Iruñea, sentenciado a dos cadenas perpetuas en Francia, en la prisión de Réau, situada en el extrarradio parisino.

El Colectivo de Víctimas de ETA Covite no puso objeciones al acercamiento de quien fuera presentado hasta su detención, en 2010, como máximo responsable del aparato militar de ETA, organización disuelta en 2018.

La presidenta de esta asociación, Consuelo Ordoñez explicó, en una nota de prensa, que la magistrada Hélène Davo, «número dos» del Ministerio de Justicia francés, le comunicó que la decisión «se debe al cumplimiento de una resolución del tribunal administrativo competente que les obliga a ello», ya que «después de intentar por todos los medios legales revertir ese fallo, no les ha sido posible».

Ordoñez puso en valor el trato «fluido y de transparencia total» que mantiene con la que es interlocutora principal de la delegación de electos y sociedad civil de Ipar Euskal Herria que aborda en París el cambio de la política penitenciaria excepcional que aún se aplica a los presos vascos, a ocho años del final de la actividad armada de ETA y a uno de su disolución.

Según pudo saber este diario, la sentencia que ha motivado el traslado de Karrera Sarobe data del 28 de noviembre. En la misma, el Tribunal Administrativo desmonta las razones dadas por el Ministerio de Justicia para contestar el traslado de Karrera. Avala así su denuncia sobre las implicaciones de su alejamiento para su familia y desmiente que Lannemezan no reúna las condiciones para su traslado. El juez desgrana razones como la existencia de un espacio adecuado para las visitas familiares o el hecho de que esa cárcel, donde ya hay una decena de presos vascos, cumple todos los requisitos en cuanto a capacidad y seguridad. El juez desmiente expresamente los riesgos de «orden público» aducidos por el Ministerio Público, apoyándose en la argumentación del preso sobre el cambio de contexto derivado del final de la acción armada de la organización ETA, hoy desaparecida.

Otros casos

En este sentido, Bake Bidea puso en valor, en un comunicado, que el Ministerio de Justicia francés no recurriera la decisión favorable al recurso de Karrera, lo que ha convertido en firme un fallo que, según señala, «abre la esperanza de que pueda darse una aproximación nueva» a las demandas de otros presos.

En la nota, la delegación vasca expresa su deseo de que ese reconocimiento expreso del nuevo contexto derivado del final de ETA se traslade «del ámbito administrativo a los procedimientos penales», donde en base a argumentos, superados en este fallo, se siguen bloqueando «algunos acercamientos, la excarcelación de presos enfermos o la retirada del estatus DPS».

Txapartegi declara arropada por la solidaridad

Nekane Txapartegi, asteasuarra afincada en Suiza, declaró ayer por videoconferencia a raíz de una nueva causa abierta en su contra por la Audiencia Nacional española. «Ante esta nueva persecución política se ha activado de nuevo una marea solidaria», comentó a «Tolosaldeko Ataria» Txapartegi.

Bilgune Feminista alertó de que esta ciudadana, que fue condenada en 2007 «en base a unas declaraciones realizadas bajo tortura sexista», se encuentra, otra vez en peligro.

Txapartegi fue arrestada en 2016 en Suiza, donde buscó refugio. Bilgune recordó que «la enorme solidaridad llevó a la reducción de su condena y a su libertad». Txapartegi trabaja ahora en movimientos sociales de izquierdas y en el movimiento feminista, lo que ha activado la solidaridad internacional y feminista.«Nosotras te creemos», aseveró Bilgune, antes de enviarle un fuerte abrazo a Suiza.

En su localidad natal, Asteasu, hicieron una concentración de apoyo.






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lunes, 6 de mayo de 2019

Kanbo y el Relato de Parte

Como era de esperarse el aniversario de la desmovilización de ETA ha generado todo un alud de sesudos textos acerca de la obligación de no olvidar por parte de quienes creen firmemente en la democracia.

Para no desentonar, aquí les traemos esto desde las páginas de Noticias de Gipuzkoa:


EH Bildu y EH Bai llaman a reforzar su compromiso con “el nuevo tiempo”

EH Bildu y EH Bai “renovaron” ayer su “compromiso con el nuevo tiempo” abierto al cumplirse un año de la disolución de ETA y “ratificaron” su “responsabilidad para la construcción de la paz y la convivencia democrática”. Sin embargo, el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, censuró que los Estados francés y español “no han realizado el viraje que este contexto exige”, a la vez que “han puesto todas sus fuerzas” en la tarea de “imponer un relato único, una narrativa parcial que margina a víctimas” con el que, a la postre, habrían querido “sacar rendimiento político al sufrimiento padecido por la imposición de un relato de parte”.

Arnaldo Otegi y la dirigente de EH Bai Anita Lopepe participaron en un acto celebrado en el Palacio de Miramar de Donostia, durante el que leyeron una declaración en español, euskera y francés, con motivo de la denominada “declaración de Arnaga”.

Esta declaración, que debe su nombre al caserón de Kanbo en el que se celebró una “cumbre” sobre el fin de ETA el 4 de mayo de 2018, reclamó una “solución global, justa y duradera” para una Euskadi que aún debía “construir la paz”. Un día antes, el 3 de mayo, ETA había dado a conocer el comunicado de su disolución por dos vías: un acto en la sede de la Fundación Herni Dunant de Ginebra (Suiza) y la publicación del documento a través de los portales de Internet Naiz.info y Berria.

Ahora, el documento leído ayer, un año después, por Otegi y Lopepe, en presencia de distintos dirigentes de la izquierda abertzale, asegura que “lamentablemente, todavía quedan importantes cuestiones por resolver”, como el problema de los presos de ETA, los huidos y los deportados, colectivos que, según este texto, “han dado pasos decididos para facilitar la resolución de sus situaciones”.

El escrito lamenta que “por el contrario” el Estado español haya “decidido mantener la dispersión y el alejamiento, prolongar la situación de presos enfermos, negar arbitraria y sistemáticamente la progresión de grado, mantener la legislación de excepción, así como el doble cómputo de la pena”, con “algunos pasos aislados e insuficientes” por “toda su respuesta” a este problema.

“En cuanto al Estado francés -añade el texto-, es cierto que manifestó que daría pasos en el acercamiento de presos, que ha llevado a la práctica si bien no de forma definitiva”. “Todos los presos deben ser acercados, se deben excarcelar a los enfermos y a quienes han cumplido sus condenas. Ese sería un verdadero paso significativo”, recalca la declaración.

Otegi y Lopepe consideraron que España y Francia “no han realizado el viraje que este contexto exige” y “no han enfrentado la responsabilidad que tienen en enfrentar la paz” porque “se han encastillado en actitudes del pasado”, por lo que opinaron que aún “queda un largo camino” en el asunto de los presos.

El texto leído por ambos líderes abertzales critica también que, “en vez de asumir el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación”, tras la disolución de ETA “algunos hayan preferido bregarse en la batalla por el relato”. “En ello han puesto todas sus fuerzas y a ello han limitado toda su iniciativa. Siempre con la voluntad de imponer a los demás un relato único, una narrativa parcial y que, además, margina a víctimas”, recalca el documento.






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miércoles, 24 de abril de 2019

Sociedades sin Presos Políticos

Por conducto de Naiz traemos a ustedes esta nota acerca del compromiso por parte de EH Bildu de seguir trabajando en favor de los presos políticos que hoy el estado español mantiene como rehenes:


EH Bildu denuncia la «anomalía democrática» que supone mantener en vigor una política penitenciaria basada en la venganza cuando ya han pasado casi ocho años desde que ETA dio por concluida su actividad.

EH Bildu ha llevado esta mañana la campaña electoral a las puertas de la cárcel de Martutene, donde ha denunciado la política penitenciaria del Estado español, «basada en la venganza», y ha subrayado que irá a Madrid «a traer a casa a las y los presos vascos». Juan Mari Olano, candidato al Congreso por Gipuzkoa, y Txusa Etxeandia, candidata por Bizkaia, han explicado al respecto que «dentro de los objetivos que nos hemos marcado las fuerzas soberanistas de izquierda de Euskal Herria, Catalunya y otros pueblos del Estado está el de ir avanzando en la construcción de sociedades sin presos políticos» y, en este sentido, se han mostrado «convencidas de que, aprovechando nuestro carácter decisivo en Madrid, la próxima legislatura vamos a dar pasos firmes para la consecución de ese objetivo, porque vamos a Madrid a traer a las y los presos vascos a casa».

Tras recordar que «ya han pasado casi ocho años del final del ciclo de la violencia de una parte», Olano y Etxeandia han tildado de «anomalía democrática» que hoy «siga habiendo presas y presos políticos» y el Estado «se empeñe en mantener una política penitenciaria fundamentada en la venganza». Así, «se les aplican medidas de excepción a las personas presas y se les impone una doble condena a sus familiares y amigos, a quienes obligan a realizar miles de kilómetros al año para poder visitar a sus seres queridos», una «cruel realidad» que ambos candidatos conocen «de primera mano» y que, en su opinión, es un reflejo de «la anomalía democrática en que el Estado español vive permanentemente», agravada hoy con «los vientos de involución que soplan con fuerza».

Juan Mari Olano y Txusa Etxeandia han subrayado la importancia de que EH Bildu logre «una representación potente» en las Cortes españolas para «aprovechar su carácter estratégico y seguir avanzado en la construcción de la convivencia democrática y conseguir una sociedad vasca sin presos políticos», un deseo que «la mayoría política y social de nuestro país ha expresado en numerosas ocasiones frente a un Estado que no ha hecho otra cosa que poner obstáculos aplicando una política penitenciaria basada en la venganza».






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domingo, 7 de abril de 2019

Etxerat Exige Acercamientos

Naiz trae a nosotros este artículo acerca de las más recientes declaraciones por parte de Etxerat:


Etxerat han instado a Madrid a «actuar acercando realmente a todos los presos y presas a Zaballa, con la misma celeridad y responsabilidad con la que hace 30 años dispersó y alejó, en un plazo de dos meses, a más de 600 presos y presas vascas».

Ion Salgado

Urtzi Errazkin y Patricia Vélez, portavoces de Etxerat, han instado hoy al Gobierno español a trasladar a la prisión de Zaballa a todos los presos y presas vascas «con la misma celeridad y responsabilidad con la que hace 30 años dispersó y alejó, en un plazo de dos meses, a más de 600 presos a gran parte de cárceles de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla».

Al término de la XVIII Asamblea Nacional, celebrada en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz, han recordado que Madrid ha trasladado a cárceles próximas a Euskal Herria a 24 represaliados. «Técnicamente los ha acercado, pero su iniciativa es totalmente insuficiente. Continuamos poniéndonos en riesgo, haciendo frente a viajes semanales de entre 500 y 2.000 kilómetros. Y no hay razón alguna, en cuanto a legalidad o condiciones materiales, que impida traerlos a Zaballa», han destacado.

Y han censurado que, nueve meses después de que el Gabinete de Pedro Sánchez anunciase un cambio en la política penitenciaria, «la parte de la balanza que aguanta intacta todo el peso es la que corresponde a nuestro sufrimiento y el de nuestros familiares presos y exiliados». «En este tiempo ha muerto en prisión un preso vasco; casi la totalidad de los gravemente enfermos siguen en primer grado y en prisiones lejanas, sin condiciones para recibir tratamiento adecuado; y tres de los cuatro condenados a cadena perpetua en el Estado francés siguen en prisión, pese a estar en situación de acceder a la libertad condicional», han denunciado.

Además, han advertido de que 24 familiares, incluido un bebé, han sufrido accidentes como consecuencia del alejamiento. «Etxerat trabajará este próximo curso para impulsar el reconocimiento social e institucional de las víctimas mortales de la dispersión», han apuntado, y han subrayado que «el eje principal de nuestro trabajo durante los próximos meses será la consecución de la desactivación de las políticas penitenciarias de excepción, utilizando para ello las herramientas de la información, el testimonio y la denuncia, poniendo siempre en primer plano el alejamiento y la situación límite de los presos enfermos».

Asimismo, han incidido en la necesidad de «dar solución a la situación que siguen padeciendo exiliados, exiliadas y deportados para que vuelvan a casa». «Nuestro compromiso es con el futuro de este país, sin más ausencias y sin más dolor. Seguimos manteniendo nuestra mano tendida para construir la convivencia, reconocer el sufrimiento para que nunca más vuelva a repetirse y contribuir a la resolución del conflicto político», han concluido.






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sábado, 6 de abril de 2019

Egaña | Rehenes

Lo sucedido hace un par de días en el Parlamento de la CAV ha dejado claro que tanto el PP - y los demás partidos estatales para ese caso - como los cuerpos policíacos españoles así como las asociaciones de víctimas son en realidad piezas del mismo engranaje represivo.

Engranaje que es movido desde La Zarzuela, no desde La Moncloa.

Pues bien, dicho lo anterior, les compartimos este texto de Iñaki Egaña:


Iñaki Egaña

La cuestión de los presos ha sido uno de los temas que emocional y políticamente ha concitado mayor preocupación y dedicación en Euskal Herria desde las detenciones masivas que se produjeron al concluir la guerra civil en suelo vasco, en torno a las 60.000 personas. La solidaridad con los presos ha sido, de lejos, el movimiento popular más constante y numéricamente mayor de la historia reciente.

Desde que, por razones de maquillaje de su pasado, los estados pusieron el cronometro en el nacimiento de ETA, unos 7.500 hombres y mujeres han pasado por prisión acusados de haber pertenecido a la organización vasca, así como a otras también armadas, tales como Iparretarrak, Comandos Autónomos o Iraultza.

Con algunas excepciones en la década de 1960 y la primera de 1970, todos los acusados, juzgados con diferentes códigos penales, salieron de prisión después de cumplir íntegramente sus penas. Las excepciones fueron las rebajas de penas de la década primera, relacionada con hechos como el cumpleaños del dictador o la nominación de un nuevo dirigente de la iglesia católica. También aquellos tres indultos generalizados que afectaron a varios centenares de presos vascos entre finales de 1976 y el verano de 1977 para avalar al nuevo régimen.

Entre las excepciones también habría que compartir aquellas que afectaron a diversas negociaciones bilaterales entre los polimilis y el gobierno de UCD luego avaladas por el PSOE, a cambio de su disolución y que concernieron a casi dos centenares de presos. Y desde la década de 1980, las distintas vías que atañeron a varias decenas de presos, entre ellas y la última, la llamada Vía Nanclares.

Estas constataciones nos dejan un número terrible. Casi 7.000 hombres y mujeres han cumplido su condena integra, para poder recobrar su libertad de nuevo. Salieron con dignidad, no sin antes haber pagado un precio altísimo. Como jamás había sucedido en ninguna época de la historia vasca, ni siquiera de la española o de la francesa. Jamás grupo alguno sufrió tantos años de prisión colectivamente como el relacionado con ETA y otras partidas armadas vascas.

Ni siquiera los colaboracionistas franceses con el nazismo, ni los carlistas derrotados en el siglo XIX, ni los soberanistas navarros que sufrieron la victoria y el escarnio de Castilla y Aragón en el siglo XVI penaron tantos años en prisión. Y recordar que en 2003 se alargaron las condenas hasta los 40 años de cumplimiento íntegro. Castigo superior a la cadena perpetua histórica.

La extensión del castigo tiene que ver con la crisis del Estado español y su modelo territorial. Es cierto que en la primera crisis profunda, la que le llevó a la desaparición de su imperio, impuso la pena de muerte como sustitución de la prisión, lo que hoy llamaríamos ejecución extrajudicial, el asesinato masivo del disidente. Hecho que volvió a repetir en su enésima crisis, esta vez ahondada por el hecho social. La que promovió el golpe de Estado de 1936. De nuevo los asesinatos masivos, como en otras zonas del Estado, miles de vascos fueron ejecutados.

Y esta última crisis, la de las últimas décadas, ahondada en los últimos años por la apertura de un frente que hasta entonces Madrid suponía bajo control, el catalán. La detención de los líderes soberanistas catalanes, con el único argumento supremacista y uniformador, el español, augura una vuelta a los orígenes. España necesita rehenes para afianzar su naturaleza territorial. No va con su proyecto el hecho político.

Por ello, es ingenuo pensar en un escenario de Presos Políticos igual a Cero, de la misma manera que es ingenuo creer que España pedirá perdón por su ensañamiento, por las torturas, por las ilegalizaciones, las ejecuciones extrajudiciales. En un escenario de retroceso evidente de libertades civiles y democráticas, no estaría hoy en día siquiera asegurado que abandonando las aspiraciones soberanistas las cárceles quedarían vacías.

La crisis del modelo territorial español que han generado ambos proyectos, catalán y vasco, por vías diferentes, es de tal magnitud que únicamente hay dos salidas: victoria o derrota. Y frente a la dicotomía, Madrid juega a la grande: mantener todo el aparato y legislación de excepción de una fase anterior.

Nuestros presos lo fueron en una época de confrontación político-militar, mientras los catalanes en una de confrontación democrática. Sin embargo, unos y otros son juzgados y criminalizados sobre los mismos supuestos. Los presos corresponden a distintos modelos, estrategias, tiempos, hechos y lógicas. Por eso, liberarlos necesita de tácticas diferentes. Y el estado va a utilizar las suyas según interés coyuntural.

Y las gubernamentales pasan por mantener rehenes, dentro de un concepto de una estrategia bélica más amplia para modificar los objetivos de la disidencia territorial (victoria) o “morir matando”, activando todos los resortes de su agonía (derrota). Lo hicieron con el Bateragune, lo han hecho con dirigentes del Procés.

Por ello, una estrategia republicana e independentista, vista la naturaleza política de España y el calado de su crisis, tiene un coste asegurado: nuevos presos y exiliados. En la medida que las dinámicas se aceleren, la represión también se precipitará. Madrid continuará con esos cientos de presos en sus cárceles, poniendo palos a las ruedas de su excarcelación, modificando leyes, atrasando la aplicación de la legislación europea. Y volverá a las detenciones masivas o selectivas para alentar el miedo entre la población periférica.

Pero, ¿mientras? ¿Cómo abordamos y cerramos ciclos? ¿Cómo equilibramos ese necesidad de tener a nuestros presos en casa, fruto de una estrategia anterior, con los previsibles que nuestro proyecto acarreará con la respuesta hispana? El futuro más cercano sigue anunciando nubes de confrontación. Y como cantaba Lluis Llach (“Abril 1974”): “Compañeros, si sabéis donde duerme la luna blanca, decidla que la quiero pero que no puedo acercarme a mirarla, porque aún hay combate”.






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