Lecciones Vascas de Paz para México

México se encuentra, desde hace 12 años, sumido en un terrible clima de violencia y terror generado a partir de las aberrantes decisiones tomadas por sus últimos tres presidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

En su insistencia por reprimir a un pueblo en movimiento en contra de sus políticas económicas decididamente neoliberales, los mandatarios mexicanos no titubearon al momento de recurrir a los grupos delictivos del país para controlar y desmovilizar a la población. Las hechuras de un auténtico estado fallido.

Con más de doscientas mil muertes violentas y decenas de miles de víctimas de desaparición forzada, no hay un solo rincón de ese país en el que no existan brotes de la más brutal violencia.

Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Tanhuato, Tlatlaya, Iguala, San Fernando, Nochixtlán... son solo algunos de los nombres de las localidades en donde se han llevado a cabo los más brutales actos de terrorismo tanto paramilitar como estatal.

Ese es el panorama que enfrentará su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace meses ya ha estado delineando su plan para la implementación de un proyecto de justicia transicional que permita mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Equivocadamente, López Obrador utilizó el término amnistía para referirse a ese proyecto, lo cual facilitó la labor de sabotaje por parte de integrantes tanto de la clase política como de la clase empresarial, quienes no han dudado en acudir a sus voceros a sueldo en los grandes medios de comunicación para desacreditar la medida humanitaria del líder de Morena, quien incluso ha estado sometido a fuego amigo por parte de sectores de la izquierda sectaria.

No ha importado que estrategias parecidas ya hayan funcionado en Italia, Irlanda del Norte, Colombia y Euskal Herria.

Pues bien, al respecto, les compartimos este análisis dado a conocer en la página ContraLínea:

Pacificación y reconciliación de Euskadi, el camino para México

El análisis de los procesos de pacificación en el mundo podría contribuir a la futura ruta de México para la reconciliación nacional. En el reciente caso de Euskadi, fue ETA la que asumió su propio desarme sin pedir nada a cambio al gobierno español. No obstante, el origen de la lucha permanece intacto: el pueblo vasco aún busca que Euskal Herria sea un Estado soberano e independiente.

Jorge Retana Yarto

Con este análisis iniciamos una serie en la que exploraremos los procesos de pacificación y la posible reconciliación de sociedades y naciones escindidas y confrontadas por la vía armada, en pos de diferentes objetivos estratégicos; un análisis necesariamente sinóptico, en el cual estableceremos los aspectos sustantivos y que dinamizaron la lucha en cuestión y precipitaron algún tipo de desenlace, en donde la derrota para unos y la victoria para otros se volvió parcial, limitada, porque cesó la lucha violenta, armada, mediante un acuerdo concertado o mediante un repliegue unilateral, que resolvió políticamente un enfrentamiento armado, como casi siempre sucede. Al final de nuestra serie, centraremos nuestro análisis en el caso mexicano, en la propuesta hecha para pacificar y reconciliar a nuestro país.

Caso Euskadi

Un poco de historia para comprender mejor la lucha del pueblo vasco. Intentaremos una apretada síntesis no sin antes consignar que, como era de esperarse, existen diversas discrepancias entre historiadores en varios aspectos importantes, desde su origen hasta su inclusión actual en el Estado español, seguiremos por tanto, la narrativa que nos parece más coherente.

Los vascos son el único pueblo de la península ibérica que sobrevivió a dos procesos de conquista: a la más antigua, que en toda esa región fue la indo-europea (2500 años AC), de la cual descienden la mayor parte de los actuales pueblos de Europa; y la romana (siglos III-I AC). Su cultura proviene de la civilización franco-cantábrica, que abarcó aproximadamente un tercio de la región Norte de la península ibérica, y más o menos la mitad del Sur de Francia. El pueblo vasco es, por lo tanto, el que mayor continuidad tiene como tal, desde sus orígenes en Europa. En la historia más reciente es Navarra el territorio de su asiento geográfico, luego llamada por historiadores greco-romanos Vasconia, y a sus habitantes, vascones, de donde deriva la denominación de vascos.

A la caída del Imperio Romano (siglos V-VIII DC), la invasión germana encuentra a los vascones liderando a los demás pueblos vascos en la lucha por la resistencia, episodio del cual emergen como “pueblo unificado” hasta la actualidad. Su territorio nacional pasa entonces de comprender Navarra, la Rioja y el Noroeste de Aragón, a extenderse a amplias zonas de los Pirineos y del Sudeste de Francia. La forma latina de Vasconia se asimiló a Euskal Herria, usada por los vascos para denominar su tierra, y euzkaldunalk, para denominarse a sí mismos y diferenciarse de los demás pueblos.

Durante la expansión del imperio franco-visigótico, una parte de los vascones quedaron bajo su dominio (les llamaban gascones), y otros se mantuvieron independientes, llamados navarros. En este periodo histórico, lo fundamental es la constitución de los vascones como “pueblo unificado”, y su fractura ante la expansión de los imperios, quedando una parte del mismo sometido.

El desarrollo histórico dio un vuelco con la constitución del Reino de Pamplona-Nájera, entre los siglos XI-XIII, pero a su lado se desarrollaba el expansionismo militar castellano que lo superaba, viéndose obligado a pactar su renuncia a los territorios denominados Viscaya (anexado por el rey de Aragón) y La Rioja (que era el territorio más poblado por vascos y capital de su reino). Nájera es anexionada por Castilla, regresando la capital del reino al territorio de Pamplona. Entonces Vizcaya como señorío será posteriormente anexada formalmente al reino de Castilla, y La Rioja, al igual que Nájera, lo serían durante el proceso de unificación de los reinos de Castilla y Aragón, quedando, incorporados como súbditos del mismo (se les llamaba vizcaínos) igual que los demás pueblos no españoles.

Consideramos esta parte histórica esencial para entender a cabalidad la consigna histórica de los patriotas y luchadores sociales del País Vasco en la organización ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad). No son los únicos protagonistas, pero visto el objeto de estudio nuestro de analizar el proceso de pacificación y conciliación, son los principales, ya que escenificaron, de 1959 a 2018, acciones y enfrentamientos que ocasionaron 829 muertos. El objetivo es conseguir la independencia política para los territorios que considera parte de Euskal Herria: las tres provincias del País Vasco y Navarra en España (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, llamada “Comunidad Autónoma de Euskadi”, con más de 2 millones de habitantes y 7 mil 250 km2 de superficie) y las tres vasco-francesas (Iparralde): Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (sin organización estatal), constituyó el objetivo nacional de su lucha armada.

El punto fundamental del conflicto político y armado es, entonces, el nacionalismo vasco, la reivindicación de una “Patria Vasca y Libertad”. Se trata de un movimiento separatista del Estado español que reivindicó la independencia desde una ideología de izquierda, socialista y revolucionaria con una visión armada de la lucha por dicha causa. La reivindicación de una izquierda nacionalista, aberztale (como le llaman en España) complicó la situación. Pronto dicha organización se dividió en quienes mantenían la idea de una derrota militar del ejército español por la vía insurreccional, y quienes entendían que sería necesario un proceso negociador con apoyo internacional, además de la presión de un “terrorismo revolucionario”. Unos se llamaron “ETA militar” y los otros “ETA político-militar”. La independencia de Euskadi Herria de España y Francia es buscada sin ser territorios que tuvieran un pasado como Estados. Se trata de Viscaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra (en conjunto se les denomina “País Vasco” o “Vascongadas”), los cuales sufrieron un cambio socio-económico y cultural con el proceso de industrialización español, articulándose de manera más compleja a la estructura económica y social del Estado español durante el franquismo, plurinacional, no reconocido como tal. Había también, menos visible, un nacionalismo vasco más conservador, tradicionalista, defensor de “Dios y las Leyes Viejas”, pre-industrial, coexistiendo con una vertiente marxista-leninista. El tema era entonces enormemente complicado. Mucha sangre corrió.

Un aspecto probablemente de los menos evaluados es el costo económico de la guerra de ETA: desarrollar una confrontación armada –no a base de una guerra de posiciones o de batallas territoriales, sino de actos terroristas con alto contenido político, en la mayoría de los casos– tiene un costo bajo para sus actores-ejecutores (explosivos, casas de seguridad, traslados, logística, entrenamiento), pero para el gobierno nacional, en términos de inestabilidad socioeconómica, retracción de inversiones, presupuesto para policías y grupos especiales, destrucción física de infraestructura, etcétera (sin contar las vidas humanas y el costo en legitimidad política) puede ser extremadamente alto. Mikel Buesa, un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, estimó en 2011 ese costo en 11 mil millones de euros, entre daños materiales, indemnizaciones a víctimas y gastos en seguridad, más los costos indirectos asociados a dicha actividad: éxodo de empresarios vascos, cierre de empresas, pérdida de inversiones: el caso mayor fue el cierre de la Central Nuclear de Lemóniz.

Si se observa desde el ámbito regional, el mismo autor consigna algunos datos relevantes: su impacto indirecto sobre el crecimiento económico resulta devastador. En el caso concreto del País Vasco, el financiamiento anual de las actividades de ETA-Batasuna se limita a una cifra equivalente al 0.05 por ciento del PIB regional; el valor de la pérdida de vidas humanas, las destrucciones físicas y el costo de la seguridad, se eleva cada año hasta el 1.2 por ciento del PIB; y el impacto sobre el crecimiento económico alcanza un promedio del 21.3 por ciento del PIB. Ésta es sin duda la variable más importante por todo lo que trae asociado en desarrollo, empleo, ingresos, nivel de vida, más todo el costo político para el gobierno y el Estado asociado a ello. Su valoración representa un aspecto imprescindible en cualquier análisis serio.

La ruta del conflicto y la pacificación

-En ese contexto, la transición a la democracia en España trajo como consecuencia una solución intermedia, incompleta que en nada satisfizo las expectativas del ala radical independentista (ETA): el Consejo General Vasco fue un órgano preautonómico que existió entre enero de 1978 y abril de 1980, cuando una vez aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco y, realizadas las elecciones autonómicas, se formó el Primer Gobierno Vasco consignado en la nueva Constitución que estableció “el Estatuto de las Autonomías Nacionales”. En 1979 se firmó “el Estatuto de Guernica”, que fue el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Gernikako Estatutua). Del lado del Estado español, la política central fue por décadas la confrontación policial-militar con ETA, mediante grupos especiales de represión anti-terrorismo, particularmente, los “Comandos Anti-Terroristas” que aumentaron la violencia de los enfrentamientos armados y no armados, y crearon una devastación social en el País Vasco, con la violación masiva de los ordenamientos legales y los derechos humanos, lucha en la que participaron diferentes gobiernos franceses en distinto grado. ETA establecía su demanda de diálogo con tregua armada sobre la base de discutir lo que llamaron “Alternativa KAS”, que era el programa político del ala radical del independentismo vasco (no sólo ETA). La política antiterrorista se consideró en España por décadas una “política de Estado” no sujeta a discusiones entre las fuerzas políticas.

El accidentado (como todos) proceso pacificador fue el siguiente:

1. Una serie de treguas armadas de ETA –unas solicitadas por los diferentes gobiernos españoles, otras unilaterales, acompañadas de demandas de diálogo político– empezó a desbrozar el camino, con “puntos álgidos”: tregua unilateral de ETA del 29 de enero 1988, que un mes después produce diálogo con el gobierno de Felipe González; nueva tregua unilateral el enero de 1989, que abre diálogo y concluye sin acuerdos el 29 de junio del mismo año; Otras, en diciembre de 1991, julio de 1992, junio de 1996, septiembre de 1998, mayo de 1999, 21 de enero de 2000. Para el 18 de febrero de 2004 (desde el 30 de mayo de 2003 estaba inactiva la organización), ETA anunció la “suspensión unilateral de todas las acciones en Cataluña ante el impulso de la ola independentista”. No obstante, su actividad con explosivos continuó.

2. ETA flexibilizó su línea de acción en un doble sentido: desarrolló un diálogo político con “el nacionalismo conservador” (en Euzkadi y en Catalunya), y luego aceptó participar en elecciones legislativas con candidatos propios (no con registro propio). Un punto de inflexión se dio con la expresión en el Parlamento de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno español, de “terminar con ETA mediante un final dialogado” (en mayo de 2005) y, luego, con el envío de una ley al Congreso para ofrecer diálogo a cambio de dejar las armas. En febrero de 2006, el jefe del gobierno anunció que el final de la confrontación armada con ETA podía estar cerca, y el 22 de marzo del mismo año ETA anunció “un alto al fuego permanente”. El 29 de junio se abrió formalmente el diálogo para buscar concluir el conflicto.

3. Con excepción del Partido Popular, prácticamente todo el espectro político e ideológico español y los sindicatos apoyaron el proceso pacificador, dentro y fuera del Congreso, con una convocatoria a ETA para que se integrara al proceso democrático sin violencia. En octubre de 2006, en una votación muy dividida, el Parlamento Europeo apoyó el proceso; en varios casos, con matices de las fuerzas políticas. El proceso también contó con el apoyo de la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.

4. Representantes de ETA tuvieron reuniones fuera de España (Ginebra y Oslo) entre septiembre y diciembre de 2005, y junio-julio de 2006. Hubo varios pactos políticos desde 1987 en adelante, en los cuales, el proceso pacificador fue ampliando su base de apoyo: Pacto de Madrid en 1987, Pacto de Juria Enea en 1988, Pacto de Navarra en 1988, Pacto de Estella en 1998 para la tregua indefinida, Plan Ardanza en 1998, los Acuerdos de Loyola de 2006. Un aspecto sustantivo dentro del proceso fue el “reconocimiento a las víctimas”: el 8 de octubre de 1999 se aprobó en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo (para el pago de indemnizaciones), luego llegó el Real Decreto que reforzó dicha ley y sus términos.

5. El Partido Popular atacó el proceso e incluso se alió o creó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT); ésta protestó en algunas ocasiones mostrando fuerza de masas (como la marcha del 10 de junio de 2006), pero fue incapaz de revertir el proceso. Condenado por todos, el atentado terrorista del 30 de diciembre de ese mismo año en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, casi termina con el proceso. La ETA lo reivindicó tras decir que no era su intención causar víctimas (murieron dos ciudadanos de Ecuador). Ese atentado se atribuyó a un grupo pequeño de disidentes etarras y a éste le siguió una etapa de inestabilidad en el proceso, con brotes espontáneos y reiterados de violencia callejera. Este periodo concluye con la declaración de ETA de suspender el “alto al fuego permanente” (el 5 de junio de 2007). Este punto es muy importante, porque estamos ante una situación inédita en la cual ETA ofrecía en firme la posibilidad del desarme, y todo indicaba que el gobierno popular maniobraba para proseguir la persecución y el exterminio de sus miembros.

Los contactos y diálogos en diferentes escenarios continuaron, y finalmente ETA anuncia el 20 de octubre de 2011 “el cese definitivo de su actividad armada” y su integración al proceso político institucional. Luego vendría el acuerdo del 17 de marzo de 2017. Y un mes después, ETA anunció el acuerdo definitivo, unilateral y sin condiciones, con un acto de entrega de las armas y el anuncio final de disolución de la organización.

En este punto resulta también de relevancia conocer la apreciación de uno de los miembros destacados de ETA, Enekoitz Esnaola, de profesión periodista, quien escribió un libro para recoger los pormenores del proceso final que llevaron al desarme. Ese libro abarca desde la conferencia de paz del 17 de octubre de 2011, a la que le siguió el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, hasta la ceremonia con la que se selló la entrega de armas y que tuvo lugar el 8 de abril de 2017, en Bayona, en el Suroeste de Francia. También recoge detalles hasta entonces desconocidos, así como entrevistas a los ciudadanos que tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el desarme, políticos y representantes del gobierno vasco, y un portavoz de ETA.

“Éste ha sido el único caso en todo el mundo en el que una organización armada ha estado dispuesta a dar pasos para el desarme sin pedir nada a cambio, y el Estado se ha opuesto”, dice Esnaola. Y es que así lo manifestó el gobierno de Mariano Rajoy (del derechista Partido Popular) en numerosas ocasiones: para marzo de 2017, cuando se conoció la fecha para la entrega del arsenal, el jefe del Ejecutivo lo volvió a recalcar: “ETA ha decidido, así lo ha dicho, desarmarse unilateralmente. Que lo haga, y de paso que se disuelva”.

El manejo que el ministro Rajoy dio al tema y al hecho anunciado significó un trato de “rendición incondicional”. El combate, los golpes a ETA y las capturas fuera del territorio español fueron para muchos gobiernos, o para el mismo gobierno durante varios años, una fuente de popularidad, legitimidad y negociación política con las fuerzas regionales del país vasco, reforzando el conservadurismo español. Aunque también hubo pérdidas importantes, no era fácil soltar la fuente misma.

6. El 2 de mayo de 2018 se dio a conocer una carta de ETA remitida a diversas organizaciones y agentes vascos, fechada el 16 de abril del mismo año, en la que comunicaba su decisión de disolver “completamente todas sus estructuras y daba por terminada su iniciativa política”. En la misiva, manifestaba que daba por terminado su ciclo histórico y que había disuelto completamente todas sus estructuras. La carta precede al acto organizado el 4 de mayo en la ciudad francesa de Cambo, con presencia de representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales, así como expertos internacionales, para escenificar el fin de la organización. Unos días antes, ETA había hecho público un comunicado en el que pedía “perdón” a las víctimas. En la carta del 18 de abril, manifestaba que “el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia” sigue abierto y asumía su parte de responsabilidad por no haber sido capaz de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos; a la vez, reconocía el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha. La guerra del gobierno español contra ETA ha sido considerada una etapa de “guerra sucia”. Hablamos de un ciclo de 40 años, desde 1978 hasta 2018.

Realmente, el final de este conflicto es similar a una declinación de la lucha armada ante la imposibilidad completa de extenderla y reforzarla para lograr avances importantes, y forzar por esa vía una derrota del adversario y un reconocimiento triunfante de la causa nacional del País Vasco, que no se logró. Fue el final de un ciclo que declinó progresivamente hasta volverse infecundo, visualizando las perspectivas de avance mucho mayor en la lucha pacífica al seno de las regiones vascas y del propio Estado español. Los etarras no renunciaron a su objetivo independentista; cambiaron radicalmente su estrategia. Puede esperarse en el futuro un replanteamiento de la lucha para lograr el objetivo estratégico, el cual no podemos pensar que se haya declinado. Sólo se pospuso para ir a un nuevo proceso de reorganización de las fuerzas, para preparar un nuevo ciclo de acumulación de energías político-sociales, replanteando la vía para su consecución.

El logro por parte de Cataluña de su independencia habría reposicionado directamente la causa de los vascos; por ello, había que ir con todo en contra de aquella. Y así fue. Pero tampoco consideramos que se haya declinado en forma definitiva el objetivo estratégico en Cataluña: un Estado soberano e independiente.

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En el Camino Hacia la Paz

Hace ya siete años que el pueblo vasco iniciase un proceso de paz hasta el momento unilateral. Madrid se ha negado tajantemente a renunciar a la violencia mientras que París da pasos tibios hacia la resolución.

ETA ha cumplido primero con el cese el fuego, después con el desarme y finalmente con el cierre de ciclo. El régimen borbónico franquista ha respondido con su arsenal de siempre, siendo el Caso Altsasu el más emblemático.

Dicho lo anterior, les compartimos este artículo dado a conocer en la página de Orain:

“No estamos en situación de paz, sino en el camino hacia la paz”

Jean-René Etchegaray, presidente de la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria, y el miembro de los Artesanos de la Paz, Jean-Nöel Etcheverry, han participado en el debate celebrado hoy dentro de las jornadas sobre el proceso de paz de Euskal Herria, la reforma constitucional francesa, y el proceso de democratización de la Unión Europea que organiza Eusko Alkartasuna junto con la Alianza de fuerzas políticas regionalistas, nacionalistas e independentistas del estado francés “Regions et peuples Solidaires (R&PS)”.

Etchegaray y Etcheverry han aportado sus experiencias en cuanto a proceso de paz de Euskal Herria desde sus diferentes ámbitos de actuación, instituciones y movimientos sociales, en un debate moderado por el corso François Alfonsi, exdiputado del Parlamento Europeo y actual presidente de la Alianza Libre Europea.

Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria, ha definido el momento que vivimos afirmando que “no estamos en una situación de paz, sino en el camino hacia la paz”. Para conseguir una paz duradera y estable ha pedido que “no se instrumentalicen los intentos de negociación y diplomacia que diferentes organizaciones estamos llevando a cabo.”

De igual forma, para que el proceso de paz culmine en una situación de total ausencia de violencia, ha considerado que “hay que trabajar la cuestión de las victimas, de los presos, y por supuesto, es necesaria la implicación de los gobiernos vascos, francés y español.” Igualmente, ha afirmado que “para que el proceso de paz no tenga vuelta atrás no hay que hacer desaparecer la confrontación, sino saber confrontar nuestros proyectos de manera democrática”.

El peso de la sociedad civil

Etcheverry, por su parte, ha centrado su intervención en el papel que la sociedad civil ha tenido en el proceso de desarme de ETA. Ha definido así el contexto en el que se produjo: “ETA había dejado las armas hacía tiempo, el Estado español seguía en el contexto de confrontación y represión, y la sociedad civil vasca pedía un nuevo escenario más afable para la pacificación”. En ese escenario, “no queríamos seguir otros 15 años en una situación en la que España quiere vencer pisando al adversario, humillándolo”, ha afirmado porque quienes trabajan en resolución de conflictos saben que “eso es totalmente contraproducente, ya que no busca una solución, sino a crear más adversarios, odio y confrontación”.

El activista ha recordado el momento en que varios miembros de los Artesanos por la Paz fueron encarcelados y ha afirmado no haber tenido dudas sobre que “la sociedad civil respondería. Y efectivamente, en toda Euskal Herria, gente de todos los colores llamaron una manifestación, los alcaldes hicieron peticiones al Gobierno francés, le interpelaron”. Esa movilización, ha advertido, no cayó del cielo, sino que “después de Aiete, la sociedad civil se mueve”. En este caldo de cultivo, ha recordado, se creó un grupo de trabajo pluripartito y en el Congreso de Francia hubo una conferencia sobre el proceso de paz en Euskal Herria.

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Agur eta Ohore Kofi

Ha fallecido Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU y promotor de la Declaración de Aiete con la que se consolidó el cambió de ciclo en Euskal Herria.

Les compartimos esta nota dada a conocer en el Diario Vasco:

Sortu: Euskal Herria tiene mucho que agradecer a Kofi Annan

Sortu ha lamentado hoy la muerte del ex secretario general de la ONU y Nobel de la Paz de 2001, Kofi Annan, y ha asegurado que "la izquierda abertzale y Euskal Herria tienen mucho que agradecerle".

Sortu ha ensalzado, en un comunicado, el trabajo desarrollado por Annan "a favor del proceso de paz en Euskal Herria", tanto "públicamente" con su participación en la Conferencia de Aiete y su apoyo a la Declaración de Arnaga, como "en privado", al haberse "mostrado a favor de la resolución del conflicto en todo momento".

"Fueron muchas las presiones del Estado español y los diferentes poderes, pero nunca cambió su opinión", ha afirmado el partido abertzale, que agrega que Annan "siempre se mostró a favor de la resolución dialogada tanto en Euskal Herria como recientemente en Cataluña".

A lo largo de su vida, "hizo una gran aportación a favor de un mundo mejor basado en los derechos humanos y contra la guerra", ha recalcado Sortu, que ha trasmitido su pésame a los familiares y colaboradores, y a todo "el pueblo de Ghana".

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31 y no 30

Les compartimos la ediotrial de Naiz con respecto al manejo que desde los distintos estamentos del régimen borbónico franquista se ha hecho de la salida de prisión de Santi Arrospide:

Dejar de manipular las excarcelaciones

En informaciones de los medios españoles ayer sobre la excarcelación de Santi Arrozpide había un detalle llamativo para cualquiera: se destacaba que ha pasado casi 31 años en la cárcel al mismo tiempo que se citaba, sin expresar contradicción alguna, que el tope de cumplimiento para los delitos de su época es de  30 años. Esos 31 años, por cierto, no tienen parangón en Europa. Son muchos más que los cumplidos por militantes de la RAF o las Brigadas Rojas condenados en Alemania e Italia a cadenas perpetuas pero que en muy pocos casos pasaron más de 20 años entre rejas. Y también más que los aplicados a los voluntarios del IRA, excarcelados a cambio de un compromiso con el proceso de paz que resulta inequívoco en el caso de EPPK, como muestra el resultado aplastante de la votación –también en las prisiones– que ha llevado a ETA a declarar su final.

Negar que Arrozpide y el resto de presos vascos es sometido a cautiverios inusitadamente largos y extremos por prácticas como el alejamiento resulta tan absurdo como lo sería obviar el dolor provocado por los atentados de ETA que se utiliza como justificación para esa excepcionalidad. Porque, parafraseando a la abogada de la AVT que ha reconocido como «legal» esta excarcelación de ayer, también se cumplían normas y plazos cuando Arrozpide fue liberado en 2014, pero la sed de venganza no estaba saciada y el Estado maniobró para imponerle estos cuatro años extras.

Quienes, como los dirigentes del PP Pablo Casado y Javier Maroto, tergiversan toda esta realidad deberían preguntarse si no es precisamente su actitud y sus políticas las que hacen que estas personas sean recibidas no como «héroes» (usando su propia terminología), sino como supervivientes de la cárcel. Sin manipulaciones, con sentido común y un horizonte de convivencia, cabe en esto un punto de encuentro en que las víctimas no se sientan humilladas pero los presos y sus familiares dejen de ser machacados al margen de la ley y los derechos humanos.

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Salió de Prisión Santiago Arrospide

Ya lo habíamos comentado más temprano, pero hacia falta una publicación al respecto y por fin la hemos encontrado en el diario mexicano La Jornada.

Santiago Arrospide Sarasola, el represaliado político vasco que más tiempo ha pasado tras las rejas, ya está de vuelta entre los suyos.

Aquí la información:

Sale de prisión Santi Potros, dirigente de ETA

Santi Potros, el histórico dirigente del grupo separatista vasco ETA,  salió hoy de prisión después de haber cumplido el periodo máximo de 30 años de cárcel establecido para el cumplimento de condena.

Potros fue condenado a penas que sumaban casi 3 mil años por numerosos atentados con coche bomba, como el de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, en el que fallecieron 12 personas, y el del centro comercial Hipercor en Barcelona en 1987, que se saldó con 21 víctimas mortales. Ese mismo año fue detenido en Francia pero no fue extraditado a España hasta el 2000.

El etarra salió de la cárcel de Topas antes de las nueve de la mañana de hoy al haber cumplido el tiempo máximo que la legislación española establece para el cumplimiento de las penas de cárcel.

Potros salió hoy de prisión abrazando a sus familiares y sin hacer declaraciones a los medios que le esperaban a las puertas del centro penitenciario. A diferencia de otros ex carcelados de ETA, no se espera que haya homenajes por su libertad tras su alejamiento de la cúpula de la banda en los últimos años.

Santiago Arrospide Sarasola, de 70 años, ingresó en ETA en 1968 y llegó a ser el líder de su aparato político militar durante los años 80, la época de los atentados más cruentos del grupo separatista.

Se le considera el autor del atentado de Hipercor de 1987, el más sangriento de la historia de ETA con 21 muertos y 45 heridos, por el que fue condenado a 790 años de cárcel; y el de la plaza de la República Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986, en el que fallecieron 12 agentes de la Guardia Civil y hubo 32 heridos, y que le supuso una pena de 1,920 años.

El 30 de septiembre de 1987 Potros fue detenido en Anglet, Francia en posesión de una gran cantidad de armas y explosivos, además de documentación que propició la detención de numerosas personas relacionadas con ETA.

Después de pasar 13 años en cárceles francesas tras ser condenado por asociación de malhechores y tenencia ilícita de armas, Potros fue extraditado a España el 21 de diciembre de 2000, sumando a partir de entonces once condenas que ascendían a casi 3 mil años de prisión.

La justicia española decidió entonces unir las once condenas en una sola de 30 años, con fecha de ex carcelación en el año 2030. Sin embargo, poco después esa fecha se rebajó al 2025 tras la anulación de la "doctrina Parot" en los tribunales europeos. Esta doctrina buscaba impedir la reducción de pena a condenados por delitos graves, en particular terroristas. El 4 de diciembre de 2014, Potros fue puesto en libertad tras una decisión de la Unión Europea sobre el cómputo de penas en países socios que le permitió volver a rebajar su condena. Sin embargo, aquel periodo de libertad le duró 45 días, antes de volver a ser condenado de nuevo por otros dos atentados cometidos en Madrid y Barcelona.

ETA, siglas de "Euskadi ta Askatasuna" (Patria Vasca y Libertad, en vasco), nació en 1959 en plena dictadura franquista (1939-1975) con la reivindicación central de crear un Estado vasco independiente formado por las regiones vascas del norte de España, la vecina Navarra y el sur de Francia.

Tras varios intentos de negociación y treguas quebradas, ETA anunció su unilateral a las armas en 2011; desde entonces no volvió a atacar. El grupo intentó negociar su desarme y su disolución, pero la negativa de los Gobiernos de España y Francia a ofrecer contrapartidas y las continuas detenciones de sus sucesivos líderes llevaron a ETA a escenificar la entrega de sus armas en abril de 2017.

Un año después, el grupo anunciaba su disolución en un comunicado en el mes de mayo. "ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere informar al Pueblo Vasco del final de su trayectoria", comenzó el escrito, según el cual el grupo "ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras" y "da por concluida toda su actividad".

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Casado y la Muleta de los Presos

No es que realmente los sociatas estén muy interesados en resolver la situación de los presos políticos vascos. Todos sabemos que a ellos lo humanitario no se les da muy bien que digamos.

Es por eso que este capítulo ya lo podíamos adivinar. O sea, el posicionamiento "firme" del PP en contra de cualquier tipo de solución al asunto está destinado a que el PSOE pueda arrastrar los pies, alargando el sufrimiento de centenas de familias vascas.

O sea, los "vencedores" desean regodearse en su victoria.

Les invitamos a leer lo que denuncia Gara:

Casado anuncia «oposición frontal» del PP a acercar a los presos vascos

«Oposición frontal» fue la expresión utilizada ayer por el nuevo líder del PP, Pablo Casado, para definir la posición de su partido ante la intención del Gobierno Sánchez de cambiar la política carcelaria aplicada a los presos vascos. Fue el segundo punto de su declaración, después de Catalunya, tras hablar tres horas con el inquilino de la Moncloa.

Ramón Sola

Cuando en su primera entrevista televisada en junio como presidente español Pedro Sánchez anunció su disposición a retocar la política carcelaria tras el fin de ETA, lo acompañó de una petición al resto de fuerzas políticas para que no conviertan ese asunto de Estado en elemento de confrontación. Sánchez contaba entonces con el conocimiento de que el aparato de Instituciones Penitenciarias a las órdenes del PP ya estaba analizando la opción de acercar a Euskal Herria a presos vascos (unos 40 expedientes según ‘‘El País’’), lo que le llevaba quizás a esperar una posición comprensiva de este partido. Sin embargo, tras el relevo producido en julio, el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP, Pablo Casado, dejó claro ayer que no solo se opondrán a cualquier acercamiento, sino que ponen este tema muy arriba en su agenda.

Tras tres horas de reunión en la Moncloa, en las que Casado colocó sobre la mesa hasta Venezuela o Nicaragua, el líder del PP destacó primero ante los medios la cuestión catalana y acto seguido saltó a Euskal Herria, en términos muy duros: «El PP no va a admitir ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles del País Vasco. Tendremos una oposición frontal».

Lo acompañó del anuncio de una proposición de ley sobre «memoria» que tendría como objetivo extremar las medidas de control contra el «enaltecimiento de terrorismo», en la actualidad ya muy castigado en el Código Penal y en la práctica de la Audiencia Nacional. Aquí deslizó Pablo Casado una mención a la excarcelación del lasartearra Santi Arrozpide, prevista para este domingo tras casi 31 años entre rejas después de la ley de amnistía de 1977.

El énfasis de Casado a la cuestión de la política carcelaria contrasta con el prisma de Sánchez, que no daba centralidad al tema, quizás porque ya era consciente de que no obtendría aval alguno. El presidente español ponía al menos seis temas por delante: Catalunya, economía, inmigración, Europa, violencia de género e infraestructuras.

En cualquier caso, que el nuevo líder del PP iba a recuperar la cuestión vasca como filón ya estaba claro desde sus visitas recientes a Iruñea y Altsasu, que ayer citó en la sala de prensa de la Moncloa. Fue al declararse «muy preocupado por el anexionismo abertzale del Gobierno de Pamplona. Y decirlo en sanfermines en la Plaza del Ayuntamiento casi me cuesta mi integridad física», apostilló.

Casado no quiso aclarar a los periodistas qué le había explicado Sánchez sobre sus intenciones con los presos vascos. Tampoco lo hizo Cristina Narbona, que ejerció como portavoz del presidente español en una rueda de prensa posterior en la sede del PSOE (Sánchez hablará hoy en Moncloa tras el Consejo de Ministros). Narbona se centró en desear que la reunión sea «el inicio de una nueva etapa» después de hacer hincapié en que las declaraciones de Casado estas semanas han sido «demagógicas e irresponsables». Las contrastó con el «sentido de Estado» que dijo que ha tenido siempre el PSOE en materias como «la lucha antiterrorista».

El PSOE abre brecha en el CIS

Sánchez recibió a Casado en posición de fuerza dado que horas antes se conoció el sondeo del CIS que sitúa el PSOE en cabeza en intención de voto por primera vez en nueve años y deja al PP muy por debajo.

Esta encuesta certifica que el presidente español ha llegado al cargo por sorpresa pero con más tirón del previsible. El PSOE emerge como primera fuerza con el 29,9% de los votos, superando así en 9,5 puntos tanto al PP como a Ciudadanos. La encuesta se ha realizado en julio.

Ello supone que el partido de Sánchez ha subido ocho puntos de estimación de voto desde abril, cuando no se barruntaba la moción de censura que terminaría por tumbar a Mariano Rajoy a inicios de junio, mientras el PP baja cuatro puntos y Ciudadanos dos, con lo que quedan empatados con una estimación de 20,4%. Podemos y sus confluencias pierden también cuatro puntos y se quedan en el 15,6% de los apoyos en la estimación que hace el CIS.

La encuesta refleja el impacto de la llegada de Sánchez pero no tiene en cuenta el nuevo liderazgo en el PP, ya que su trabajo de campo tuvo lugar entre el 1 y el 10 de julio, cuando todavía no se había cerrado el proceso de primarias que desembocó en la elección de Casado.

Por lo que respecta a Euskal Herria, el PNV retrocede una décima (1,2%) mientras EH Bildu permanece estable (0,6%). Y en Catalunya sube ERC casi un punto, hasta el 3,9%, mientras PDeCAT baja cuatro décimas, al 1,3%.

En voto directo, que muestra la respuesta inmediata del encuestado sin los cálculos posteriores del CIS, es aún mayor la subida del PSOE y superior su diferencia con el resto de fuerzas. Obtiene el 23,9% de ese voto directo, lo que supone 10,4 puntos más que en abril, y se coloca 12,6 puntos por encima de Ciudadanos (11,3%) y hasta 13,7 por encima del PP (10,2%).

El PSOE valoró muy positivamente estos números, subrayando que hacía casi una década que el partido no aparecía como primera fuerza en esta encuesta periódica, es decir, desde la etapa en que gobernaba en Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Paso adelante de la jueza que investiga el máster y estrecha el cerco al líder del PP

La jueza Carmen Rodríguez-Medel imputó ayer por prevaricación administrativa y cohecho impropio a tres compañeras de promoción que aprobaron el máster el mismo año y de forma similar al expresado por el presidente del PP, Pablo Casado. La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abre la puerta a una imputación a Casado que se resolvería en el Tribunal Supremo por su condición de aforado. La jueza Rodríguez-Medel dedicó la tarde a tomar declaración, entre otras, a tres alumnas que comparecieron como investigadas. Según informó en su momento ElDiario.es, la jueza ha comprobado que las tres siguieron los mismos pasos que el presidente del PP para obtener el título: convalidaron las mismas 18 asignaturas y sacaron sobresalientes en las cuatro restantes.

María Dolores Cancio, una de las alumnas investigadas, reconoció ante la juez que aprobó el título sin apenas hacer trabajos ni ir a clase, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. En su exposición la exalumna indicó que fue el director del máster, Enrique Alvarez Conde, quien le dijo que se apuntara al curso «como un método para luego obtener el doctorado». De hecho, le hizo indicaciones de cómo convalidar las asignaturas y aseguró que no hacía falta presentar trabajos.

A Conde también apuntó también la ex alto cargo del PP Alida Mas Taberner al señalar que precisamente uno de los motivos por los que accedió a cursar el máster fue por las facilidades que le dio para hacerlo a distancia. María Mateo Feito, ex alto cargo del PP, aseguró haber ido a alguna clase.

Todo el día fue intenso en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La jueza recibió primero el informe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la vida laboral y las relaciones políticas del presidente del PP, Pablo Casado, y de algunas de sus compañeras del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y es que la instructora ordenó oficio al cuerpo para que, antes del 6 de agosto, aportase la relación de personas a las que se convalidaron créditos en la edición del máster, para informar de la actividad laboral que desempeñaban en el curso académico 2008-2009.

La jueza instructora del caso también recibió un procedimiento de buenas prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos dirigido a los profesores del campus de Vicálvaro, donde se despliegan las enseñanzas de Derecho, en el que se recomienda archivar trabajos y documentación de los alumnos durante un periodo máximo de cinco años.

Después empezaron las declaraciones. La profesora Alicia López de los Mozos –que calificó uno de sus trabajos– sostuvo ante la jueza que no recuerda ningún detalle del máster de Derecho Autonómico que realizó en el curso 2008-2009 Pablo Casado, ni si este acudió o no a las clases. Aseguró que no le consta si el máster era presencial y tampoco recuerda si en estos estudios había que presentar un Trabajo de Fin de Máster o no. Tampoco tiene recuerdos sobre el sistema de evaluación del citado máster y los trabajos requeridos.

Esta profesora está también imputada en la pieza sobre Cristina Cifuentes. Entonces llegó al juzgado como testigo y salió imputada al considerar la instructora que había falsificado notas de alumnos, aprobándoles sin haber cursado el máster. Aquello pudo influir en las lagunas de memoria de ayer.

Por su parte, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde, que era el que impartía el máster que lograron Pablo Casado y también Cristina Cifuentes, volvió ayer a negarse a declarar ante la jueza, como hizo anteriormente en el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Álvarez Conde asegura que prefiere mantener silencio hasta que se resuelvan otras cuestiones judiciales que tiene pendientes en estas mismas causas relacionadas.

Otro de los que ayer compareció como investigado fue el exrector de URJC Fernando Suárez, quien defendió que el Trabajo de Fin de Máster no era obligatorio el año que Casado aprobó su título, de cuya gestión ha responsabilizado íntegramente al antes mencionado exdirector del máster Enrique Álvarez Conde.

Al término de las declaraciones, la jueza mantuvo las imputaciones contra Cancio, Feito y Mas Taberner, a quien suma el de cohecho impropio.

Declaraciones

«Esperamos una nueva etapa y que Casado deje sus declaraciones demagógicas e irresponsables» Cristina Narbona | Presidenta del PSOE

«Estoy preocupado por el anexionismo abertzale del Gobierno de Pamplona, casi me cuesta mi integridad» Pablo Casado | Presidente del PP

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Una Entrevista para el Futuro

Les presentamos el comentario editorial de Naiz con respecto a la entrevista con los voceros del EPPK dada a conocer en ese mismo medio:

Un aviso sobre presos a los y las lectoras críticas del futuro

La entrevista con Ainhoa Mujika y Jon Olarra, miembros de la dirección del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), merece ser leída y recordada por quienes tienen interés en el devenir político del país, en la memoria histórica y en los derechos humanos. Es una entrevista extensa y profunda, con un tono constructivo, en un momento político muy interesante. Es un documento al que cabrá recurrir en el futuro cuando, casi indefectiblemente, el debate sobre los presos políticos tome derivas estériles y reproduzca esquemas intelectuales y éticos del pasado.

Es evidente que va a haber cambios en la política penitenciaria. De la mano del Ejecutivo Macron y gracias a la interlocución de representantes y la sociedad civil vasca, París ha cumplido ya una fase de acercamientos. Tras el cambio de Gobierno en Madrid, Pedro Sánchez ha anunciado contundentemente que cambiará esa política y que será pronto. Se trata de avances positivos, sin duda, que llegan tarde pero que abren escenarios de restitución de derechos y de libertades. Sin embargo, parte del discurso oficial seguirá anclado en parámetros antiguos, y por eso merece la pena guardar la referencia de la entrevista, porque es explícita y sincera. Enumeran una tras otra las excusas que se han utilizado y utilizan para violar derechos y no cumplir la ley.

Sin ir más lejos, cuando alguien mienta sobre la situación de estas personas o sobre los compromisos de ese colectivo, se podrán extraer párrafos enteros que refutarán las falsedades. Se demostrará así que, desde hace mucho tiempo, detrás de las tesis punitivas no hay justicieros o inocentes, solo cínicos y ventajistas. Los únicos derechos humanos que se están vulnerando de manera sistemática dentro del conflicto político vasco, en 2018 y desde hace al menos siete años, son los de las personas presas y los de sus familiares.

Fuera del círculo más íntimo y comprometido de la comunidad de los presos y presas vascas, las situaciones de vulneración de derechos, las paradojas jurídicas y las crueldades cotidianas que relatan Mujika y Olarra resultarán quizás sorprendentes por novedosas. Entre los juristas y demócratas, resultarán escandalosas por ir contra la ley y vulnerar derechos de manera inaudita. Entre la clase política vasca deberían resultar acuciantes porque los derechos humanos que se están vulnerando son de conciudadanos vascos, de personas sobre las que se está aplicando una política vengativa que nada tiene que ver con la justicia, ni siquiera con la ley española.

Esa ley se pervierte para no liberar a los presos enfermos, para mantener el aislamiento y el alejamiento, para dificultar el transito de grados, para negar todo tipo de derechos. Y se hace además de manera colectiva y discriminatoria. Esto afecta a una de las excusas canónicas sobre este tema: Es el Estado el que, ilegítimamente, ha dado un trato colectivo a estos presos. 

Evidentemente, todo esto puede no alterar la valoración de algunos sobre lo que han hecho estas personas hasta caer presas. Pero, objetivamente, debería alterar su percepción sobre lo que se les hace a ellas estando en la cárcel. Más claramente aun desde que ETA no existe. Mientras ellos y ellas adoptan un compromiso honesto con la convivencia, siguen dando pasos en el terreno de la legalidad, del daño causado y de las víctimas, padecen una excepcionalidad sin base legal ni fundamento moral aceptable, solo en base a una política perversa que nunca se debió poner en marcha, pero que urge cambiar por inhumana y extemporánea.

A partir de ahí a algunos les queda la opción del deseo de venganza y la pendiente despiadada, pero su justificación quedará al margen de los fundamentos de un estado de derecho y una democracia. El miedo estará mucho menos repartido, pero la moralidad va a cambiar de bando, aunque algunos se resistan ridículamente. Que en el océano de violaciones de derechos que ha sido el conflicto vasco, para ciertos representantes las perpetradas por los independentistas sean las únicas que mueven su conciencia, hasta el punto de hacerles perder el sentido crítico o forzarles a sostener un relato a todas luces irreal, deberían empujarles a revisarse en serio, porque no es normal. Intentar subir el listón por encima de lo que dice una ley ya muy dura es inasumible. Lo mismo con fomentar la indiferencia hacia la vulneración de derechos. Dice más de ellos que de los presos.

Se ha logrado un consenso sociopolítico relevante que hay que articular de manera efectiva aprovechando el momento político. La voluntad de estos militantes presos es coherente y honesta, y debe ser atendida.

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Entrevista a Ainhoa Mujika y Jon Olarra

Como hemos repetido en varias ocasiones, culminados los componentes de desarme y desmovilización de ETA, queda pendiente el asunto de los represaliados políticos vascos, tanto exiliados como presos, o sea, queda pendiente la reinserción.

Al respecto, aquí les compartimos esta entrevista concedida por representantes de EPPK a Naiz:

Ainhoa Mujika y Jon Olarra | Miembros de la Dirección de EPPK

En la primera entrevista a la dirección de EPPK tras la desaparición de ETA, Olarra y Mujika son cuestionados por la vía legal emprendida para lograr excarcelaciones, los acercamientos por parte del Gobierno francés, el clima actual en las prisiones...

Ramón Sola

Se va a cumplir un año de la decisión del Colectivo de hacer una apuesta decidida por la vía legal para lograr excarcelaciones. Ya se avisaba que no era un camino fácil. Más allá de la respuesta de los estados, que es conocida, ¿qué balance se hace del desarrollo de esa apuesta por parte de los presos?

Jon OLARRA: El debate profundo sobre la apuesta por la vía legal lo desarrollamos en verano de 2013. El problema es que, más allá de la posición de los estados, este tipo de decisiones han de ir acompasadas con otro tipo de dinámicas sociales, políticas e institucionales que por diversas razones no se dieron. En consecuencia, no se desarrollaron en toda su extensión las posibilidades para el cambio que las conclusiones de aquel debate ofrecían. Desde 2013 hasta el debate desarrollado en 2017 han pasado muchas cosas en Euskal Herria y, por suerte, la realidad sociopolítica vasca es cambiante.

EPPK decidió con el debate de 2017 dar un nuevo impulso y profundizar en las conclusiones del debate de 2013. Por un lado, concretando la aplicación práctica del recorrido de la legalidad penitenciaria y nuestro actuar en la adaptación a un régimen ordinario del día a día en prisión; y, por otro, tejiendo relaciones e interlocuciones que facilitasen el acompasamiento de esos pasos para que el modelo de resolución que planteábamos fuera acorde con lo que nos demandaba la mayoría sociopolítica e institucional vasca.

Un año después, pese a que la realidad que vivimos en el interior de las cárceles sigue siendo la misma y pese a que nuestros familiares siguen teniendo que realizar viajes descomunales para poder visitarnos, en Euskal Herria se han construido espacios de trabajo y acuerdo entre diferentes, nuevas confianzas que están facilitando acuerdos amplios para que en una primera fase se aborden soluciones a los temas más urgentes. En el Estado francés sí se ha comenzado con los acercamientos y esto nos hace ver las cosas a corto-medio plazo con optimismo. Estamos convencidos de que esas dinámicas y movimientos van a crear el caldo de cultivo necesario para el desbloqueo de la situación de excepcionalidad que vivimos las y los presos.

Ainhoa MUJIKA: Si el balance lo tuviéramos que realizar en base a resultados, la verdad es que los logros serían escasos, o a lo sumo nos encontraríamos con la excepción que confirma la regla. Sabíamos que no iba a ser un camino fácil.

En cualquier caso, las conclusiones del debate no son fruto de la reflexión de un día, sino de largas conversaciones y debates en los patios de las cárceles. Ha sido una reflexión meditada que nos lleva a seguir peleando toda negativa y toda vulneración de derechos. No aparcamos nuestra militancia política, nuestras inquietudes, ni nuestros anhelos, y siempre en este sentido, nuestra apuesta es la de incorporar otros instrumentos. Aunque llevamos largos años viviendo la aplicación de una política penitenciaria puramente represiva, somos optimistas en el sentido de que seremos capaces de derribar todo el argumentario que ha servido de excusa para machacarnos en la cárcel. A nosotras en la cárcel no se nos aplica la ley, más bien se nos retuerce la ley con unos objetivos políticos muy concretos y en defensa de un proyecto político determinado.

¿Qué porcentaje del Colectivo está recorriendo este camino? En informaciones de medios españoles se ha intentado desacreditarlo dando a entender que son pocos...

J.O.: En primer lugar hay que decir que la decisión es colectiva y por lo tanto, en la práctica, de una manera u otra, es la totalidad del Colectivo la que está implicada en esta nueva dinámica en la medida que se nos deja. Todavía hay compañeros que están en módulos de aislamiento a los que se les restringe todo. Sin embargo, han sido numerosas las solicitudes de progresión de grado y menos las solicitudes de permisos porque una mínima parte puede optar a pedirlos. También estamos solicitando el levantamiento de la intervención de comunicaciones y recurriendo la no recepción de la copia de las revisiones del PIT (Programa Individualizado de Tratamiento). Otros solicitan actividades, cursos o destinos que se les deniegan, y unos cuantos más todavía están cancelando partes que les imposibilitan recurrir el grado, etc. Por tanto, dentro de las condiciones y situaciones, tanto de cada cárcel como personales, estamos recorriendo este nuevo camino. Lo que no nos sorprende es que desde determinados medios de comunicación o posiciones políticas se pretenda desvirtuar toda nueva propuesta o dinámica que emprenda el Colectivo manipulando o retorciendo los datos y las realidades. Llevamos décadas padeciéndolo.

La decisión aprobada consistía en que cada preso tomaría la decisión sobre el itinerario que sigue y el Colectivo la respaldaría. ¿Cómo se está gestionando esto, ha aparecido alguna contradicción?

J.O.: Entre las y los compañeros estamos desarrollando esta nueva etapa con normalidad y compañerismo, pues son pasos que ya hemos ido madurando desde el final del debate de 2013. Incluso diría que con motivación, pues bajo la misma coherencia política y militante de estas últimas décadas vemos que estamos abriendo grietas y contradicciones, tanto en el armazón normativo “legal” bajo el que han encubierto la excepcionalidad como en la justificación y el encubrimiento político que se le ha dado a esta.

A.M.: Yo no lo llamaría contradicción. Dentro de lo que es la decisión del Colectivo, el itinerario de cada persona presa admite diferentes matices y ritmos a la hora de abordar esta nueva etapa, también porque la realidad jurídica, penitenciaria y personal es diferente.

Ha habido debate y no podemos obviar que ha habido dudas a la hora de abordar ciertos temas. Es normal, pero la madurez política del Colectivo y de cada una de sus miembros es innegable y entre todos y todas lo intentaremos hacer lo mejor posible, respetando siempre los pasos que cada una quiera dar o no, en cada momento. Las que están en segundo grado piden permisos; las que están en primer grado piden el segundo; las que tienen sanciones por cumplir o cancelar, tienen que hacerlo antes de solicitar el segundo grado; para ello tienen que pasar varios meses, pueden hacer un destino o actividades en el módulo. Sin embargo, en algunas cárceles hay más facilidades para realizar actividades culturales-educativas y formativas que en otras. Dependiendo de la cárcel los pasos y ritmos también varían. Pero todo ello no hay que vivirlo como una contradicción sino desde la realidad de cada una, y para ello es indispensable el apoyo, el apoyo sano, porque aunque la realidad penal y jurídica de cada una de nosotras sea específica, y los pasos y la evolución vayan siendo diferentes, vamos a una y vamos alegrándonos de cada logro, de cada «sí» que vamos arrancando. Porque muchos «sí» pequeños, con perspectiva, serán un «sí» grande; «sí» a Euskal Herria y «no» a machacarnos en la cárcel con una legislación excepcionalmente represiva y específicamente vengativa.

El primer grado se ha convertido en el gran escollo: el 95% del Colectivo de Presos Políticos Vascos está en esa «jaula». ¿Cómo se afronta esa situación dentro de las cárceles? ¿Crea desesperanza?

J.O.: Se afronta con conciencia y madurez política. Nos faltaría espacio para describir la excepcionalidad y todo tipo de ensayos que han practicado con nosotros a fin de anularnos en lo político y destrozarnos en lo personal. Por no ir más lejos, desde que el conjunto de la izquierda abertzale afrontó el debate de cambio de estrategia para un nuevo tiempo político, las medidas contra EPPK no hicieron más que endurecerse a pesar de nuestra apuesta por las vías pacíficas y democráticas ya mostradas entonces adheriéndonos al Acuerdo de Gernika. Incluso después de 2011, cuando ETA decidió poner punto final a la lucha armada, se agravaron las medidas contra nosotros utilizándonos, más que nunca, como rehenes a fin de bloquear el cambio en el proceso político abierto en Euskal Herria.

Aún así, en esas condiciones de bloqueo y castigo que padecemos, hemos sido capaces de desarrollar debates de gran trascendencia y de formular propuestas para crear un marco resolutivo acorde con lo que la mayoría nos demandaba. Y lo hemos hecho con la cohesión, el respeto y la madurez política que nos han dado décadas de militancia en condiciones muy duras.

Ahora también, el bloqueo de estos últimos años lo afrontamos con esa misma madurez política y paciencia estratégica. Poniendo en valor la apuesta que hemos ido desarrollando y madurando desde 2010, convencidos de que más pronto que tarde traerá cambios sustantivos.

A.M.: Desesperanza produce el no saber qué hacer ni cómo, y sentirte sola. No es nuestro caso. Lo afrontamos como una de tantas batallas que tenemos que ganar.

Existe una confusión, probablemente interesada, en el debate público sobre las condiciones para salir del primer grado. La ley únicamente impone ese régimen para casos de «peligrosidad extrema» y «manifiesta inadaptación». ¿Cómo se justifica entonces su aplicación sistemática a los presos vascos?

A.M.: La única justificación para aplicarnos el primer grado de forma sistemática y de forma indefinida es la voluntad de aplicarnos una política penitenciaria represiva excepcional y específica. A toda voluntad política, especialmente represiva en este caso, se le suministra un agarradero “legal” muy discutible. El Reglamento Penitenciario establece que se clasificarán en primer grado casos de «peligrosidad extrema» y «manifiesta inadaptación», «ponderando» factores como «pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas».

J.O.: Pero con nosotros se da una anomalía respecto a este tema, y es que excepto los veintinueve compañeros que todavía a día de hoy se encuentran en módulos de régimen cerrado, esto es, en aislamiento, el resto, a pesar de que se nos mantiene el primer grado, hacemos nuestra vida en módulos de segundo grado, con presos clasificados en segundo grado y sin que se nos haya aplicado el artículo 100.2, que es el que permite una flexibilización en la aplicación del grado. La diferencia que tenemos es que, al ser mantenidos en primer grado, se nos restringen todo tipo de cursos, actividades, trabajos fuera del módulo y a la tarde no se nos permite salir de las celdas; además de obstaculizarnos cualquier tipo de progresión en el régimen penitenciario. ¿No le sorprende a nadie que haya presos que lleven más de dos décadas en régimen de primer grado, sin evolución penitenciaria alguna?

Por lo demás, tanto con los funcionarios como con el resto de presos mantenemos una convivencia normalizada en el día a día del módulo.

Esta realidad en sí misma ya desactiva los razonamientos que establece la ley para el mantenimiento del primer grado.

A.M.: Los presos políticos vascos ni somos un peligro ni estamos inadaptados, así que los requisitos principales ya los cumplimos. Sin embargo, lo que legalmente es un factor a «ponderar», a sopesar, a valorar individualmente, es decir, el hecho de pertenecer a una organización armada, ha sido el motivo absoluto, incuestionable e inapelable para mantenernos en primer grado de forma sistemática e indefinida. En los demás casos, una persona que ya no tiene sanciones por cumplir es progresada a segundo grado, pero en nuestro caso no y ni siquiera en las Juntas de Tratamiento de las cárceles se plantean nuestras revisiones. «Todo se decide en Madrid», es la coletilla con la que convivimos. Así que no hay razones de ámbito de régimen ni legales para aplicarnos el primer grado como se nos aplica; es una decisión política tomada por políticos, nunca por los equipos técnicos, que no participan en nuestras clasificaciones ni en nuestras revisiones de grado. Lo único que han buscado durante todos estos años ha sido retorcer hasta el máximo la ley para condicionar nuestra militancia política, quebrando antes a la persona.

J.O.: Se menciona el principio de legalidad pero se va más allá de esta para mantenernos en unas condiciones de excepcionalidad. Lo grave y preocupante es que desde algunas instancias políticas que en principio se muestran en contra de esta excepcionalidad se pretenda imponer nuevas exigencias que nada tienen que ver con lo que establece la ley para salir del primer grado, tal y como hizo recientemente Jonan Fernández, pretendiendo que hagamos declaraciones que están más relacionadas con el campo de la disputa política en torno al relato que con lo que establece la ley.

ETA ha dejado de existir por decisión propia. Hasta ahora el rechazo a sacar a los presos del primer grado se justificaba genéricamente por la «no desvinculación de ETA». ¿Ese argumento es ya insostenible? ¿Les abre perspectivas de una respuesta gubernamental o judicial diferente en lo sucesivo?

J.O.: El ministro del Interior, Grande-Marlaska, habla del «principio de legalidad». Pues bien, la política de dispersión y alejamiento que se nos aplica es una medida política discrecional que decide el Gobierno en contra de nuestra voluntad y de lo que establece la norma, que dice que las personas presas deben cumplir la pena impuesta cerca de su entorno familiar a fin de evitar el desarraigo social y familiar.

Con el primer grado sucede lo mismo: nosotros solicitamos el segundo grado y cuando se nos deniega lo recurrimos en base a lo que dice la ley y el principio de individualización y tratamiento científico propio del Derecho Penitenciario. La respuesta de la Administración Penitenciaria y, hasta ahora, de las instancias judiciales ha sido de carácter no selectivo ni particular, generalizando el mismo razonamiento político para todos e insistiendo en la existencia de ETA, incluso en notificaciones posteriores a su desaparición, que poco tiene que ver con el principio de individualización.

Un ejemplo: en las Juntas de Tratamiento de cada centro penitenciario, que es donde se analiza la situación y evolución de cada preso para proponer su progresión, cambio de destino u otro tipo de cuestiones relacionadas con el Programa Individualizado de Tratamiento (PIT), los dosieres de los presos políticos ni se analizan. Van aparte y se analizan en otras instancias fuera de la Junta de Tratamiento, que es a quien le corresponde esa función. Por otra parte, llevamos tiempo reclamando el PIT y no se nos entrega porque llevan años sin realizarlos.

Desaparecida ETA, es hora de que el Gobierno desactive la política penitenciaria excepcional que se nos ha aplicado hasta ahora y que iba incluida dentro de la denominada lucha antiterrorista. Por otra parte, también deberían valorar el compromiso activo que hemos tenido los miembros de EPPK durante estos últimos años para abrir este nuevo tiempo político. En definitiva, todo este cambio de circunstancias no puede serles indiferente.

A.M.: Eso es lo lógico. Es imposible desvincularse de algo que ya no existe. El argumentario se les ha acabado y todo dependerá de la voluntad que tengan y de lo coherentes que sean con todo lo que han estado manifestando todos estos años.

¿El cambio en Moncloa abre expectativas de acercamiento? El PSOE, o al menos el PSE, se ha mostrado mucho más abierto a ello que el PP hasta la fecha...

J.O.: En Euskal Herria la sociedad una y otra vez nos muestra que va por delante de la élite política en la construcción de la convivencia y el cambio para asentar un nuevo tiempo político. Las demandas mayoritarias de la sociedad vasca han sido llevadas a las instituciones y aquí también, tanto en el Parlamento Foral Navarro como en el de la Comunidad Autónoma Vasca, en diputaciones y ayuntamientos, se han consensuado acuerdos para el traslado de las y los presos a cárceles del País Vasco. También para dar solución a las situaciones de urgencia, como es la de los presos enfermos, y para adaptar la política penitenciaria al nuevo tiempo que vivimos. Esto se ha hecho con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de UPN y PP. El acuerdo en torno a estos puntos, que por otra parte son básicos, está muy elaborado y consensuado en Euskal Herria. Ahora falta que el nuevo Gobierno sepa traducir en hechos tangibles esa demanda mayoritaria. Las condiciones están creadas para que así sea.

A.M.: No estamos en tiempo de expectativas. Estamos en tiempo de avanzar, paso a paso, pero de avanzar. No es la primera vez que veríamos que el discurso del mismo partido cambia dependiendo de si está en el Gobierno o en la oposición.

Que estemos cerca de nuestras familias no debería ser ni noticia, porque una de las razones de peso en los demás casos para un traslado es la vinculación familiar. En nuestro caso, no. En nuestro caso es noticia y hasta algunos políticos intentan convertir el acercamiento a nuestras familias en arma arrojadiza. No es seria la utilización partidista y torticera que se hace del tema.

¿Qué importancia concede el Colectivo a la posición tomada por el Gobierno francés con los acercamientos a Mont de Marsan y Lannemezan? ¿Espera más avances por parte del grupo de trabajo?

A.M.: Por supuesto que le damos importancia. Porque cada vez son más familias las que tienen que recorrer menos kilómetros para realizar las visitas y eso ya de por sí es positivo. Quisiera remarcar, sin embargo, que una vez más el hecho de ser mujer parece que vuelve a ser un problema añadido, porque no se entiende que las compañeras no puedan ser acercadas... ¡porque no tienen dónde ubicarlas!

De todas formas, los acercamientos son un punto de partida, en ningún caso un punto y final. El proceso de acercamiento se tiene que acelerar, tiene que tener continuidad y también fecha final para su materialización completa. Hay, además, otros temas que resolver todavía como el acceso a la libertad condicional, la liberación de los presos gravemente enfermos...

J.O.: El acercamiento ha supuesto un cambio de actitud respecto al seguidismo que ha venido haciendo Francia en la política penitenciaria que marcaba España. Sin duda este cambio es un factor más de los que influirán para que en el Estado español también se empiece a materializar ese cambio de actitud.

El contrapunto a estos acercamientos ha sido que, desde que comenzó la relación de la delegación vasca con el Ministerio de Justicia francés, seis compañeros han sido entregados a las autoridades españolas y han sido inmediatamente alejados a lugares como Murcia, Algeciras, Castellón o Puerto. Mientras las autoridades francesas inician una política de acercamientos, quienes han sido entregados a las autoridades españolas son alejados sistemáticamente. El Gobierno francés debiera tener este dato en cuenta a la hora de materializar esas entregas y, de algún modo, debiera exigir el compromiso de que los entregados no serán enviados a mil kilómetros de Euskal Herria.

En el sur la implicación política es menor que en el norte. ¿Qué piden los presos a las instituciones vascas, y especialmente por su importancia al Gobierno de Lakua, y qué respuesta están teniendo? ¿Consideran suficiente su aportación? ¿Fueron informados por ejemplo de las conversaciones que tuvo Urkullu con Rajoy sobre el tema?

J.O.: En el norte se ha desarrollado un método en el cual se ha sabido conjugar la aportación de la sociedad civil, los electos y EPPK. Al margen de la opción política, el posicionamiento ideológico o la lectura que tenga cada uno respecto a lo sucedido y sus causas, se ha sabido trabajar con comprensión, generosidad y compromiso común para ir dando solución a las consecuencias del conflicto. Prueba de ello es la labor que están desarrollando los electos en la delegación vasca. Este modelo debería valernos como enseñanza para el Sur de Euskal Herria.

A.M.: Lo que pedimos es una agenda de trabajo que vaya más allá de consensuar declaraciones. Está bien y es el primer paso, pero creemos que ya es hora de ir más allá. Consideramos que es imprescindible consensuar, desde el compromiso, una agenda de trabajo en el que se exploren vías y formas de desarrollo de todos los asuntos pendientes, que no son pocos: presos y presas enfermas, acercamiento, segundo y tercer grados, acumulación de penas, salidas de los módulos de aislamiento, incidencia penal de la tortura aún a día de hoy, derogación de la Ley 7/2003...

J.O.: Para, finalmente, trazar una hoja de ruta con el objetivo de, en un tiempo prudencial, afianzar una Euskal Herria normalizada sin presos ni huidos políticos.

A.M.: Es una agenda en la que diferentes partidos, sindicatos y agentes sociales están trabajando en mayor o menor medida, con mayor o menor implicación, pero consideramos que la implicación de los gobiernos de Lakua y Nafarroa en esta agenda también es necesaria.

Hasta el momento, cada vez que el Gobierno de Lakua ha hablado sobre presos y presas, nos hemos quedado atónitas. Hay declaraciones que no entendemos que a estas alturas se realicen, por el desconocimiento o mala intención que demuestran. Al hablar de la «asunción del delito» para progresar en grado, se ignora lo que la ley dice o, lo que es peor, se ocupan las posiciones de quienes nos han aplicado y nos quieren aplicar un derecho penal y penitenciario del enemigo. Por otro lado, ante la posibilidad de traslado a Zaballa o a Iruñea, que Lakua se posicione a favor de dejarnos en Soria o Zaragoza no deja de indignarnos. Mientras se nos exige individualización, nos preparan planes colectivos de 250 kilómetros que no respetan ni nuestra voluntad de ser acercados o repatriados a cárceles vascas ni la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Así que refiriéndonos a Lakua, lejos de considerar suficiente su aportación, en ciertos aspectos nos preocupa. En ningún momento hemos sido informados de lo que Urkullu pudo hablar en su momento con Rajoy o ahora con Pedro Sánchez. Más allá de lo que transciende públicamente, no sabemos exactamente en qué términos habla de los y las presas en esos ámbitos. Y qué menos que hubiera un mínimo cauce de comunicación con nosotras. Eso es lo que le pediríamos tanto al Gobierno de Lakua como al de Nafarroa: que antes de plantear esos planes contaran con la opinión de los presos y que, además, sus posiciones fueran la expresión pública de los consensos mayoritarios que ya se han dado a nivel social, político, sindical e institucional. Es decir, que no planteen planes de parte o partido sino que respeten la voluntad de las presas y la de la sociedad vasca.

J.O.: Dicho de otro modo, que tengan en cuenta que los presos, en la medida en que hemos sido parte del conflicto, somos también parte de la solución.

La declaración de cinco puntos del Colectivo, leída por primera vez tras la reunión con la delegación de electos en Reau, incluía el reconocimiento del daño causado, pero una y otra vez se interpela a los presos para que la formulen. ¿Tienen la sensación de que no se les escucha o no se les quiere escuchar? ¿Cómo superar ese bloqueo, piensan hacer más gestos o adoptar más iniciativas?

A.M.: En 2013, en 2017 en Reau... ya se hizo de forma clara y pública el reconocimiento del daño causado y aún a posteriori se nos formula esa necesidad de forma reiterada. No lo entendemos, la verdad. No entendemos la necesidad ni la utilidad de estar continuamente reconociendo el daño causado porque de esa forma consideramos que se desvirtúa el fondo. Es decir, las veces que por nuestra parte se ha reconocido el daño causado se ha querido hacer con respeto, con sinceridad, con sobriedad, dándole toda la importancia que merece este asunto. El hecho de que se nos interpele continuamente en los mismos términos, por activa y por pasiva, nos lleva a pensar que este tema se manosea y se utiliza de una forma interesada y partidista y en ningún caso constructiva.

Por nuestra parte no consideramos que hay bloqueo alguno en este asunto. No es nuestra intención por lo menos. Hay infinidad de asuntos que hay que desarrollar de forma constructiva, todos los asuntos son interdependientes y ninguno se tiene que desarrollar en oposición a otro. Una cosa es que el reconocimiento del daño y los derechos de las presas (la política penitenciaria) y las víctimas se desarrollen en paralelo, y otra en oposición. En paralelo, sí; en oposición o una contra la otra, no. Eso no es ni constructivo ni es eficaz.

Cada asunto tiene sus necesidades, sus tiempos y su especificidad. Hay que responder a esas necesidades, sin contraponer un asunto con el otro.

J.O.: Las reflexiones planteadas por EPPK respecto a estos temas parten de una reflexión sincera en la que no pretendemos eludir nuestras responsabilidades, pero tampoco asumir exigencias impuestas desde la necesidad de determinadas fuerzas políticas de imponer un relato único y excluyente a fin de eludir sus propias responsabilidades.

Tampoco nadie puede pretender que asumamos responsabilidades que no nos corresponden y que deberían de haberse tratado en otro marco de resolución ya planteado en la Propuesta de Aiete y que se negaron afrontar.

Hay que tomar en valor lo dicho y hecho y mirarse cada uno en el espejo de sus responsabilidades en vez de pretender embarrar el debate en asuntos tan delicados como estos. Hay que sacarlos de la esfera de la confrontación política y situarlos en el de la construcción de la convivencia.

Desde el Gobierno de Lakua se insiste en la apelación para etiquetar ese daño como «injusto». ¿Qué opina al respecto EPPK?

J.O.: Si se analizan las consecuencias que ha dejado el ciclo de violencia estos últimos 60 años, por no irnos hasta 1936, en un territorio con la extensión geográfica y demográfica como la que tiene Euskal Herria, los datos son realmente impresionantes. Injustos en sí mismos. Los conflictos políticos que acaban derivando en enfrentamientos violentos siempre parten de situaciones injustas y acaban produciendo daños injustos. Toda guerra en sí misma es injusta. Es injusto tener que sufrir y siempre hay una razón injusta tras cada sufrimiento. Con todo lo que se ha sufrido en Euskal Herria nos asombra la parcialidad en este tema de Lakua, que establece diferencias dependiendo de quién es el ejecutor del daño causado. Lakua, al omitir calificativo alguno al daño causado procedente del sistema y sus estructuras militares, judiciales, políticas y penitenciarias y exigírnoslo a otros, ¿qué pretende darnos a entender?

A.M.: Nos parece que tienen mucho más peso el sustantivo y el verbo que el adjetivo. Pensamos que obedece a una posición partidista con el único fin de utilizar una vez más un asunto tan delicado.

¿Hasta dónde se puede llegar en la cuestión de las víctimas? Tras la reunión con el Foro Social en esa cárcel de Granada, Agus Hernán avanzó opciones como marcos de encuentro con víctimas. ¿Cuándo y cómo estarían dispuestos a fórmulas así?

J.O.: Primero, se debería sacar a las víctimas del espacio de la confrontación política. Se mezcla intencionadamente la necesidad de reparación de las víctimas con la disputa política diaria más centrada en el desgaste del adversario político. Por otra parte, habría que preguntarse qué necesitan las víctimas y qué víctimas, pues es un bloque heterogéneo en el que hay diversidad de planteamientos en torno a las medidas de reparación y en el que algunas todavía ni siquiera han sido reconocidas como tales.

Respecto a lo que planteamos al representante del Foro Social, más que encuentros particulares con víctimas fue la necesidad de construir un marco de resolución inclusivo, plural y constructivo.

A.M.: Un marco en el que todas las cuestiones hay que desarrollarlas en su integridad. La cuestión de las víctimas también, pero como hemos dicho anteriormente este tema no se tiene por qué contraponer a la política penitenciaria. Vías paralelas sí, pero no opuestas. Además, la cuestión de las víctimas no nos interpela únicamente a nosotras. De ahí la necesidad de marcos incluyentes, integrales, multilaterales y constructivos. Ahí también estaremos.

J.O.: Y como cada avance siempre crea nuevos espacios y posibilidades, seguro que el desarrollo de este marco abrirá nuevos espacios de encuentro impulsados por la voluntad de las partes y no por condicionantes impuestos o peajes de ningún tipo.

Han fijado como líneas rojas la delación y el arrepentimiento. La primera de ellas es más clara; pero la segunda, ¿cómo se compatibiliza con cuestiones como ese reconocimiento del daño? ¿No colisionan? ¿Dónde están sus límites, si existen?

A.M.: Consideramos que ni se equiparan ni colisionan. El reconocimiento del daño obedece a un hecho objetivo.

J.O.: Dentro de la legislación de excepcionalidad que se nos aplica aparecen requisitos de orden ideológico o unidos a la conciencia personal de cada uno que no tienen equivalente en el Derecho y que además carecen de sentido práctico para la resocialización. Muchos de ellos se prestan a una subjetividad que es difícil que nadie pueda objetivizar como válido o no.

No sé si el sentido de la pregunta va relacionada con el encaje que pueda tener este tipo de declaraciones dentro de la normativa de excepcionalidad que padecemos o si va unida a la continua interpelación políticamente interesada que nos hace determinada clase política. No lo hemos hecho dentro de esa lógica, que por otra parte sería una carrera de obstáculos sin fin, tal y como nos lo están demostrando estos últimos ocho años.

EPPK históricamente ha sabido adecuar tanto su discurso como su práctica a las características de la realidad histórica y el contexto de cada momento. A veces acertadamente y otras no, pero siempre lo hemos hecho con honestidad y convencimiento. Estos últimos años hemos trabajado activamente por el cierre del ciclo de violencia y esto lo hemos realizado porque estamos comprometidos con asentar un nuevo tiempo político y una nueva convivencia. Y seguimos mostrando nuestra disposición a ir avanzando en esa dirección.

A partir de ahí, el valor o la conceptualización que cada uno vaya a dar al significado de lo que hemos dicho o hecho se escapa a nuestras posibilidades. Suponemos que variará dependiendo de la posición política, ideológica u otro tipo de intereses que pueda tener cada uno.

Nosotros tenemos muy claras las razones y la honestidad de nuestro posicionamiento y esto nos hace sentir bien con nosotros mismos por el compromiso adquirido y el trabajo realizado para abrir este tiempo nuevo.

La muerte de Xabier Rey en marzo en Puerto tuvo un fuerte impacto. ¿La situación en las cárceles es tan dramática como refleja ese fallecimiento?

A.M.: Es más dramática que eso, porque hay que recordar que Xabier Rey no se encontraba en la lista de los gravemente enfermos, con lo que nos produce una gran preocupación.

A veces hay señales de alarma que nos hacen reaccionar, arropar y hacer un especial seguimiento a quienes la salud les puede fallar. Pero no siempre las señales de alarma son detectables o simplemente, por las condiciones en que vivimos, nos resulta casi imposible reaccionar en tiempo y forma. Hay realidades que son dramáticas y urgentes. Ese es un hecho y es nuestra prioridad.

J.O.: La muerte de Antxo ha supuesto un golpe muy duro en el seno del Colectivo. Ahora tenemos que saber sacar enseñanzas de lo sucedido.

Las cárceles son espacios hostiles para las personas y la vida digna, donde se acumula mucho sufrimiento. En nuestro caso además tienen el objetivo de neutralizarte como militante político y anularte, vaciarte como persona. Es terrible que se tenga que llegar a situaciones extremas como la padecida por Antxo u otros compañeros para que haya una percepción real de la dimensión de lo que se vive en las cárceles. Nosotros llevamos décadas padeciéndolo. Para hacer frente a esta realidad, nuestro concepto militante y nuestro quehacer diario histórico podría compararse a un caparazón. Un caparazón que nos protege de agresiones exteriores. Un caparazón en el que nos hemos refugiado y nos ha servido para resistir y llegar hasta aquí. Pero un caparazón no puede convertirse en algo inherente a uno mismo porque dejaría fuera muchas emociones y vivencias que podemos vivir tanto individual como colectivamente.

El feminismo nos está dando muestras excelentes de cómo gestionar las vulnerabilidades. Además de resistir, es también momento de aprender a gestionar nuestras vulnerabilidades trabajando el cuidado de uno mismo y el cuidado colectivo de forma compartida.

El desarme primero y el fin de ETA después, ¿han mejorado el clima o el trato dentro de las prisiones?

J.O.: No. En 2010, cuando nos implicamos en el debate de cambio de ciclo iniciado por la izquierda abertzale, se nos dispersó dentro de cada cárcel con el objetivo de que no tuviésemos ningún tipo de contacto entre nosotros a fin de obstaculizar nuestra participación en el debate, que sabían iba a ser en sentido positivo y constructivo pues todas nuestras comunicaciones están intervenidas. Tras finalizar el debate de 2013 en el que hicimos públicas nuestra renuncia al uso de la violencia, la apuesta por la vía de la legalidad y la asunción del daño causado, solicitamos la ayuda a un grupo de mediadores para que socializasen nuestra propuesta ya que a los representantes de EPPK se nos obstaculiza todo tipo de intervención. La respuesta del Gobierno, justo un mes después, fue detener y encarcelar a este grupo de mediadores. Queremos mandarles desde aquí nuestro agradecimiento y cariño.

Esta ha sido hasta hoy la respuesta del Gobierno a nuestra apuesta por la apertura de un nuevo ciclo político. Y después del desarme y final de ETA, seguimos en las mismas: alejados, en primer grado, dispersados con todo tipo de medidas restrictivas. Ahora, con el cambio de Gobierno se anuncian cambios en la política penitenciaria. Ya veremos.

A.M.: No. La realidad es que la mayoría seguimos en primer grado; todavía tenemos compañeros en los módulos de aislamiento en Huelva, Córdoba, Sevilla, Estremera y Castellón (Albocaser); tenemos numerosas compañeras que están solas sin ninguna otra compañera del Colectivo en el módulo; las actividades formativas y culturales las seguimos teniendo vetadas por supuesto... Todo ello a cientos y cientos de kilómetros de nuestras familias.

Así que no, no ha mejorado ni el trato ni el clima.

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