miércoles, 23 de diciembre de 2015

HRW Contra la Paz en Colombia

¿Quién financia a HRW?

Ya se habían tardado los de las ONG's progres de dizque protección a los derechos humanos en ver la paja en el ojo del acuerdo de paz entre el régimen de Bogotá y las FARC.

Recién les habíamos nosotos compartido la buena nueva que significa la adopción por parte del gobierno colombiano del precepto jurídico intrínseco a los procesos de pacificación y de reconciliación en la gestión de conflictos conocido como "justicia transicional", algo que va mano en mano con otras medidas como por ejemplo la conocida como DDR, que son las siglas de las palabras Desarme, Desmovilización y Reinserción, en este caso, de los miembros de un grupo subersivo armado como lo son las FARC, el ELN, el ERI  o en nuestro caso, ETA. 

Fruto de lo anterior tenemos la entrega de los restos de 29 víctimas de desaparición forzada por parte de las fuerzas armadas (tanto formales como paramilitares) colombianas a sus familiares.

Pues bien, resulta que a los de Human Rights Watch esto no les ha gustado para nada y ya han puesto el grito en el cielo.

Dato curioso, HRW nunca se ha pronunciado con respecto a la Ley de Amnistía con la que el régimen español no solo liberó a los pocos asesinos y genocidas en sus cárceles, sino que proveyó con absoluta inmunidad a todos y cada uno de quienes bajo la égida del régimen cometieron (y cometen) los más atroces crímenes.

Así que, ¿cuál es el interés que mueve ahora a HRW a ponerse en contra de los acuerdos en este proceso de paz?

Bueno, de entrada, el historial de su director para América Latina nos pone en alerta, chileno educado (¿adoctrinado?) en el estado español y en Estados Unidos.

¿No será que el señor Vivanco ya se esté adelantando a lo que puede llegar a presentarse en el estado español con respecto al proceso de paz y reconciliación entre Madrid y ETA?

Les dejamos pues con esta nota publicada en La Jornada:


La organización Human Rights Watch denunció este martes como una "piñata de impunidad" el acuerdo sobre víctimas alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al llamarlo como un retroceso en América Latina.

"Acá no se discrimina. Ésta es una piñata de impunidad", dijo el director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, respecto el acuerdo pactado hace una semana en La Habana entre ambas facciones.

Aunque está "plagado de alusiones a necesidad de garantizar la justicia, verdad y reparaciones, y asegurar la no repetición de los hechos", HRW concluyó que en los hechos el acuerdo beneficia a los criminales y sacrifica a las víctimas del conflicto, uno de los más longevos del mundo.

"Es un pacto entre el gobierno y las FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto colombiano", afirmó Vivanco en rueda de prensa.

El pacto fue acordado la semana pasada en La Habana, sede de las negociaciones de paz desde noviembre de 2012 entre el gobierno y las FARC, principal guerrilla de Colombia con unos 7 mil combatientes, según cifras oficiales.

El acuerdo establece un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de delitos de lesa humanidad, incluidos agentes del estado.

En uno de los puntos criticados por HRW, el acuerdo contempla que quienes aporten a la verdad y reparen a los afectados podrán evitar una cárcel común, aunque deberán pagar penas alternativas de reclusión de cinco a ocho años.

"No hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos 20 años donde no se haya contemplado la prisión efectiva, es decir, la privación de la libertad por crímenes de guerra y de lesa humanidad", dijo Vivanco.

El acuerdo "constituye un retroceso" para América Latina y "un precedente que a nivel universal nos retrotrae a otras épocas cuando no había estándares internacionales" de derechos humanos, dijo el directivo regional de la organización, quien pidió al gobierno y la guerrilla fijar reformas antes de la firma definitiva de la paz, prevista para marzo.

El conflicto colombiano, que se remonta a una sublevación campesina hace medio siglo, deja unos 220 mil muertos y seis millones de desplazados.





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